Columna publicada el miércoles 1 de mayo de 2024 por El Líbero. Es inevitable que, apenas conocido el brutal crimen de los tres carabineros en Cañete, las miradas se hayan volcado al Presidente de la República. Como jefe de gobierno y de Estado, es él quien naturalmente se encuentra llamado a liderar la respuesta política, operativa y simbólica al desafío que representa para Chile en su conjunto dicho crimen. En los primeros instantes, el Mandatario parece haber captado en forma adecuada la magnitud de lo ocurrido. Aunque han surgido voces escépticas de su viaje a Cañete (“maniobra comunicacional” es lo más suave que dicen esos críticos en las redes), lo cierto es que era indispensable mostrar con rapidez un compromiso inequívoco del Estado con Carabineros y con la gente de la zona, maltratados sistemáticamente por la llamada violencia rural. Por ese motivo, también fue prudente sumar a la comitiva a representantes de los distintos poderes y órganos involucrados en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo. No obstante, a ojos de la ciudadanía ni ese viaje ni el toque de queda posterior parecen estar a la altura de las graves circunstancias que enfrenta el país. En parte por la crisis objetiva en materia de inseguridad y el auge del narcotráfico, y en parte por el evidente tejado de vidrio de las fuerzas oficialistas en este ámbito, cuya dimensión simbólica no cabe despreciar (como recordó en una columna Felipe Schwember), y cuyo vivo recuerdo dista de ser azaroso (como explicó en redes sociales Manfred Svensson). En este contexto, a nadie debería sorprender el casi 80% de apoyo que recibe el Estado de Sitio en la última encuesta Cadem. Es verdad que existen argumentos poderosos para mirar con distancia esa alternativa (tal como se dice que la mira una porción relevante de las Fuerzas Armadas). Después de todo, decretar una “guerra interna” supone allanamientos a civiles y familias expuestas a ellos, sin contar que las experiencias exitosas de desarticulación de grupos terroristas (ETA, IRA, etc.) suelen ir de la mano de un trabajo de inteligencia y operativo de otra índole. También es verdad, sin embargo, que la ciudadanía no esperará pacientemente ni aquel trabajo ni las definiciones políticas, legislativas y administrativas que se requieren para avanzar en este campo. Si se desea persuadir a las grandes mayorías que todavía hay opciones diferentes al Estado de Sitio, se debe transmitir un plan a la altura del momento, en sus distintas dimensiones. Por mencionar el ejemplo más obvio, los avances en la investigación del crimen de Cañete no son directa responsabilidad del Ejecutivo, pero sí lo es despejar cualquier atisbo de duda sobre el respaldo político, y en particular de este gobierno, al uso de la fuerza y el resguardo de la seguridad nacional. Alternativas para el Presidente Boric hay muchas, desde el ingreso de nuevas figuras en carteras sensibles de la Defensa Nacional hasta tomarse en serio la demanda de indultos presidenciales en el caso de aquellos carabineros o militares cuyas condenas reflejan un grave abandono del Estado respecto de sus propios funcionarios. Pero sin medidas adicionales, y con la resistencia permanente de una parte de los partidos gobernantes acerca de cualquier decisión que se adopte, cada vez serán menos los chilenos que le darán el beneficio de la duda al Presidente Boric y la ministra Tohá cuando señalan que aquí estamos todos juntos en el mismo barco. El tiempo se agota y de ellos depende hacer creíble esa afirmación.