68%. Ese es el porcentaje que, según la encuesta Cadem difundida ayer, está a favor de “aprobar” la reforma de pensiones que avanza en el Senado a partir de un acuerdo entre la centroderecha y el gobierno. Desde luego, conviene ser cautos respecto del nivel de representatividad de este y otros sondeos de opinión, que no siempre logran captar de modo fidedigno los anhelos de las grandes mayorías. Sin embargo, considerando una serie de datos e informes derivados no sólo de encuestas, sino también de ejercicios de escucha ciudadana realizados entre 2019 y la actualidad, esos números son plausibles.

En efecto, si algo asoma en esos ejercicios hace varios años, con los hallazgos del proyecto Tenemos que hablar de Chile como punta de lanza, es el hondo deseo de que la dirigencia política sea capaz de ceder entre sí (“dejarse de pelear”) y así articular acuerdos eficaces (“resultados”) que ayuden a incrementar el bienestar de las personas. Incluso en aquellos momentos donde el frenesí octubrista parecía invadirlo todo, esos hallazgos sugerían explícitamente que los chilenos no anhelaban refundaciones, sino más bien construir a partir de lo ganado durante los vilipendiados 30 años. Cambios sociales más o menos profundos según el caso, pero aptos para producir estabilidad y certezas. Seguridad en las diversas dimensiones de la vida. 

Si de lo que se trataba, entonces, era de introducir reformas y ajustes que permitieran mejorar las cosas a partir de lo que ya existe, no sorprende demasiado que una reforma de pensiones como la que se discute estos días, configurada precisamente a partir de un ingenioso equilibrio entre distintas variables —capitalización individual, libertad de elección, protección social y así—, termine generando un grado suficiente de adhesión popular. 

Con todo, es deber de quienes promueven el acuerdo advertir que no estamos en 2019, sino que en 2025. Porque como ha subrayado tantas veces David Bravo, luego del estallido y la pandemia nuestro país padece una auténtica emergencia laboral. Constatar este hecho —trágico para tantas familias— no impide celebrar la eventual convergencia política que subyace a la reforma; una convergencia indispensable para salir del estancamiento y cerrar debates largamente postergados (de hecho, el propio David Bravo valoró el acuerdo). Pero dicha constatación sí exige revisar minuciosamente desde este ángulo los detalles de la reforma —comenzando por la gradualidad y sus años de implementación—, así como también perfilar una agenda paralela muy robusta en materia de crecimiento, apoyo a las Pymes, formalidad y productividad laboral. Después de todo, el porcentaje adicional de cotización, cualquiera sea su destino, nunca será sólo de “cargo del empleador”.