Columna publicada el martes 6 de febrero de 2024 por El Líbero.

Como tantos veranos anteriores, Chile enfrenta una nueva ola de incendios. Comunidades, faenas y trabajos yacen sepultados bajo las cenizas: el fuego ha devorado todo a su paso. La situación es crítica, ya que pone de manifiesto una gran parte de las deficiencias que el país experimenta: ocupaciones ilegales de terrenos, sequía, proliferación de campamentos, mala planificación urbana, poca visión de futuro, actividades industriales de alto riesgo que rodean a las comunidades, falta de aparatos de inteligencia y, por supuesto, la incapacidad de detectar a quienes provocan intencionalmente los siniestros. Se dice, con razón, que no es el minuto de facturas políticas. Pero también es verdad que urge sacar lecciones de esta tragedia para no volver a cometer los mismos errores. Y lo cierto es que, a pesar de que el Gobierno contó con un año completo para prepararse ante este escenario predecible, el balance no es positivo. Parece que la crisis de los incendios del año pasado desgraciadamente no sirvió como una oportunidad de aprendizaje. Aunque en esta ocasión La Moneda pareció reaccionar con prontitud al declarar el Estado de excepción, la información que ha llegado a la ciudadanía sobre el trabajo a mediano y largo plazo es escasa. Nadie sabe en qué aspectos se avanzó durante estos últimos meses. La única noticia fueron los 148.000 millones de pesos adicionales invertidos en prevención -que el Gobierno, vaya novedad, calificó de “históricos”-, pero ellos parecen insignificantes frente a las pérdidas avaladas en millones de dólares ocasionadas por los incendios. Esto, sin contar las vidas humanas que se han perdido, incuantificables en dinero. ¿Cuáles fueron los avances en términos de infraestructura, cortafuegos, mejoras de equipos y planificación? ¿Se han establecido protocolos que deben seguir las personas en zonas con alta probabilidad de incendios? ¿Cuál es el trabajo del gobierno y del Estado en colaboración con la sociedad civil que habita dichos sectores? Es posible que se hayan realizado algunas gestiones, pero poco de ese trabajo ha sido comunicado a la ciudadanía. Sin ir más lejos, la situación en infraestructura es preocupante. El Mercurio informaba durante fin de semana que este Gobierno presenta una inédita subejecución de inversión pública, US$2.521 millones de dólares pendientes. ¿Acaso no podría una parte significativa de esa suma podría haberse destinado a potenciar la base logística en situaciones de emergencia? Sin duda, el Presidente Boric tiene habilidad para conectar con la ciudadanía. Es hábil en terreno y su preocupación personal por las personas es sincera. Sin embargo, la empatía y el carisma resultan insuficientes para lo que se le exige al Jefe de Estado en situaciones de catástrofe. Se esperaba, al menos, una gestión de largo plazo y no que intervinieran cuando ya era demasiado tarde. Por eso este Gobierno se ve, por momentos, desconectado de la ciudadanía, ya que temas que requieren una planificación efectiva no parecen ser prioritarios. Como ha sido la tónica en los últimos dos años, todo es improvisación. ¿Cuántas viviendas deben arder y cuántas vidas deben perderse cada año para que quienes ostentan el poder comprendan la necesidad de satisfacer las dimensiones más básicas de la población? Hoy, con incendios aún en curso y las cenizas aún vivas en los lugares devastados, sólo puede hacerse control de daños. El partido se juega en muchos sentidos antes, en labores de prevención. Y ahí están al debe tanto este gobierno como el Estado de Chile en general. ¿Cuánto se debe esperar para que quienes se encuentran en el Ejecutivo reconozcan su responsabilidad y comiencen a anticipar problemas con una visión de Estado que, hasta ahora, parece ausente? Nadie lo sabe y pocos lo esperan. Hoy el Presidente habla de la “tragedia más grande que hemos vivido desde el terremoto”, pero parte de esta cruda catástrofe, por ingrato que sea decirlo hoy, se debe a los costos de la inoperancia.