Durante el año pasado, la izquierda chilena advirtió sobre el supuesto giro a la “ultraderecha” que daría Chile de elegir como mandatario a José Antonio Kast. El actual presidente era así presentado como la versión criolla de líderes problemáticos como Trump o Milei. Si bien esas comparaciones suelen ser mañosas, sobre todo en el uso que la oposición hace de ellas, lo cierto es que la semana pasada el gobierno por momentos pareció asumir parcialmente el libreto mileísta; o al menos, dio pie a las consignas de aquellos que así lo denuncian. La justificación del decreto que modificó el MEPCO fue que el Estado chileno estaría “quebrado”, profundizando el discurso de austeridad con que llegó el 11 de marzo, y que hace guiños claros a Argentina: en Chile tampoco hay plata. De esta manera, por más que hayan operado distintas variables a la hora de decidir traspasar de una vez los costos del alza de los combustibles a la ciudadanía, los mismos términos utilizados por el oficialismo ayudaron a aumentar esa eventual emulación del país vecino. Y aunque no tenemos cómo asegurarlo, tal vez conviene detenerse a pensar en qué medida la experiencia trasandina sirve al momento de sacar lecciones para la administración del Presidente Kast.

Tanto la campaña como el gobierno de Javier Milei calzan bien en el concepto de «emergencia» acuñado por Kast el año pasado. Argentina indudablemente vivía una emergencia: inflación desbordada, déficit fiscal en su máximo histórico y una ola de corrupción que tiene a la expresidenta Cristina Fernández presa. Guardando las proporciones, Chile tiene problemas también críticos. El Estado enfrenta una situación de endeudamiento y baja liquidez bastante inédita, el peso se ha devaluado significativamente desde 2019, y nuestra institucionalidad está particularmente deslegitimada por casos de corrupción que, si bien no son sistemáticos, tienen molesta a la población. Ante ambos panoramas, los votantes se inclinaron por candidaturas que prometían un cambio profundo e inmediato. Milei, con sus luces y sombras, parece estar cumpliendo esos anhelos; de ahí que la tentación de replicar su libreto sea alta.

Sin embargo, la emergencia en Chile es distinta y la estrategia no es directamente trasladable. La polémica sobre el “Estado quebrado” fue elocuente en demostrarlo. No solo el escenario es diferente que el trasandino, sino que acá la crisis de seguridad y orden público parecen tener mayor prioridad en la población que la económica, aunque esta última haya ganado terreno en las últimas semanas.

En efecto, tras unos primeros días de buen desplante del ministro Quiroz, las cosas han comenzado a tambalear. Transparentar y trasladar el costo del alza de la bencina parece haber sido la decisión correcta desde la óptica de la responsabilidad fiscal, pero combinada con una eventual rebaja de impuestos —con la que pretenden persistir, que traería mayor recaudación solo en el largo plazo— y con una errática estrategia comunicacional, surgen dudas sobre la viabilidad política y social de esta hoja de ruta. Por otro lado, la respuesta automática de los distintos voceros ante cada cuestionamiento es el mismo “no hay plata”. El déficit fiscal es un hecho cierto, pero no puede utilizarse para eludir el necesario esfuerzo de justificación política, para ellos mismos y para los chilenos, que exige gobernar. La política de shock –o el gobierno de emergencia– en contextos adversos como en el de Kast o Milei, no los exime de dar explicaciones ni les permite ignorar las cuestiones que escapan a la emergencia inmediata.

Un punto que sí es relevante del caso argentino es la relación con los gremios, sindicatos y, en general, con «la calle». A Milei le ha tocado enfrentar a los piqueteros que históricamente median —y también obstruyen— las reformas que cada gobierno quiere impulsar. Muchos decían que la calle no lo dejaría gobernar, pero no fue así. Liderada por Patricia Bullrich, la estrategia para aplicar la ley con firmeza y contener los disturbios resultó exitosa. Con Kast, en cambio, mientras despiertan las calles tras cuatro años de hibernación, surge la interrogante sobre cómo se manejará este flanco, especialmente considerando la mezquindad que ya se logra observar en gran parte de la oposición. A eso se suma que la ministra de Seguridad parece haber tomado la motosierra de Milei –causa de sus medidas más impopulares y arbitrarias– y ha desvinculado personal (o presionado para hacerlo) sin ofrecer una justificación suficiente ni una hoja de ruta clara en el ámbito más sensible para la ciudadanía.

Hace un par de semanas el diputado de RN Diego Schalper sugirió al gobierno ser “más Meloni y menos Milei”. Tiene razón, y no solo por el énfasis en migración que tiene la líder italiana, que se adapta más al caso chileno y ofrece un horizonte más amplio que el “no hay plata”. También porque lo que Meloni ha demostrado es que (con independencia de los tropiezos y dificultades que siempre aparecen) las nuevas derechas sí pueden ser viables a la hora de gobernar. Para eso es necesario abandonar el ánimo excesivamente confrontacional –aunque sea verdad que se haya heredado un desastre del gobierno anterior– y cosechar logros concretos en áreas sensibles para la ciudadanía. Este es el principal desafío y ahí residirá el parámetro de evaluación del gobierno de Kast.