Señor Director:

Uno de los singulares argumentos esgrimidos por los promotores de la acusación constitucional contra el exministro Grau es que se trata de una herramienta “política” y que, por lo mismo, debe ser evaluada desde ese ángulo y en esos estrictos términos, más allá del fondo del asunto.

Pues bien, los efectos políticos de dicha acusación han sido públicos y notorios: aumenta la polarización en el Congreso, la agenda pública es copada por temas que no guardan relación con las prioridades ciudadanas ni con la agenda del Gobierno, y cunden tanto la división en las fuerzas oficialistas como la unidad y victimización en las izquierdas.

Desde el punto de vista político nada de lo anterior es valiente, hábil ni estratégico. Como bien decía hace pocos días el senador Squella, a veces conviene contar hasta diez antes de actuar.