Columna publicada el miércoles 8 de mayo de 2024 por El Líbero. En una reciente entrevista en Tele13 Radio, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, afirmó que “las AFP siempre ganan”. La frase fue dicha en un momento crítico. El gobierno no posee el control en ninguna de las comisiones en el Congreso y ante la crisis de seguridad, de salud y de educación, ahora podría sumarse otra en pensiones. Hasta ahora la ministra solo ha insistido en un esquema para aumentar las cotizaciones que la oposición no aprobará: tres puntos a reparto, tres a capitalización individual. Ella lo sabe perfectamente. No es extraño. La secretaria de estado es una de las principales figuras por medio de las cuales este Gobierno ha llevado a cabo su estrategia de deterioro en diversas dimensiones de la vida social. Dejar las cosas tal como están hasta su inminente colapso, en el caso de las Isapres. No proponer alternativas aplicables, en el caso de las AFP. ¿Es pura desidia? No del todo. Quizás solo sea la inocente creencia de que mientras el sistema privado esté presionado, más responsabilidades y servicios asumirá de buena forma el Estado. En otras palabras, en sus actitudes puede verse reflejada la intención efectiva del Partido Comunista y del Frente Amplio de destruir los pilares del llamado “modelo” a cambio de ampliar los servicios estatales. Si el privado quiebra, el Estado asume. Con ese modo de acción, el tiempo en realidad corre a su favor. Si quiebran las Isapres, se logra el objetivo. Si más personas cuestionan a las AFP, ocurre lo mismo. El costo social que pueda tener para ellos es solo un efecto colateral. Su postura beligerante hacia cualquier aspecto del modelo o iniciativas provenientes del sector privado es algo que, desde hace tiempo, la ministra viene expresando con frases polémicas que obstaculizan los esfuerzos comunicacionales del gobierno “dialogante”. Ejemplos sobran: están sus desafortunadas declaraciones sobre la necesidad de que los empresarios “paguen mejor”, insinuando la avaricia de la clase empresarial y los bajos sueldos (lo que fue refutado por Bernardo Larraín en un debate con la misma ministra). También está su intención de subir el salario mínimo a $600.000, sin analizar las posibles consecuencias para las Pymes o la informalidad laboral. “Más que una cifra, es para vivir dignamente”, fue su único respaldo. Por otro lado, en el tema de la reforma de pensiones y a pesar de las recomendaciones de diversos expertos respecto de la necesidad de subir la edad de jubilación, Jara fue enfática al descartar la idea, tan necesaria como impopular. Parece que ninguna de esas declaraciones acepta la necesidad de rigor o respaldo técnico en las afirmaciones que debería ofrecer un ministro. Las palabras de quien lidera una de las carteras con mayor incidencia en la vida de los chilenos no difieren en mucho de las de David Acuña, presidente de la CUT, en el Día del Trabajador. De hecho, por momentos, pareciera como que no tuviera una comprensión completa del funcionamiento de la institucionalidad a su cargo. Critica a los empresarios, pero luego incita a subir los sueldos. Presiona por más solidaridad en pensiones, pero no apoya subir la edad de jubilación como en los países desarrollados. Habla desde el gobierno, pero alienta a la calle y a la «presión social». Con ese tipo de declaraciones la ministra enturbia las ya complejas relaciones entre el gobierno y el sector privado y empresarial, con los que el Ejecutivo necesita tener mayor cercanía si quiere conseguir sus objetivos. Pero lo anterior, al final del día, es esperable. La ministra Jara ha encarnado las formas de actuación de su partido: por un lado están en el gobierno y, por otro, quieren seguir controlando su negocio que está en la calle. El problema de esta actitud es que la ciudadanía tendrá que seguir esperando impaciente el inicio de la crisis social que se avecina ante la falta de acción del gobierno en relación con los derechos sociales que dicen defender.