En 2022, durante su primer año de gobierno, el presidente Gabriel Boric utilizó el término “habitar el cargo” para describir -y a la vez justificar- el lento y errático proceso de adaptación al que tanto él como sus colaboradores se enfrentaban. Tres años después puede afirmarse que aquella metáfora se volvió en su contra: prácticamente cada semana los medios de comunicación la emplean al cuestionar el comportamiento del Presidente frente a los ya usuales embrollos que han caracterizado a su administración. Pero además en el último tiempo parece servir más allá de su figura: como hemos podido ver con los sucesivos escándalos de corrupción destapados por la prensa, son los funcionarios públicos -desde ministros y subsecretarios hasta el resto de la planta- quienes no “habitan” correctamente el cargo.

Democracia Viva, ProCultura y el caso de las licencias médicas falsas han mostrado la peor cara de la política y la administración del Estado. La imagen que todo esto refleja es triste: quienes ejercen distintos grados de poder para servir a la ciudadanía terminan, muchas veces, sirviéndose a ellos mismos mediante sus cargos. Sin embargo, en medio de todo esto, una particular funcionaria pública ha aparecido como una luz entre las sombras: la nueva contralora Dorothy Pérez. Tras una larga y tortuosa trayectoria en la Contraloría General de la República (su otrora superior el excontralor Bermúdez intentó destituirla de su cargo de subcontralora), se convirtió en noviembre del año pasado en la primera mujer en encabezar esta institución. Su breve gestión ha estado marcada por una activa agenda en materia de control y dictámenes relacionados con la función pública; un simple pero crucial e inédito cruce de datos permitió destapar un escándalo de magnitudes inéditas: las licencias falsas. “Se estaba perdiendo un hospital al mes” declaró una tajante Pérez ante el Senado, donde planteó que el recién confirmado fraude era una cuestión de público conocimiento, pues abundaba la publicidad de venta de licencias médicas a vista y paciencia de las autoridades. Si esa práctica ya estaba bastante extendida en el mundo privado, probablemente también ocurría en la administración pública.

La pregunta pareciera ser: ¿por qué nadie hacía nada respecto de aquella situación? Lamentablemente la probidad y la proactividad parecen no ser virtudes generalizadas, razón por la cual Dorothy Pérez ha destacado más aún por su modo de “habitar” el cargo. En esa línea, su larga trayectoria y la positiva recepción a su impecable actuar hace recordar a otra funcionaria pública que en tiempos convulsos demostró estar a la altura de las necesidades del Estado: Carmen Gloria Valladares, la hasta entonces desconocida funcionaria del Tribunal Calificador de Elecciones que, con templanza y vocación, encabezó la problemática instalación de la Convención Constitucional en 2021. En aquella ocasión Valladares representó la figura del trabajador silencioso, ese que lleva años en la carrera funcionaria por su rigor y pulcritud, cuyo contraste fue elocuente ante aquellos convencionales que con su estridencia y poco sentido de Estado prefiguraban lo que sería el trabajo de la fallida Convención. Pérez, si bien tuvo un pasado igual de silencioso y meritocrático en su institución, hoy destaca por ser un ejemplo de firmeza y decisión para aplicar la ley y lograr cambios; no por nada se ganó el apodo de “Huracán Dorothy”. Existen distintas formas de “habitar” el cargo, en eso tiene razón el Presidente Boric, pero mantener una conducta intachable y poner los intereses del país por delante es un mínimo no discutible que hoy parece ser un lujo. Si bien la crisis relativa al empleo público tiene mucho de estructural, también tiene algo de moral. La buena agencia de quienes ocupan cargos públicos es necesaria y produce cambios positivos imposibles de lograr por la mera reforma institucional.

Dedicarse a la política o a la función pública no es fácil. Bien lo sabía Max Weber, cuando en La política como vocación comparaba el entrar en ese mundo a firmar un pacto con las “potencias diabólicas que acechan en todo poder”. Más allá de cuán discutible resulta esa afirmación de Weber, es claro que ejercer un cargo público trae ciertos beneficios, pero también tensiones y la tentación de incentivos perversos. Que personas en puestos altos de poder como la actual contralora utilicen sus facultades con el mayor rigor posible para perseguir la corrupción apunta en la dirección de promover y encarnar una auténtica ética de la responsabilidad entre los funcionarios públicos. La cual, para Weber, se traduce en lealtad al sistema legal, pero también en la conciencia del impacto que sus acciones tienen en la ciudadanía. Los chilenos añoran servidores que encarnen aquel ideal y la contralora Pérez les está mostrando con hechos que efectivamente pueden existir.