Ha sido intenso el debate sobre la situación disciplinaria de las Ciencias Sociales y las Humanidades en Chile. Cerrado, al parecer, el capítulo con la exsubsecretaria Carolina Gaínza, quedaba un importante pendiente. Recibí una interesante respuesta del poeta, antropólogo, profesor titular de la Universidad Austral y director de la editorial de dicha casa de estudios, Yanko González. En ella, González comienza por descalificar el informe Vanderbilt-Washington como “muy parcial”, para luego pasar a explicar por qué, según él, el diagnóstico estadounidense no debería intentar ser transferido hacia nuestras costas. Su primer argumento es que la antropología ha sufrido una “revolución epistemológica axial”. Es decir, que su base o fundamento para entender la realidad ha mutado por completo en relación a su origen. En sus inicios, la ciencia antropológica habría estado profundamente imbricada con “el evolucionismo, el colonialismo y las jerarquías occidentales”. La mutación habría ocurrido al someter a crítica esa herencia, moviendo su atención hacia “el poder, los pueblos indígenas, la diversidad cultural o las formas subordinadas de existencia”. Las categorías de la antropología, gracias a este giro, ya “no son las categorías del mundo”. Según González, al convertir al “indígena, al colonizado, a la minoría o al subalternizado en interlocutores y no simplemente en objetos, toca necesariamente las relaciones de poder”.

La antropología, de acuerdo a este antropólogo, “es una disciplina ‘militante’ de la alteridad, no por oportunismo político… sino por mandato epistemológico”. Pensar que esto la vuelve partidista, nos advierte, es confundir epistemología con ideología. Y ahí González lanza su desafío: “si se quiere sostener que ese mandato epistemológico ha degenerado en militancia, dogmatismo o patología política, ya no basta con señalar qué asuntos estudia la antropología o desde dónde los interroga… Hay que demostrarlo”. Y ya que el informe Vanderbilt-Washington es provisional y no conclusivo para el propio caso en estudio, mucho menos podría ser simplemente extrapolado al caso chileno. Faltaría evidencia sobre Chile. Sin ella, yo estaría poniendo el diagnóstico antes de la prueba, sin evidencia alguna para respaldar mi posición. Esta intervención fue aplaudida y reproducida en el plano virtual por Carolina Gaínza (socióloga, profesora titular Sociología UDP), quien también había participado del intercambio previo, además de otros miembros de la comunidad científica de las Ciencias Sociales, como Javiera Arce-Riffo (politóloga, investigadora del Centro de Estudios para la Gestión Pública de la U de Valparaíso), Alexis Cortés (sociólogo, profesor titular de la U Alberto Hurtado, director de su doctorado) y Manuel Tironi (sociólogo, profesor titular de sociología PUC).

Según entiendo, González establece una doble defensa de la situación actual de la antropología. En primer lugar, él pretende establecer que la “militancia de la alteridad” hoy sería parte constitutiva de la ciencia antropológica, por lo que no basta con señalar esa parcialidad para cuestionar el estado académico de la disciplina. Por lo mismo, habría que probar, o al menos señalar algún indicio, de que el nuevo “mandato epistemológico” ha degenerado en “militancia, dogmatismo o patología política” para poder cuestionar la situación de la disciplina. Y, más aun, habría que mostrar indicios de ello en Chile para poder siquiera hacernos la pregunta de si existe algún problema.

Yo trataré de responder en ambos niveles. No quiero dejar pasar el primero porque me parece que es una evidente petición de principio: González pretende establecer, sin más, que la “nueva antropología” es “militante de la alteridad” o nada. Luego, por razones, obvias, no se le podría criticar por haberse volcado al activismo en torno a esa alteridad: ese activismo definiría a la propia disciplina. También, si entiendo bien, pretende despachar a la prehistoria de la disciplina todo el trabajo previo a la llamada “crisis de la representación” de mediados de los ochenta, cuando el posmodernismo comienza a establecerse y expandirse, al tiempo que la culpa colonial comienza a crecer.

En primer lugar, no creo que la antropología deba definirse como lo hace González, ni que la tradición larga de esta ciencia social pueda ser reducida simplemente a racismo, colonialismo y clasismo. Hay mucho más que eso en Morgan, Boas, Malinowski, Chayanov, Polanyi, Radcliffe-Brown, Pitt-Rivers, Benedict, Mead, Levi-Strauss, Godelier, Douglas, Herskovits, Firth, Faron, Stuchlik, Gusinde y tantos, tantos otros. Para comenzar, hay un esfuerzo honesto por intentar entender otras formas culturales a partir de los recursos intelectuales y técnicos que ofrecía su tiempo. Su metodología siempre aspiró a la objetividad, a tratar de captar, más allá de la subjetividad del investigador, el fenómeno que tenía al frente. Y, por lo demás, que algunos de estos esfuerzos sirvieran a intereses coloniales no invalida su contenido: debían ser precisos para ser eficaces. No era su método, si algo, lo que los volvía colonialistas. Quizás el mejor ejemplo es “El crisantemo y la espada”, que fue encargado por la Oficina de Información de Guerra de Estados Unidos, junto a varios otros estudios antropológicos, para tratar de entender mejor al enemigo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El estudio de Benedict, que se llevó adelante, entre otras cosas, entrevistando a inmigrantes japoneses recluidos preventivamente en campos de detención en Estados Unidos, fue clave para la intervención exitosa de Japón por parte de la potencia triunfante en la guerra, transformando duraderamente la cultura política japonesa.

Sé, también que no todos los antropólogos que ejercen hoy la profesión están de acuerdo con González. El reporte del antropólogo Joseph Heinrich que informa a la comisión de Vanderbilt-Washington es claro en establecer esto más allá de toda duda razonable. Heinrich reconoce que esta “nueva epistemología” ha luchado por desplazar aquella de orientación más científica o empírica, pero no es que ese desplazamiento esté consumado. Y también la describe en términos que sólo profundizan y aclaran los que usa González: esta ‘nueva epistemología’ evalúa la credibilidad de los argumentos y la evidencia (o postulados) a partir de tres factores: 1. Poder (todo es una dinámica entre oprimidos y opresores); 2. Posicionalidad (la proximidad del investigador al objeto estudiado aumenta su autoridad epistémica) y 3. Ética (el valor de verdad de algo depende de si contribuye o no a la causa correcta). Que triunfe por completo o no este punto de vista, que desacredita casi todos los métodos y avances disciplinares del pasado, está por verse. No puede establecerse como un hecho, tal y como pretende González.

El flanco para cuestionar esta “nueva epistemología”, entonces, sigue abierto. Y las razones para hacerlo son múltiples. Una disciplina que hace depender el valor de verdad de un postulado de quién lo dice, a quién afecta y a quién le sirve no puede ser llamada científica, pues hace depender la verdad de un postulado simplemente de juicios de valor y correlaciones de fuerzas circunstanciales. La verdad, en una mirada así, se reduce al poder. No es que dicha “epistemología” pueda degradarse en ideología: es ideología y se presenta como tal. Y la praxis antropológica, bajo sus directrices, se asemeja a la de una secta misionera dedicada a producir relatos y discursos que contribuyan a corregir los desbalances de poder del mundo, sin importar si esos relatos tienen sustento en la realidad (dado que, desde el punto de vista de esta “nueva epistemología”, lo único real es el poder). Es contra este irracionalismo que Mario Bunge y Alan Sokal, entre varios otros filósofos de la ciencia, se han revelado, y ese debate está muy lejos de cerrarse.

¿Facilitan los defectos epistemológicos de la “nueva epistemología” otros males, como la “militancia, el dogmatismo o la patología política”? En mi opinión, es evidente que eso ocurre. Si la verdad es poder, el ejercicio científico es simplemente una lucha por el poder. Luego, la vida disciplinar se vuelve similar a la lucha política: facciones, cancelaciones, incorporaciones y la valoración del trabajo ajeno pasan a obedecer nada más que a una evaluación de si contribuye o no a “la causa”. La Unión Soviética bajo Stalin ya nos dio una idea de cómo funciona esto (razón por la cual murieron asesinados, entre otros, el gran Alexander Chayanov y muchos biólogos mendelianos, al tiempo que se premiaba y elevaba a la categoría de genios a farsantes como Trofim Lysenko). El informe de Heinrich es brutal en este sentido: muchos antropólogos sienten miedo de sus colegas y no se atreven a opinar con franqueza. Al mismo tiempo, la cancelación disciplinaria está a la vuelta de la esquina para el que se salga de la línea. Por ejemplo, para quienes consideren que existen dos sexos. Al mismo tiempo, para el que tenga suficiente capital de victimización y se apegue a la causa, el límite parece ser el cielo: autoetnografías sin rigor científico alguno pueden merecer premios y aplausos. El terrible caso de Jason Arday –no incluido en el reporte de Heinrich- ilustra esta dinámica: quienes lo defienden señalan explícitamente que les da lo mismo el rigor de su trabajo, y que no debería ser juzgado bajo esos criterios, sino por su “aporte a la causa”.

¿Se sostiene, entonces, el informe Vanderbilt-Washington en indicios contundentes para sonar la alarma respecto a la situación del campo de la antropología? La respuesta es sí. ¿Hay indicios de la misma degradación disciplinaria en Chile? Si esa degradación está conectada a la “nueva epistemología” por la naturaleza misma de sus postulados, tal como yo creo, por supuesto que los hay. Que González, que es profesor titular de una prestigiosa universidad y director de su editorial, defienda esa perspectiva ya sería un indicio de ella. Dado que la ciencia moderna es trasnacional, yo encontraría raro que un problema que emerge en los centros de producción disciplinar más relevantes del mundo, adonde van a estudiar los académicos más respetados en Chile, no se transmita a la periferia intelectual. Creo que eso más que justificaría mi humilde propuesta, que es justamente indagar qué está pasando en Chile en las Ciencias Sociales y las Humanidades.

Pero podemos suspender el juicio respecto a ese asunto, seguir con la demanda de González y preguntarnos por signos independientes de degradación en nuestro país, tales como “la militancia, el dogmatismo o la patología política”. Respecto a la persecución a la disidencia, conozco de primera fuente demasiados testimonios de antropólogos (y otros científicos sociales) que no se atreven a dar su opinión –o incluso a describir de manera honesta lo que ven- por miedo a las represalias profesionales y personales. Por razones obvias, no puedo profundizar en ninguna de esas historias, pues implicaría exponer a las personas involucradas. El tema de la autocensura de los académicos está bien documentado en otras latitudes, pero en Chile no hay ninguna investigación al respecto. Hagamos como que no existe, entonces. Pero dado que Chile es un país muy pequeño, y las Ciencias Sociales un universo todavía más pequeño, es probable que González conozca varios de estos casos.

Otro indicio, que podría ser anecdótico, pero que conecta con la idea de que el antropólogo debe ser un militante de su objeto de estudio, es que tres figuras involucradas en casos de terrorismo o extremismo en los últimos años hayan pasado por las aulas de la carrera, estando ese paso directamente vinculado a su radicalización. Francisco Solar Domínguez (caso bombas, tesis de grado sobre lautaristas presos), Emilio Berkhoff Jeria (CAM, aunque cayó por tráfico de drogas) y Pablo Marchant Gutiérrez (muerto en un atentado de las ORT de la CAM en 2021).

Pero vamos al plato de fondo: el periodo del estallido social y el proceso constitucional. Tal como consigno en “Dignos: crónica del estallido social”, el rol de las ciencias sociales y las humanidades durante ese momento histórico, salvo excepciones individuales, mostró niveles de politización –no en sentido aristotélico, sino militante- brutales. Esto incluso fue reconocido, parcialmente, por Alfredo Joignant. Mientras algunos académicos celebraban, en tanto expertos, lo ocurrido y se jactaban de “haberlo visto venir” (asumiendo el contenido del suceso en vez de reflexionar sobre él o estudiarlo), otro grupo se volcaba casi por completo al activismo, haciendo circular diversas cartas y declaraciones públicas que convertían inmediatamente en sospechosos a los colegas que no firmaban. En el caso específico de la antropología, el Colegio de Antropólogos emitió una declaración pública en octubre de 2019 manifestando su apoyo a “las legítimas expresiones que dan cuenta de la indignación, la rabia y enfurecimiento generalizado de la población de nuestro país, que expresan un fuerte repudio a un sistema económico y social neoliberal injusto, instaurado a sangre y fuego durante la dictadura cívico-militar de Pinochet y continuado por los gobiernos posteriores”. Lo entendieron todo. Y luego, durante el proceso constitucional, se dedicaron a respaldar acríticamente todas las agendas del indigenismo de izquierda y a exigir un estado “Plurinacional e Intercultural”. Luego el proyecto fue masivamente rechazado, en buena medida debido a los excesos que contenía en materia indígena, y perdió incluso en las “zonas de sacrificio” y en comunas con amplia mayoría indígena. Al parecer, la conexión con “los territorios” de muchos expertos era más teórica que real.

Concluyo con dos ideas y una invitación. La primera idea es que si los antropólogos creen que ellos le dan agencia al “otro” es fácil que también le impongan una “otredad” que calce con las preferencias políticas e ideológicas del antropólogo, y lo castiguen si no calza con ellas. En la violenta agresión que sufrió la Ministra Lincolao en la Universidad Austral, los estudiantes, liderados, entre otros, por la alumna de antropología María Jesús Madariaga Rojas, le gritaban “yanacona” por no ser de izquierda. La desconexión con la realidad que se supone que defendían en el contexto de la Convención es otro buen ejemplo: ¿Por qué no había ninguna voz crítica desde la antropología, si se supone que entendían mejor “los territorios”? ¿Por qué no hay una sola reflexión crítica respecto a los métodos y la configuración del activismo indígena que emerja desde la antropología? ¿A veces capturan, otras son capturados? ¿Son las facultades cámaras de eco? ¿A nadie se le ha ocurrido aplicar sus propias teorías críticas a la disciplina? En fin. La segunda idea es más bien un grupo de preguntas: ¿por qué el Estado tendría que financiar algo así? ¿Qué bien público producen autoetnografías y activismos dudosos, que ni siquiera aspiran a la objetividad? ¿Por qué se indignan si el Estado decide no financiar algo que nadie puede defender con argumentos lógicos? ¿Les sorprende que los sueldos de los egresados sean bajos, y que la mayoría de los estudiantes intente irse por arqueología? ¿A quién le va a interesar estudiar activismo teórico? La invitación, por último, es a discutir esto en persona y en público. Hace meses estuve en una excelente librería en el centro de Valdivia llamada “Gato Caulle”, ubicada al interior de Casa Plumas. Uno de sus dueños me dijo que organizaban conversatorios en el patio interior de la galería, y que estaría bueno armar un debate con alguien de la Austral sobre algún tema. Aquí veo que tenemos tema y a un importante profesor de la Austral. Y, claro, si esto resultara, también está muy invitada Carolina Gaínza, para que no sea panel de hombres.