El 21 de febrero de 2024 el Primer Teniente del Ejército de Venezuela Ronald Leandro Ojeda Moreno (1991-2024), estando legalmente asilado en Chile, fue secuestrado, torturado y asesinado por una célula del grupo criminal “Tren de Aragua” denominada “Piratas de Aragua”. Este operativo, en el cual los secuestradores se hicieron pasar por agentes de la Policía de Investigaciones de Chile, pretendía concluir con la desaparición del cuerpo, pero las policías chilenas lograron identificar tanto a los responsables directos del crimen, que ya habían huido a Caracas, como dar con los restos de Ojeda, que se encontraban enterrados dentro de la toma ilegal Vicente Reyes, en Maipú. 

El Estado chileno solicitó entonces la extradición desde Venezuela, país con el que el Subsecretario Manuel Monsalve había firmado un acuerdo de colaboración policial en enero, de los dos sospechosos: Walter Rodríguez Pérez y Maickel Villegas Rodríguez. El régimen venezolano reaccionó mediante su Canciller, Yvan Gil, negando tajantemente la existencia del Tren de Aragua y afirmando que se trataba de un invento mediático para dañar su imagen internacional. Ante esto, el Presidente Gabriel Boric respondió llamando a consulta al Embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri. Y, al poco andar, el Fiscal General de Venezuela Tarek William Saab se comprometió a colaborar con la investigación e Yvan Gil reapareció reforzando la misma idea, y ahora sí reconociendo la existencia del Tren de Aragua.

En julio de 2024 Maickel Villegas, de 27 años, fue apresado en Costa Rica y extraditado a Chile, donde compareció ante tribunales en noviembre. De Walter Rodríguez, imputado como cabecilla del comando, no se ha sabido más. Parece que el régimen caribeño no se siente muy compelido por el Acuerdo Monsalve, cuyos entretelones siguen siendo un misterio en Chile. En agosto Maduro, luego de robarse las elecciones en su país, cierra la embajada venezolana en Santiago y expulsa a la misión diplomática chilena en Venezuela. Y a inicios de enero de este año, luego de que el tirano asumiera otra vez la Presidencia que no ganó en las urnas, el gobierno chileno cerró definitivamente la embajada en Caracas. Finalmente, un operativo el miércoles recién pasado permitió desarticular la célula de “Los Piratas” en Chile, al tiempo que será extraditado desde Estados Unidos el cabecilla de la operación en nuestro país, Rafael “El Turco” Gámez Salas. 

Desde un inicio el asesinato de Ojeda parecía tener un móvil político: activista y disidente contrario a la dictadura de Maduro -razón por la que había recibido asilo político en Chile- no parecía haber otra explicación para el crimen. Todo indica que alguien dentro del régimen utilizó a esta banda criminal internacional para deshacerse de un opositor en suelo chileno. Sin embargo, esta hipótesis fue constantemente cuestionada por el Partido Comunista de Chile, uno de los más importantes en el gobierno. Y volvió a serlo ahora, cuando el fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, afirmó que todo indica un sicariato por encargo político, y uno de los detenidos ya ha apuntado a Diosdado Cabello Rondón, Ministro del Interior venezolano famoso por insultar en sus programas verborreicos al Presidente Boric. Frente a esto, Lautaro Carmona, Presidente del PC, acusó al persecutor de falta de rigor, teniendo que ser este último defendido por el Fiscal Nacional y la Ministra del Interior. 

La hipótesis presentada por Barros calza con la imagen del “autoritarismo caótico” a partir de la cual el politólogo argentino José Natanson define al régimen venezolano en su último libro. Ahora, desde el punto de vista chileno, algo sin duda urgente es apartar al PC de cualquier labor que tenga que ver con seguridad e inteligencia -Galo Eldestein y su gente se tienen que ir de la subsecretaría de las FF.AA.- y, esperemos, sacarlos del Estado en las próximas elecciones. Y es que por mucho que Boric y el gobierno condenen la dictadura venezolana y se espanten ante la posibilidad de que haya realizado un operativo criminal en suelo chileno, no parecen querer hacerse responsables de gobernar junto a un partido que muestra reiteradamente más lealtad a Maduro que al Estado chileno.