Una “amenaza para la democracia”, “va a debilitar cosas básicas de la democracia”. Así describen Carolina Tohá, Paulina Vodanovic e Ignacio Walker un eventual gobierno de José Antonio Kast. Si bien las campañas se prestan para frases altisonantes, esta denuncia debe tomarse en serio. ¿Bajo qué argumentos puede esgrimirse que un líder o grupo político erosiona el régimen democrático? ¿Cuál es el estado del arte en nuestro país? Veamos.

 Un primer tipo de amenaza consiste en actitudes excesivamente antagonistas u hostiles con los adversarios. Este defecto no pone en peligro inmediato la continuidad democrática, pero es importante: un régimen que se funda en el diálogo supone tolerar el disenso y reconocer la legitimidad del contradictor. Kast y la nueva derecha efectivamente tienen desafíos pendientes en este plano, pero aquí el problema ha sido transversal. Luego del 18-O los ejemplos son innumerables (y antes también: Camila Vallejo ya descalificaba como “ultraderecha” al expresidente Piñera apenas asumió su segundo mandato).

 Una segunda amenaza, más grave e intensa, reside en los nuevos autoritarismos. Ellos suelen acceder al poder por vía democrática, pero una vez instalados en él socavan la independencia judicial, la separación de poderes u otros principios e instituciones básicas. En general, el Chile posdictadura ha estado libre de este flagelo. La gran excepción es la fallida Convención Constitucional de 2021-2022, cuyo proyecto debilitaba contrapesos de primer orden —el Senado actual desaparecía—, favoreciendo la captura del poder por una mayoría ocasional; y politizaba la judicatura al subordinar los "sistemas de justicia" a un Consejo con minoría de jueces del que, además, dependería el Tricel. Quienes apoyaron este proyecto quizá deberían ser más cautos hoy.

Con todo, una tercera amenaza, aún más grave, son los intentos de interrumpir por vías de facto o espurias el período del legítimo gobernante electo en las urnas. En las últimas décadas sólo el expresidente Piñera ha experimentado ese temor. La Moneda estuvo a punto de caer al menos en dos ocasiones, a resultas de la violencia callejera; y las izquierdas presentaron no una, sino dos acusaciones constitucionales contra Piñera en base a hechos no acreditados, la primera recién firmado el Acuerdo del 15-N, y la segunda a pocas semanas de las elecciones de 2021. Aunque muchos lo olvidaron, cuando la república está al borde del abismo todos deben sostenerla (como sí sostuvieron, en otro contexto diferente, Pablo Longueira y las derechas de la época al gobierno de Ricardo Lagos). 

En suma, es verdad que la democracia chilena ha estado bajo amenaza, pero los responsables no han sido ni José Antonio Kast ni los dirigentes de la actual oposición.