Hace un par de meses, se generó un arduo debate sobre si los logros del Gobierno eran suficientes para construir un legado. Es muy probable que, al comenzar su último año en La Moneda, esta discusión resurja en la opinión pública, pero con un giro importante: parece que la administración Boric sí tendrá cierto legado que exhibir. En este sentido, aunque abandonó el relato de las “transformaciones”, el Gobierno cumplió una parte vital de su objetivo: tramitar reformas populares antes de que se inicie el ciclo de campaña electoral, en que la polarización aumentará. Eso explica que la reforma previsional se haya aprobado rápido teniendo en cuenta todas sus dificultades y aspectos técnicos. 

Lo anterior no quiere decir que este Gobierno esté haciendo las cosas de la manera correcta. Sería bueno recordar que lo valioso de los legados solo puede apreciarse en un tiempo futuro. El elevado gasto público, la falta de crecimiento económico, el descontrol de la inmigración y la ausencia de medidas para enfrentar la crisis de seguridad serán aspectos centrales de un balance. Por si fuera poco, esta administración también registra las cifras más altas de aumento de la pobreza y de proliferación de campamentos y tomas ilegales. Sin embargo, las minutas del oficialismo no pondrán el énfasis en estos aspectos, ni tampoco en las deficiencias de gestión, como la vergonzosa reconstrucción tras los incendios. Más bien, se enfocarán en sus logros legislativos, donde, a pesar de contar con minoría en la Cámara de Diputados y el Senado, han logrado aprobar reformas importantes. 

Ahora, si bien no logró su meta final, que era la refundación de Chile a través de la Convención Constitucional, el oficialismo pudo gestionar la agenda legislativa con saldos positivos después del Rechazo. Un Gobierno de centroderecha, en una situación similar, habría quedado extremadamente débil, sin control sobre la agenda legislativa y con poca capacidad de reacción ante la magnitud del resultado. La administración Boric se repuso pronto gracias a la articulación del segundo proceso constituyente, que, al ser dominado por Republicanos y luego rechazado, le dio a la izquierda un nuevo discurso impostado sobre la importancia de la moderación. A partir de ese momento, el Ejecutivo recuperó cierto control político, lo que le permitió aprobar uno de sus proyectos más emblemáticos: la rebaja de la jornada laboral a cuarenta horas. Un golazo. 

Con todo, Gabriel Boric ha tenido un mejor manejo que el del Presidente Piñera, y esto abarca una gran cantidad de situaciones. Por un lado, salvo Izkia Siches y Giorgio Jackson, que abandonaron el Gobierno ante sus groseros errores, los diferentes ministros de la Secretaría General de la Presidencia han desarticulado cualquier intento de acusación constitucional importante en su contra (Montes, por ejemplo, sigue en el gabinete con Caso Convenios, la toma de San Antonio y todos sus problemas derivados). Además, el PC y otras fuerzas oficialistas siguen dominando los gremios, y por ello, aunque Chile atraviesa una tremenda situación de precariedad, no ha tenido lugar ninguna marcha masiva durante estos últimos tres años. A pesar de cerrar fábricas y faenas históricas vinculadas al mundo de la izquierda, la maquinaria oficialista logró aplacar cualquier signo de manifestación, al menos ante la opinión pública. De manera similar, ha mantenido contentas a sus bases ampliando el número de puestos en la administración del Estado. Mientras las cifras de empleo y la recuperación económica caen, en los últimos dos años se contrataron más de 15.000 nuevos funcionarios públicos solo en el Gobierno central.  

Hasta ahora esa ha sido, más o menos, la tónica: Boric no pierde su 30% de aprobación y gran parte de sus logros fueron posibles gracias a la derecha, pese a todo lo que sufrió por parte de sus interlocutores cuando estuvieron en La Moneda. Todo el sector votó justificadamente a favor de la mayoría de los proyectos de seguridad —la mayoría provenientes de la administración Piñera— que con certeza no serán nombrados por las minutas del Gobierno, como la ley Naím o la reactualización de la ley antiterrorista. La centroderecha, por otro lado, colaboró en aprobar el paquete de reformas sociales que, sin duda, serán el hito principal de esta administración: el aumento del sueldo mínimo sin crecimiento, la rebaja de la jornada laboral con caída en la producción y la reforma previsional con altas tasas de informalidad. 

Aún falta tiempo para evaluar los efectos de estas reformas en una economía y un país dañado. Pero sus resultados, con toda probabilidad, aparecerán en el posible gobierno de la actual oposición. Al final, la administración Boric aprobó reformas que presionan la sostenibilidad fiscal y la política, sin recibir ninguna consecuencia negativa.