Columna publicada el martes 9 de enero de 2024 por El Líbero.

La reciente decisión del Ministerio de Educación de prohibir a las universidades la divulgación de los resultados de la PAES -bajo la amenaza de recurrir a la Superintendencia de Educación Superior- ha suscitado un enérgico debate en el ámbito público y académico.

¿Qué busca el Ministerio con esta medida? ¿Evitar que se los apunte con el dedo tras saber que Atacama tuvo los peores resultados regionales? ¿Que no se sepa que sólo un 9,1% de los puntajes máximos corresponde a colegios públicos? ¿Que quede en evidencia la brecha entre la realidad y el eslogan “educación pública, gratuita y de calidad”?

La política de secretismo del Mineduc ha generado preocupación entre los expertos en la materia. El exministro de educación, Raúl Figueroa, ve en esta medida una restricción al análisis académico y una muestra de ceguera ideológica y política. En otras palabras, pareciera que se está priorizando una narrativa política por sobre la evaluación objetiva de la realidad educativa, buscando evitar el escrutinio público y la crítica. Por su parte, la senadora Yasna Provoste pone de relieve una preocupante dualidad en el manejo de la información pública: la tendencia a promocionar resultados cuando son favorables y ocultarlos cuando no lo son. La situación pone en entredicho el principio de transparencia, esencial para el buen funcionamiento de las instituciones públicas.

Por eso la actitud displicente del gobierno con la ciudadanía ha encendido las alarmas. En primer lugar, parece estar actuando bajo la premisa de que los ciudadanos no podrían interpretar los datos de la PAES sin llegar a conclusiones erróneas o utilizarlos de manera torcida. Aunque la PAES no proporcione información tan completa y necesita contextualización, sigue siendo una herramienta clave para que los postulantes, sus familias y la sociedad valoren la calidad de la educación proporcionada por las escuelas públicas y privadas. Si se prohíbe su difusión, por una parte, se priva a la comunidad de hacer seguimiento al desempeño de las instituciones educativas y de exigir responsabilidades por los resultados. Y, por otra parte, los estudiantes y padres ponderan estos resultados para tomar decisiones informadas sobre la educación superior. Restringir el acceso a los rankings podría limitar su capacidad para elegir la institución que les parezca más apropiada.

En segundo lugar, el gobierno se arroga el derecho exclusivo de interpretar y comunicar los resultados, limitando así el debate público y la participación ciudadana en las discusiones sobre políticas educativas. En tercer lugar, impedir a las universidades difundir estudios con datos anonimizados insinúa que cualquier análisis realizado fuera de los parámetros gubernamentales podría ser inapropiado o dañino, lo que implica subestimar la capacidad de las instituciones académicas para manejar la información de manera ética y responsable. Por último, si bien la protección de la privacidad es crucial, la manera en que el gobierno intenta implementar esta medida puede ser vista como una excusa para justificar la retención de información.

La reciente conducta del Mineduc, que muestra una preocupante tendencia hacia el secretismo en el manejo de la información educativa, parece estar en línea con la impaciencia del Presidente Boric hacia la difusión de las “malas noticias” o la preocupación de la ministra Vallejo por la circulación de las fake news en los medios. El gobierno muestra una contradicción entre su promoción inicial de transparencia absoluta al principio de su mandato, y las recientes prácticas de secretismo según conveniencia política, revelando inconsistencias en la gestión de la información pública.