Columna publicada el viernes 12 de enero de 2024 por El País Chile.
Aunque muchos lo menosprecian, el miedo es una de las emociones más relevantes para la política. Una sociedad capturada por este se inunda de dinámicas perniciosas, mina la confianza (cuando no la destruye), cambia los hábitos de la cotidianeidad, desdibuja el presente y el futuro. El miedo puede proceder de una sensación real o imaginaria de peligro, lo cual también implica que puede tener o no un correlato con lo que sucede; o con la percepción de lo que sucede. Por eso, es frecuente que los instrumentos que miden el crimen distingan dos ítems diferentes: la victimización, esto es, el número de delitos efectivamente perpetrados, y el temor al delito. Cada una de ellas nos da información importante, según cómo sea medida. En Chile, lamentablemente, han aumentado las dos.
De acuerdo con el Índice de Paz Ciudadana 2023, el porcentaje de individuos que experimenta un temor significativo al crimen se incrementó en 2,5 puntos porcentuales. El dato es importante, porque evalúa factores que abarcan desde la percepción de la evolución del delito en las comunidades hasta el miedo de convertirse en víctima. Esto lo situó en un 30,5% a nivel nacional, la cifra más elevada desde que se comenzó a llevar registro hace 23 años. No se trata de cherry picking ni de un uso mañoso de los datos: las diferentes mediciones muestran que delitos muy sentidos por la población aumentan –como robos u homicidios–, junto con nuevas formas de delito que también hacen cundir el pánico, como los secuestros extorsivos. El verdadero rally homicida que hemos visto durante estos días en la Región Metropolitana solo empeora esta sensación. De hecho, aunque esta no es la zona con peores indicadores de criminalidad, sí es la que tiene más miedo.
Por lo expuesto antes, controlar el miedo debiera ser una tarea prioritaria de la política. Si las personas sienten que viven en un contexto de peligro, se conducirán de acuerdo a éste. No es una tarea fácil para el Gobierno: muchas cosas que se encuentran fuera de su alcance pueden incidir en el temor. Pensemos, por ejemplo, en los esfuerzos que han hecho la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario, Manuel Monsalve, para descartar que existan bandas criminales parecidas a las que pusieron en jaque al Estado ecuatoriano hace pocos días.
Pero hay algunas medidas que sí podrían ayudar a disminuir esos temores, las cuales, complementadas con planes de mediano y largo plazo para disminuir la criminalidad efectiva, podrían poner coto a la crisis de seguridad. Otra encuesta nos sirve para explicar el fenómeno: la reciente encuesta Plaza Pública Cadem preguntaba a las personas cuán de acuerdo estaban con ciertas medidas. Entre ellas se contaba convocar al Consejo de Seguridad Nacional, hacer uso del 2% constitucional para emergencias, cerrar las fronteras o decretar estado de excepción constitucional para la Región Metropolitana. Todas ellas son herramientas de dudosa eficacia para enfrentar al crimen actualmente. Sin embargo, cuentan con la virtud de mostrar que se está haciendo algo.
Para el Gobierno, la situación es grave. Un 67% de los encuestados por Cadem cree que ha hecho poco o nada por contener delincuencia. Chile tiene miedo, y el Gobierno parece no hacer nada útil, no logra dar con un tono tranquilizador ni una agenda eficaz. Decíamos antes que, si la gente se siente en un escenario de crisis, actuará como tal. Si una mayoría de los chilenos siente que está en El Salvador –o en Ecuador–, votará por alguien que ofrezca algo parecido a lo que prometió Nayib Bukele, catapultado entre los mandatarios más valorados en su país y el nuestro.
Cuando se trata de dar certeza en temas tan básicos como vivir sin peligro, la tentación de doblar la apuesta es grande. Ya no será un estado de excepción acotado, ni regional, sino que se prometerán zanjas por aquí y por allá, militares en todo el territorio nacional, una mano cada vez más dura. Derecho penal del enemigo, linchamientos públicos, carta blanca para disparar. No es descabellado que venga alguien a ofrecer esas y otras medidas, con tal de aminorar la sensación de descontrol, de impunidad, de desbande.
Pero no se trata de mera retórica, de publicidad, de campañas que adormezcan una situación crítica, ni tampoco de elaboradas puestas en escena de miembros del Gabinete rodeados de vehículos policiales y de efectivos armados hasta los dientes. La gente no es tonta. Se trata de complementar la agenda de seguridad con gestos que contribuyan a situar bien la crisis, a bajar el miedo, y con medidas de probada eficacia. Todo sea por fortalecer a la propia política. En su capacidad de mostrar resultados se juega no sólo la seguridad y el bienestar de la población, sino que su propia supervivencia.
