Columna publicada el lunes 11 de diciembre de 2023 por La Segunda.

El expresidente Aylwin y la primera Concertación apostaron por la progresiva legitimación democrática de la Constitución vigente. Sin embargo, el temor a ser derrotados en las presidenciales de 2009, y la necesidad de unir a las izquierdas ante la irrupción de MEO, llevaron a la centroizquierda a clavar la bandera del reemplazo constitucional. Más allá de los contenidos propuestos entonces —muchos razonables—, la semilla constituyente quedó instalada en ese mundo político, cada vez más incómodo con su propia trayectoria.

Dicha semilla encontraría tierra fértil en la campaña de 2013, con la vuelta de la expresidenta Bachelet. Entre los pilares de su programa figuraban no sólo las reformas tributarias y educacional —cuyos costos sufre hoy el país—, sino también una nueva constitución justificada en términos del “otro modelo”, y avalada por la nueva izquierda que Bachelet cobijó. La resistencia vino no sólo de la derecha, sino también de un grupo orgulloso de la ex Concertación, dentro y fuera del gobierno. 

Pero desde octubre de 2019 los dirigentes de centroizquierda —con muy escasas excepciones— validaron expresa o tácitamente la violencia, y se sumaron a quienes usaron el caos para reinstalar la pulsión constituyente desde un prisma radical. Basta recordar la unánime y vergonzosa declaración del 12 de noviembre de 2019 —el día más violento después del 18O—, firmada desde la DC al Partido Comunista. Todo diálogo, decían, exigía aceptar “la vía de los hechos”.

Aquella pulsión llegó a su punto más alto en la fallida Convención, que buscó rehacer la estructura política, social y económica de Chile, y cuyo texto, según reconoció la expresidenta Bachelet, se “acercaba a lo que siempre soñó”. Faltan líneas para resumir todos los desvaríos de forma y fondo que protagonizaron los convencionales y el mundo del “Apruebo”.

Pese a todo ello y al monumental triunfo del “Rechazo”, la centroderecha cumplió su palabra en miras de una “buena y nueva Constitución”. Se firmó el Acuerdo por Chile, con sus 12 bases, suscritas en forma transversal; su Comisión Experta, tildada apenas ayer de “antidemocrática” por el frenteamplismo; y su órgano 100% electo, exigido por el oficialismo. 

Luego del 7 de mayo, dicho órgano le imprimió su sello a la propuesta, con luces y sombras. Pero también respetó las 12 bases; mantuvo —según cómo se mida— entre 60% y 80% del anteproyecto experto; y consolidó mejoras orgánicas y simbólicas, como el Estado social subsidiario y las medidas anti-fragmentación, que los incumbentes jamás apoyarían. 

Pero a la izquierda gobernante todo ello le es indiferente. Como puede verse, su relación con la Constitución (y con casi todo) es puramente instrumental.