Columna publicada el lunes 6 de diciembre de 2021 por La Segunda.

La pandemia impuso alteraciones e imprevistos en el calendario electoral —basta recordar las votaciones en medio de cuarentenas—; pero una moneda siempre tiene dos caras. Hoy el lado positivo del asunto es que, de cara a la discusión sobre régimen político dentro de la Convención, el despliegue del proceso eleccionario ayuda a poner los pies en la tierra y examinar en concreto el sistema.

Así, en estos días resulta evidente la importancia que reviste la elección presidencial para los chilenos. Como han señalado diversas voces, en nuestro país la tradición democrática pareciera confundirse con la votación popular de un Presidente de la República que es jefe de gobierno y jefe de Estado. A uno podrá parecerle mejor o peor este hecho, pero acá no se trata de gustos personales, sino de asumir un dato de la causa: quitar a los ciudadanos esa conquista histórica dificultaría severamente la articulación de un régimen político legítimo y perdurable en el tiempo.

Obviamente constatar aquel hecho no implica negar la necesidad de cambios en este ámbito. Como bien indicó el convencional del colectivo socialista Ricardo Montero hace pocos días, urge reformar nuestro presidencialismo, ya sea moviendo la elección de los diputados y senadores para la segunda vuelta (lo que favorece las mayorías en el Congreso), potenciando la figura de la vicepresidencia, permitiendo a los parlamentarios ser ministros, etc. El punto es que, al evaluar ese tipo de modificaciones, se requiere incluir la perspectiva histórica y sociológica. Esto es, la trayectoria de nuestras instituciones y su arraigo en la población.

De lo contrario, es fácil caer en una reflexión demasiado abstracta; una tentación habitual al diseñar instituciones. Es lo que pasa, por ejemplo, con convencionistas como Fernando Atria, quien la semana anterior afirmó sin decir agua va que el parlamentarismo es “la forma natural de organización de un régimen democrático”. Basta una observación atenta de la temprana consolidación democrática estadounidense, o de lo que significa para los chilenos el balotaje presidencial, para evitar esos excesos de entusiasmo retórico.

Con todo, es verdad que el cruce de las elecciones con el itinerario constituyente supone un grave riesgo: adoptar decisiones en función de quién llegue a La Moneda. Para despejar cualquier duda al respecto la salida es asegurar desde ya que las autoridades electas —Presidente y Congreso— finalizarán su mandato como corresponde. El acuerdo en esta línea propuesto por un grupo de convencionales de centroderecha le da la posibilidad a la Convención de ratificar su incipiente e intermitente moderación discursiva, ganando legitimidad para todos. Hechos y no palabras. ¿Se podrá?