En las décadas recientes, Chile ha logrado avances significativos en términos de prestación de servicios sociales y de reducción de la pobreza. Sin embargo, tanto la pandemia como la crisis de octubre de 2019 tuvieron un impacto negativo en la economía, lo que se tradujo en un aumento de los niveles de pobreza y pobreza extrema en 2020. A pesar de los notables esfuerzos de los últimos años por mejorar esa situación, hoy nos enfrentamos a una difícil tarea si aspiramos a reducir aún más dichos márgenes y permitir que las personas de estratos menos favorecidos aumenten su calidad de vida. En este contexto, las transferencias monetarias directas se han erigido como un mecanismo efectivo y digno de análisis.
El problema al que nos enfrentamos exige ser abordado con suma atención. Dentro de los países que componen la OCDE, Chile es una de las naciones con mayores índices de desigualdad. No obstante, hay un factor que suele soslayarse al analizar esta situación: a diferencia de otros países pertenecientes a dicho organismo, la acción del Estado chileno no logra reducir la desigualdad de ingresos generada por el mercado. Como afirma Ignacio Briones, si examinamos la “desigualdad de mercado” (aquella que surge únicamente por la distribución de ingresos derivados de las transacciones en el mercado), nuestro país exhibiría un nivel similar al de países como Alemania, Francia o Finlandia. Es aquí donde el Estado juega un papel fundamental: al intervenir a través de impuestos y transferencias, los países pertenecientes a la OCDE reducen, en promedio, su índice de Gini en aproximadamente 16 puntos. En contraste, en Chile esta reducción es de solo 3.5 puntos.
Los resultados de la encuesta Casen 2022 han demostrado la efectividad de las transferencias monetarias para reducir la pobreza y la desigualdad. En este sentido, la reformulación de la política social y la implementación de un sistema de transferencias monetarias directas más amplio que el actual facilitaría a los estratos más desfavorecidos el acceso a diversos bienes y servicios antes inaccesibles, e incluso permitiría el ahorro.
Es importante tener en cuenta que, si bien las transferencias directas son beneficiosas, estas solo mejoran los ingresos nominalmente, produciendo en ocasiones dependencia de la asistencia estatal. Lo deseable es que las personas sean capaces de generar ingresos de manera autónoma y que estos mecanismos sean complementarios. En este documento analizaremos el Impuesto Negativo al Ingreso (INI) como una alternativa que fomenta la formalidad laboral y la generación propia de ingresos.
