Columna publicada el martes 7 de noviembre de 2023 por El Líbero.

Uno de los principales argumentos esgrimidos por las fuerzas de izquierdas para oponerse a la propuesta constitucional ha sido su presunto carácter “partisano”. Argumentan que el texto final se habría elaborado excluyendo por completo a ciertos sectores políticos, tal como lo hizo la Convención Constitucional pasada. El Presidente Boric, quien promovió el proyecto que marginó por completo a las derechas, se sumó ahora a dicha tesis, afirmando que “no hubo una propuesta ni de cerca de ser de consenso”. Lo mismo se ha intentado expresar mediante las caricaturas de la “Kastitución”, la “Constitución republicana” y otros epítetos. No obstante, esta estrategia comunicacional genera algunas preguntas: ¿Por qué lo que antes no era un problema ahora sí lo es? ¿Por qué exigir inclusión cuando no fueron capaces de ofrecerla?

Una posible respuesta, entre muchas otras, es que la exclusión tuvo en parte también un grado de autoexclusión. En varias ocasiones, el Consejo suspendió sus sesiones para generar instancias de conversación y acuerdos. Asimismo, pese a que tenía los votos para arrasar, la mayoría terminó cediendo en varios aspectos con el fin de alcanzar una propuesta más o menos de consenso. Asuntos como la paridad de género, la reformulación del artículo primero y la eliminación o modificación de varios artículos problemáticos son algunos ejemplos. Pero como expresó hace poco Mariana Aylwin, “hubo quienes desde un principio no estaban dispuestos a aprobar un texto hecho por un Consejo donde predominaba la derecha más radical”. El relato de la exclusión, por tanto, serviría para justificar posteriormente una decisión tomada desde mucho antes. La izquierda entró al Consejo con la férrea decisión de mantener la unidad, lo que hacía imposible el consenso. En la Convención, en cambio, RN y Evópoli sí estuvieron dispuestos a negociar. Ahí radica parte importante de las diferencias entre ambos procesos. 

La amplia mayoría de izquierda que tomó la decisión anticipada de rechazar, sabe que el texto y sus contenidos tienen elementos susceptibles de generar adhesión ciudadana. De ahí las caricaturas y complicaciones para elaborar un relato de campaña. Esta maniobra política intenta socavar los acuerdos pactados en la propuesta por un gran motivo: las fuerzas de derecha del Consejo consiguieron lo que la Convención dominada por fuerzas de izquierda no pudo. En este proceso no hubo shows, no hubo convencionales votando en la ducha, ni corpóreos. Y para remate, el mismo Consejo, conformado en su mayoría por representantes de derecha, logró elaborar un texto que introduce innovaciones necesarias en muchos aspectos de nuestra institucionalidad, al mismo tiempo que respeta nuestra tradición constitucional. Seriedad que, por cierto, es reconocida hasta por la Comisión de Venecia. En otras palabras, en este caso no solo el proceso fue mejor, sino también el resultado. Por eso muchas personas de centro reconocieron que el texto es superior al que tenemos en la actualidad.

Otro punto, es el hecho de que, para gran parte de las izquierdas, aprobar el texto significa también enterrar su verdadero programa político: un proyecto que incluye plurinacionalidad, comunas autónomas y un Estado social sin subsidiariedad. Todo lo contrario a la propuesta que votaremos en diciembre, cuya característica principal es intentar proporcionar seguridad en todas las dimensiones de la vida. Para eso consagra diversas demandas ciudadanas: un Estado social y democrático de derecho, la protección de los ahorros provisionales, fortalece las fuerzas de seguridad, pone énfasis en el combate al narcotráfico, crea una Defensoría de las Víctimas e intenta frenar la inmigración ilegal. Así, podría decirse perfectamente que esta última configura una respuesta posible a las inquietudes justificadas de diversos grupos de la población que demandan seguridad y que no han sido escuchados. Aquellas mismas que las Loncones, los Atria y los Bassa nunca quisieron escuchar.