Columna publicada en La Segunda, 18.04.2016

El proceso constituyente impulsado por el Gobierno despierta múltiples dudas y reparos (ahora es el Consejo de Observadores quien se entera de todo por la prensa), pero entre ellos no se encuentra la falta de perseverancia. Así, todo indica que la lógica del cambio constitucional llegó para quedarse, en especial considerando que aquí el Gobierno juega con viento a favor. Basta recordar la nula credibilidad de nuestras principales instituciones políticas, acrecentada por los sucesivos escándalos de corrupción pública y privada.

Es iluso creer que la solución a esos y otros problemas pasa sólo por la Constitución, pero la sensación de que urgen modificaciones profundas (¿habrá que decirlo?) no emerge de la nada. En este contexto, debemos preguntarnos qué cabe esperar—y qué no— de los cabildos ciudadanos que comienzan esta semana. Se trata de una interrogante pertinente pues, tal como ha advertido Jorge Correa Sutil, por más exitosa que sea su convocatoria, en ellos inevitablemente participará un porcentaje muy reducido de la población (se habla de un 0,05% del padrón electoral). Esta sola constatación debiera moderar las expectativas desmesuradas que algunos académicos y políticos depositan en estos encuentros.

Pero hay más. El principal motivo por el que conviene sopesar los cabildos en su justa dimensión va por otro lado, y dice relación con la imperiosa necesidad de las mediaciones políticas. La ciudadanía puede ser la más indicada a la hora de denunciar las carencias de nuestra vida común, pero tal como señalara el propio Fernando Atria en Neoliberalismo con rostro humano, “esa infalibilidad desaparece en el momento del paso de la negatividad a la positividad, de la identificación del déficit a la identificación de sus causas y soluciones” (p. 105). No es seguro que Atria comprenda cabalmente cuáles son las implicancias de todo esto, pero acierta al notar que las articulaciones políticas resultan imprescindibles. Naturalmente, lo anterior no impide escuchar a la ciudadanía —de hecho lo exige—, ni tampoco excluye complementar la representación política con mecanismos más o menos puntuales de democracia directa — cuestión plausible y abierta al debate—. El punto es que dista de ser fortuito que existan elecciones, partidos y parlamentos. En rigor, la vida pública requiere coordinación, articulaciones y mediaciones, imposibles de generar en el tumulto. Nada conduce a pensar que el cambio constitucional sea muy diferente. En el mejor de los casos, los cabildos podrían ayudarnos a ilustrar el diagnóstico de nuestra situación. Pero para pesar de los más impacientes, la política siempre vuelve por sus fueros, y esta vez no será la excepción.

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