Columna publicada el 22 de marzo de 2023 por El Líbero.

En el gobierno pensaban que los indultos dejarían de ser tema luego de radicar su discusión en el Tribunal Constitucional. O que, al menos, bajaría la intensidad de la polémica. Los hechos muestran que ha estado lejos de ser así. Hay varios motivos que explican el error de cálculo de La Moneda. El primero y más evidente es que el ejercicio de esa potestad no es un asunto netamente jurídico, por más que el ministro Luis Cordero intente restringir la discusión a esa sede. Los indultos presidenciales son herramientas políticas, sobre todo en casos de alta connotación pública, y de ahí que el escrutinio pase por la pertinencia (o no) de perdonar a los beneficiados, muchos de los cuales tienen un amplio prontuario. Los informes desfavorables de Gendarmería avivan el problema, pues en varios casos, los indultados mostraban un alto compromiso delictual.

Pero hay otro hecho que profundiza aún más esta crisis: nadie en el gobierno ha sido capaz de explicar correctamente cómo fue que se tomó la decisión, ni si tenían efectivamente todos los antecedentes a la vista. Volvamos por un momento a enero. Cuando se anuncia la medida, primero faltaban dos beneficiados. Luego, al conocerse los nombres de los indultados y sus prontuarios, y frente al razonable escándalo público, la ministra Vallejo dijo que “si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista la situación hubiese sido distinta”. Eso permitió, luego, apuntar a las desprolijidades en la confección del listado por parte del Ministerio de Justicia y el exjefe de gabinete del primer mandatario. Ambos pagaron la polémica con sus renuncias.

Pero en una entrevista posterior, Manuel Monsalve, subsecretario de interior, desmontó toda esta versión: “El Presidente tuvo a la vista los antecedentes, obviamente, de las personas que iba a indultar”.

No se ve una salida fácil para el Ejecutivo: o tuvieron todos los antecedentes a la vista e indultaron de igual manera, o no sabían a ciencia cierta a quién estaban liberando. Aparece una inconsistencia evidente, en semanas en que la delincuencia y la demanda por seguridad inquietan transversalmente a la población. Lo preocupante es que el gobierno no parece siquiera tener un mapa con el cual buscar una salida, más allá de endurecer el discurso y excusarse en la narrativa jurídica. Esa desorientación se agudiza cuando los propios secretarios de Estado se contradicen entre sí y se ven superados por una decisión que adoptó el propio Presidente.

En suma, no sabemos a quién se le hizo el gesto con los indultos. ¿Cuánto influyó la arremetida de la senadora Campillay en los días previos a esa decisión presidencial? ¿Cómo explicar la aparente cercanía de Hugo Gutiérrez con algunos beneficiados? ¿Hay un avance en paz social, en comprender el 18 de octubre en toda su magnitud? ¿O se trata simplemente de un guiño hacia el ala izquierda de la coalición gobernante? Si este es el caso, ¿a qué grupos les presta atención el Presidente para tomar sus decisiones más relevantes?

Mientras estas preguntas sigan pendientes, seguirá avanzando la sensación de un país en crisis, un miedo social del cual es difícil salir cuando se generaliza. Sería una negligencia inexcusable que el gobierno, frente a sus derrotas en el plebiscito y la reforma tributaria, eligiera hacer guiños a sus facciones más radicales, arriesgando no solo el futuro de su programa, sino la escuálida fe que tienen los chilenos en la política. Si alguien hoy favorece el auge de los liderazgos tipo Bukele en el país, parece ser el propio oficialismo.