Columna publicada el lunes 30 de mayo de 2022 por La Segunda.

Apenas 11%. Eso alcanza en la encuesta Cadem de ayer la opción de que el texto de la Convención se apruebe y “se aplique tal como se propuso”. La cifra es tan baja que incluso es superada —en rigor: casi doblada— por el 20% que prefiere “seguir con la Constitución actual” (el 69% restante marca otras alternativas). Aunque las encuestas son sólo una foto del momento, los números son consistentes no sólo con el 80% del “apruebo” de entrada, sino también con la tendencia favorable al “rechazo” de salida vista en los últimos meses. La pregunta relevante es por qué la misma ciudadanía que anhela un cambio constitucional hoy reprueba el trabajo de la Convención.

Más allá del triste espectáculo de varios convencionistas —desde Rojas Vade hasta votos en la ducha—, la aguda filósofa Lucy Oporto sugería otros ejes en una reciente entrevista en El Dínamo. Ahí afirmaba que “votaré rechazo por el origen barbárico de la Convención y el texto resultante”. La segunda parte de su afirmación parece más fácil de respaldar: un texto constitucional definitivamente reprueba si no es capaz de garantizar un equilibrio básico, que evite la concentración del poder. Y el borrador, por desgracia, no lo hace. Entre la reelección presidencial, la segunda cámara disminuida, el exceso de escaños reservados, las leyes de mayoría simple de los presentes (pudiendo sesionar con 1/3) como regla general, la posibilidad de modificar por esa misma mayoría entidades como la Contraloría y el Banco Central, y el debilitamiento del poder judicial, lo menos que puede decirse es que existe un autoritarismo latente en el diseño planteado.

Pero conviene detenerse también en la primera parte de la frase de Oporto. Porque todo aquello que uno podría replicar a la idea según la cual la Convención tuvo “un origen barbárico”, partiendo por el Acuerdo de noviembre, fue olvidado o negado por el propio órgano constituyente. Jamás estuvo en su horizonte proyectar la transversalidad de ese pacto político e incluso lo miró con recelo, pese a que en ese hito y las reformas que le dieron operatividad jurídica reside el origen democrático e institucional de la Convención. La apuesta, empero, fue otra: creerse herederos del 18 de octubre, de la revuelta, del asalto de los poderes constituidos. 

Ahí se encuentra, quizá, el mayor obstáculo simbólico de quienes buscan “aprobar para reformar”. Porque sabiendo que el tema constitucional seguirá abierto post plebiscito, que urge recuperar la transversalidad política despreciada por la Convención, y que la derecha de la derecha ya perdió en el plebiscito de 2020, el problema se resume así: ¿cuál es el mejor punto de partida para retomar el ánimo del 15 de noviembre? ¿Un triunfo o una derrota del octubrismo constituyente?