Carta publicada el lunes 14 de febrero de 2022 por El Mercurio.

Señor Director:

Hace pocos días, la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención aprobó en general la garantía del aborto libre, es decir, busca hacer de él un derecho constitucional exigible. A esto se sumó su rechazo explícito de la objeción de conciencia personal e institucional. Lo lógico era dejar un asunto tan polémico y discutido al debate legislativo ordinario (donde, dicho sea de paso, hace pocos meses fue derrotada una iniciativa muy similar en materia de aborto).

Si este escenario se confirma en la comisión y en el pleno, el nuevo texto constitucional estaría excluyendo a un muy amplio elenco de ciudadanos e instituciones, laicos y religiosos, cuyos principios exigen proteger la vida del niño o niña que está por nacer. La Convención debería apuntar a unir al país en torno a propósitos compartidos; sin embargo, cada día parece alejarse más de esa posibilidad.