Columna publicada el lunes 6 de mayo de 2024 por La Segunda. En su columna de ayer, Daniel Matamala atribuye una intención inequívoca a una serie de hechos. Ya sea la “presión política” para posponer la formalización del General Yañez, o la propuesta de una amnistía para policías y militares condenados desde 2019, o la polémica sobre la justicia militar en medio del debate sobre las “reglas del uso de la fuerza”, el móvil de los parlamentarios involucrados sería uno solo. En palabras del periodista, “lo que quieren es impunidad”.Pero Matamala (y quien razona así) se equivoca. Como se advierte sin demasiada sofisticación, es cuando menos temerario atribuir una motivación única a diversos actores que se pronuncian sobre distintos escenarios o planteamientos. El mundo tiene más grises y, si queremos dialogar, conviene notarlo. Veamos un par de ejemplos.Respecto al General Yañez, hay al menos dos motivos distintos al mero afán de “impunidad” para mirar con buenos ojos la prórroga de su formalización. Por un lado, y tal como advirtió un amplio espectro político —no sólo la derecha—, después del brutal crimen de Cañete era inoportuno volver a descabezar Carabineros; y el desafortunado “criterio Tohá” vinculaba ambas cosas. Por otro lado, a la supuesta responsabilidad de mando por omisión le subyace una frágil premisa tácita: la existencia de violaciones sistemáticas de derechos humanos, descartada por los mismos informes internacionales que cita con fruición cierta izquierda. Se trata de un debate político relevante que no debe ser silenciado. En cuanto a una eventual ley de amnistía en el marco del estallido, debo reconocer que me parece una petición gruesa —serían más deseables indultos presidenciales debidamente justificados—, pero la idea no se funda en la complicidad con “torturas, mutilaciones y homicidios”. Según ha subrayado en prensa el académico de la Universidad de Notre Dame, Francisco Urbina, aquí se busca responder ante la trágica realidad de funcionarios a quienes el Estado “colocó en una situación imposible”: reprimir sin preparación ni capacitación en un contexto muy excepcional para, luego de un error esperable, hacerles asumir el costo. Es el caso del conscripto Robledo (18 años) y otros difundidos en medios. El telón de fondo de todo esto es el anhelo de un respaldo político efectivo al uso de la fuerza pública. Es la sospecha a priori ante su empleo, exhibida sin pudor desde el 18-O, lo que probablemente explica la frustrada idea de recurrir a la justicia militar para ciertos casos excepcionales de militares y policías (y sólo para ellos). Mientras no exista dicho respaldo, la oposición —y la gente— seguirá buscando alternativas. Y con razones poderosas: de esa garantía depende la vigencia del estado de derecho, el mismo que Matamala dice valorar.