Columna publicada el miércoles 17 de julio de 2024 por El Líbero.

La semana pasada, el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió por unanimidad al excarabinero Sebastián Zamora. Los fiscales, que no lograron persuadir a los jueces en la fase final del proceso, fallaron en la presentación de pruebas, peritajes y, por consiguiente, en la elaboración de su estrategia. Por un lado, el fiscal Marcelo Carrasco pareció modificar la postura inicial de la fiscalía al afirmar que Zamora no empujó al menor, sino que simplemente lo “impulsó”. Y por otro, la fiscal Ximena Chong sostuvo que el imputado empujó con dolo, porque era consciente del riesgo de realizar una detención en ese lugar (donde naturalmente podía ser linchado por los manifestantes armados).

Todo este proceso se desarrolló en circunstancias extremadamente difíciles, comenzando por la agitación octubrista de la época en que cayó casi todo el mundo político. El fallo, casi cuatro años después, contribuye a confirmar cuán errada fue la histeria colectiva que se vivió en aquel momento. Con la instalación del Gobierno de Gabriel Boric, las protestas se esfumaron y parte de la izquierda ha intentado retractarse de sus declaraciones para adoptar una postura más consistente con los ideales republicanos. De todas formas, lo positivo es que se comprobó que la víctima, Anthony, que en ese entonces tenía 16 años y era imputable, cayó desde el puente porque participaba activamente de la manifestación violenta lanzando proyectiles con el rostro cubierto. Aunque sufrió lesiones y debió ser intervenido, esto no le imposibilitó que luego fuera detenido por atacar algunas sedes de partidos políticos y el memorial de Jaime Guzmán.

Por otro lado, el actuar del Ministerio Público dejó mucho que desear. Los hechos ocurrieron la tarde de un viernes y la fiscal Chong formalizó al carabinero por homicidio frustrado solo dos días después. Además, solicitó prisión preventiva al considerarlo “un peligro para la seguridad de la sociedad” y porque había “peligro de que la actuación sea reiterada si vuelve a participar en otro operativo”. El juez Jaime Fuica, con todos los ojos sobre él, accedió a la petición de la fiscal y ordenó el ingreso de Zamora a una comisaría. En esa ocasión, todas las partes querellantes apoyaron esta medida, excepto el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que presentó una acusación de mayor calibre: agregaron el delito de apremios ilegítimos y solicitaron 12 años de cárcel.

Pero, finalmente, hoy sabemos que el carabinero de 22 años en ese entonces terminaría siendo absuelto. Tuvo que enfrentar esa difícil situación por intentar controlar el orden público en condiciones sumamente hostiles, en gran medida por la incapacidad de la clase política en su conjunto, que se movió -salvo honradas excepciones- entre la inoperancia y el peor de los oportunismo. Si bien Zamora cometió errores relevantes (ocultó, por ejemplo, su cámara personal, lo que desembocó en su baja de Carabineros), visto en retrospectiva asombra que al principio haya tenido a casi todo el mundo en su contra hasta que las pruebas y peritajes lo comenzaron lentamente a exculpar. Había, sin ir más lejos, diez abogados querellantes, la gran mayoría financiados con fondos públicos al provenir de instituciones como el el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez y el Observatorio de Derechos Humanos, entre otros. Zamora, por su parte, consiguió defenderse por sus propios medios y rechazó incluso ir a juicio abreviado.

Ahora bien, tal vez lo más intrigante sean las preguntas que deja este caso. ¿Por qué la fiscalía nunca recalificó el delito y persistió en su tesis del homicidio frustrado pese a la falta de pruebas al respecto? ¿Quién le devuelve a Zamora los cinco meses de prisión preventiva por petición de la fiscal Chong? ¿Qué responsabilidades tuvieron los superiores de Chong de la época? ¿Por qué no se presentó en la audiencia de formalización la grabación de la cámara fiscal que mantenía el Ministerio Público, que registra la detención y la caída del menor? ¿Por qué el Ministerio Público prefirió convocar una conferencia de prensa donde divulgó los antecedentes del caso en lugar de interrogar a Zamora después del incidente? Y sobre todo, ¿por qué los políticos que aprovecharon la situación para desacreditar a Carabineros y acusar delitos impunemente guardan silencio o no piden perdón?