Envalentonado por el relativo éxito de su primera incursión legislativa, el ministro Quiroz ha impulsado la nominación de una comisión asesora de doce expertos encargada de proponer una reforma al empleo público y, en su centro, al Estatuto Administrativo. La noticia tiene algo de auspicioso y algo de temerario. Lo primero, porque se trata de una de esas materias en que el diagnóstico genera amplios consensos entre los especialistas; lo segundo, porque a pesar de tal coincidencia técnica, no se ha logrado hasta ahora traducirla en una apuesta clara en sede política. Ahora se abre una nueva oportunidad y, por lo mismo, vale la pena introducir algunas prevenciones —y una dosis de realismo— sobre lo que habrá que sortear. La reforma al empleo público es, a la vez, la más difícil pero más necesaria política de Estado para enfrentar los desafíos del futuro; y esto es así ya que se llega muchos años tarde.

El problema de fondo es conocido. El Estado chileno combina “lo peor de dos mundos”: un sistema de entrada notablemente flexible —cuatro de cada cinco funcionarios que ingresan no requieren, por ley, concurso alguno en su selección— con un régimen de salida rígido. Además, durante la trayectoria laboral, las evaluaciones de desempeño no entregan información útil a la Administración sobre sus empleados ni tampoco se ofrece a ellos la posibilidad de un desarrollo real de una carrera funcionaria. De ese panorama general surgen numerosos frentes que el Estatuto Administrativo de 1989 –absolutamente superado por la realidad– no logra canalizar. Dicho panorama se refleja en el deterioro de la función pública y en la calidad de nuestro Estado.

Esta discusión, en todo caso, no parte de cero. Y lo esperanzador es que ha ido adquiriendo una creciente importancia pública. Durante este año, ha habido dos instancias transversales de conversación entre políticos y académicos sobre la materia. Una de ellas fue el seminario sobre empleo público convocado por Luciano Cruz-Coke desde la presidencia de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado, que contó con la participación de la ANEF, del gobierno y de varios expertos. En esa oportunidad se revisaron datos preocupantes, por ejemplo, que Contraloría haya constatado que uno de cada cinco empleados municipales no figura en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER), pese a la obligación legal de informar («funcionarios fantasma»). También, de la inquietante alza del ausentismo laboral; la cifra de 17,3 días por trabajador en 2006 pasó a ser de 31,8 días en 2023. Pero, además, se confirmó el consenso técnico frente a la necesidad de reemplazar el sistema vigente y unificar los regímenes de contratación hoy dispersos en torno a dos estatutos básicos: uno para la administración del Estado propiamente tal, caracterizado por la estabilidad, y otro para el personal de gobierno, donde prima la confianza política y, por tanto, la flexibilidad.

Una segunda instancia fue un conversatorio realizado en el Instituto de Estudios de la Sociedad en torno a un documento sobre la materia, que reunió al exministro Luis Cordero y al subsecretario Máximo Pavez, cuyas miradas combinan también la academia y la política. En aquella conversación se sinceraron verdades incómodas que cualquier reforma seria tendrá que asumir. Por ejemplo, el hecho de que el propio Congreso contribuyó a este entuerto, o al menos lo agudizó, al ir parchando los vacíos normativos año tras año por la vía de la ley de presupuestos y de la ley de reajuste del sector público. Si bien aquello es digno de reproche, da cuenta de la dificultad de hacer cambios estructurales en cuestiones tan arraigadas en el proceder cotidiano del Estado. Por último, se recalcó la importancia de resistir la tentación demagógica al reformar, porque un Estado que aspira a funcionar bien necesita ofrecer remuneraciones e incentivos capaces de atraer y retener talento, con particular urgencia en las regiones y comunas alejadas, donde el capital humano escasea.

A aquel realismo se agrega el escepticismo moderado que debiera imperar en la tramitación legislativa, no solo por lo titánica que resulta la tarea de reformar la estructura misma del Estado, sino también por la resistencia que ello provoca. Especialmente, en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), cuya actitud –tanto en el seminario del ex Congreso, como cada vez que el asunto se instala– oscila entre lo defensivo y lo intransigente. Esto no niega el hecho de que varios de sus reparos resultan atendibles.

De todo lo anterior se desprende una conclusión más bien sobria. Precisamente porque el consenso técnico no basta, la reforma exigirá un trabajo genuinamente transversal, capaz de sumar a los propios funcionarios, pues de esa amplitud dependerán su legitimidad y durabilidad. Y, si la empresa mayor fracasara, quedaría todavía la necesidad de al menos una ley corta que atienda lo más urgente y consensuado —la prohibición del régimen a honorarios cuando existe verdadera relación de subordinación y dependencia, por ejemplo.

Ahora bien, una cosa es moderar el entusiasmo, y otra negar el valor de que el gobierno haya decidido dar prioridad al asunto. El verdadero examen vendrá después, cuando esas propuestas deban abrirse paso en el Congreso y se compruebe si la amplitud con que hoy nace el proceso resiste el paso por la política. Si ella está dispuesta, en el fondo, a cumplir su papel.