Han sido semanas difíciles para el gobierno y las fuerzas oficialistas debido a roces en diversos temas, que evidencian la dificultad de articular una coalición en torno a un proyecto común. Pese a los esfuerzos del Presidente, sus ministros más políticos y otros líderes de partidos, la empresa no ha sido fácil: en varias ocasiones esos esfuerzos se han visto frustrados, y en varias ocasiones los obstáculos han sido puestos por miembros del Partido Republicano, tienda a la cual renunció José Antonio Kast el pasado 11 de marzo.

Sus parlamentarios han protagonizado varios episodios conflictivos, siendo el más ilustrativo la fallida acusación constitucional a Nicolás Grau. Ahora, la presentación por parte de parlamentarios libertarios, republicanos e independientes de un proyecto de ley de indulto general vuelve a incomodar al gobierno y al Presidente, que ha decidido esperar para utilizar su facultad en la materia. En dicho contexto, el pasado domingo en una entrevista a La Tercera, el diputado republicano Sebastián Zamora explicitó la estrategia: “no vamos a esperar los indultos del presidente, vamos a presionarlos desde el Congreso», afirmó.

En particular, lo que propone el artículo promovido por los parlamentarios es “conceder indulto general a todos los miembros, en servicio activo o en retiro, de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI y Gendarmería que hubieren participado, en cumplimiento de sus funciones, en operativos desarrollados desde el 18 de octubre de 2019″. Un indulto general, sin distinción de caso ni de conducta, mientras (a sabiendas de que) el Presidente ha declarado en múltiples ocasiones que piensa hacer uso prudente de la herramienta, estudiando cada caso en particular. Sin embargo, el alcance del proyecto pone en aprietos su pretensión de no polemizar en torno a temas ideológicos, pues el gobierno debe sostener un equilibrio precario entre sus distintos miembros. Los parlamentarios impulsores del proyecto lo saben, pero empujan decididamente al gobierno en esa dirección. En rigor, varios de ellos están molestos por el espíritu conciliador y enfocado en los temas prioritarios que cultivan en La Moneda. Pero ser el principal partido de gobierno exige una disciplina y lealtad mayor con este, cuestión que el presidente de la colectividad, Arturo Squella, debiese reforzar con mucho más ímpetu.

En la misma entrevista a Zamora aparece un segundo ejemplo por parte de la tienda republicana que ilustra dicho espíritu. Al ser interrogado por la propuesta de reforma al INDH del gobierno, que no contempla suprimirlo, el diputado responde que la bancada ya decidió la posición de poner en la mesa el debate de la eliminación del organismo. Mientras el Ejecutivo prepara una reforma que busca reconducir la institucionalidad de DD.HH. hacia una visión transversal, la bancada del Presidente busca suprimirlo: ¿Votarán entonces en contra del eventual proyecto? ¿No hay instancias políticas en las que estos temas se discutan y zanjen antes de llegar a la luz pública? El libreto se repite y nuevamente vemos a parlamentarios del partido del Presidente impulsando o apoyando iniciativas polémicas y divisorias que torpedean a su propio gobierno (un ejemplo adicional: haber promovido el proyecto «Escucha su corazón» en los términos que se hizo).

Una cosa es que los libertarios encarnen aquella disposición, sin embargo, resulta mucho más grave que esa actitud provenga del propio Partido Republicano, la “casa” de José Antonio Kast. Cuando no los propone, dicha tienda se sube raudamente al carro de los proyectos que tensionan a los objetivos del gobierno. De hecho, el propio Kast parece consciente y molesto con la situación. Así lo dejó ver en la Cámara de Comercio de Santiago, cuando cuestionó el priorizar discusiones «que sacan titulares pero que no siempre aportan». El diputado republicano Agustín Romero respondió que tienen derecho a impulsar la agenda ideológica de un sector importante de la población. Nadie discute ese derecho que, bien ejercido, constituye un aporte. Con todo, como aseveró Jorge Alessandri en Radio Pauta, debe existir conciencia de que tal «derecho» tiene un costo: el de horadar las posibilidades que tiene el gobierno de hacer bien su trabajo.

Además, una cuestión estructural agudiza el problema, pues no existe una vocería única ni una estrategia que ordene el relato. Ante la dispersión, toman fuerza estas polémicas y el gobierno no sabe —ni puede— distanciarse de ellas.

Es legítimo que los republicanos quieran proyectar su identidad y fuerza electoral más allá de esta administración. Sin embargo, si buscan figurar pensando en la próxima elección, el cálculo está mal hecho. En efecto, los chilenos medirán los méritos de las derechas para darles el voto según cómo le vaya al gobierno, no por el protagonismo performativo de sus parlamentarios en el Congreso. Un gobierno entorpecido por discusiones sin norte e iniciativas testimoniales, desviado de su tarea y con mala evaluación, terminará afectando a todo el sector político, sobre todo al partido del Presidente. Aquí no se trata solo de una cuestión de lealtad y de nobleza política, hay además un problema de visión y de estrategia (y ahí toma relevancia el rol que podría ejercer Squella). La meta sigue siendo estabilizar Chile y recuperar una senda de orden y de esperanza, y ese éxito se medirá en si se entrega la banda presidencial a un candidato del mismo sector. Republicanos tiene liderazgos positivos a los que deben subir el volumen, como Arrau y Wulf. Tal vez en eso deban concentrar sus esfuerzos.