Este 4 de septiembre, se cumplen cuatro años desde que el 62% del electorado —casi ocho millones de personas y una amplia mayoría en todas las regiones— rechazó la propuesta constitucional de la Convención. A propósito del debate actual sobre iliberalismo, conviene recordar qué contenía aquel texto y quiénes estuvieron dispuestos a aprobarlo.

Fareed Zakaria utilizó el concepto de “democracia iliberal” para describir regímenes cuyos gobernantes llegan al poder mediante elecciones, pero luego debilitan el Estado de derecho, la separación de poderes, la independencia judicial y las libertades básicas. Una república democrática no consiste solamente en contar limpiamente los votos (por fundamental que esto sea): exige también limitar el poder.

Mirada bajo ese estándar, la propuesta de 2022 contenía notorios rasgos iliberales que erosionaban las instituciones de nuestra república. A partir de una retórica inspirada por tendencias poscoloniales eliminaba el Senado y lo sustituía por una Cámara de las Regiones (plurinacional) considerablemente más débil. Entregaba el nombramiento, gobierno y disciplina de los jueces a un Consejo de la Justicia (plurinacional) en que estos eran minoría, exponiéndolo a la captura política. Reconocía sistemas jurídicos indígenas que coexistirían “en un plano de igualdad” con el “sistema nacional de justicia”, tensionando la igualdad ante la ley. Permitía la reelección presidencial inmediata dentro de una institucionalidad con contrapesos debilitados —un riesgo que la experiencia latinoamericana aconsejaba evitar—; y establecía que las reformas sustanciales al sistema político y los derechos fundamentales debían someterse a un referéndum, salvo que obtuvieran un quorum de dos tercios.

Ninguno de esos elementos, considerado aisladamente, basta para calificar todo un sistema político. El problema era su efecto acumulativo: debilitamiento de los contrapesos, riesgo de politización de la justicia y fragmentación de la ciudadanía común. De ahí que se expresaran múltiples advertencias e inquietudes al respecto, más allá de las derechas. Por mencionar sólo algunos ejemplos, Belisario Velasco, Baldemar Carrasco y Jorge Donoso —integrantes del histórico Grupo de los 13 DC que se manifestó contrario al golpe de Estado— afirmaron que la propuesta contenía artículos que atentaban gravemente contra los valores y principios que siempre habían defendido.

Sin embargo, prácticamente toda la izquierda llamó a aprobarla. La misma izquierda que hoy emplea profusamente el concepto de iliberalismo y mantiene como aliado al Partido Comunista (una colectividad que continúa declarándose marxista-leninista y defiende la dictadura cubana). A ello se suma la ambigüedad con que parte de ese sector ha enfrentado los autoritarismos de Venezuela y Nicaragua.

Cuatro años después, algunos presentan aquella propuesta como un texto que simplemente tenía “problemas”. Fue bastante más que eso. Es verdad que las iniciativas que contrarían un adecuado equilibrio de poderes no son patrimonio exclusivo de un solo sector (lo hemos visto estos días). Pero lo cierto es que desde 1990 nuestra república jamás había experimentado un riesgo tan grande de erosión democrática y concentración del poder como el que suponía el proyecto de la Convención. El cuarto aniversario del Rechazo es un momento propicio para recordarlo.