Esta semana se cumplen cuatro años del Rechazo, una fecha que debiera unir a las fuerzas oficialistas en torno a un hito que, con casi todo en contra, evitó un descalabro institucional de proporciones. Sin embargo, en los días previos se ha enrarecido el ambiente. La discusión sobre la controvertida reforma constitucional de seguridad dejó varias recriminaciones cruzadas entre las derechas, mientras las izquierdas se daban un festín en los medios denunciando su carácter “iliberal». Pero algo digno de destacar y que ha pasado relativamente desapercibido en medio de la polémica, es que han reaparecido varios “apruebistas” a reivindicar el proyecto de la fallida Convención.

Siguiendo la argumentación de Claudio Alvarado (IES) y Sebastián Soto (CEP), el mayor daño efectuado por la presentación de la reforma, más que su contenido, ha sido reabrir la discusión constitucional más allá de cuestiones puntuales. Ante las acusaciones de autoritarismo, las derechas –con justa razón– han intentado desactivar aquellas críticas apelando a la que fue la mayor afrenta a las instituciones republicanas en nuestra historia reciente: el proyecto de la Convención de 2022. Al verse interpelados –y aprovechando un nuevo aniversario de la derrota que aún no procesan–, los defensores de aquel proyecto han comenzado a desplegarse con los mismos argumentos mañosos de hace cuatro años. Así, el error del gobierno permitió a los promotores del Apruebo, que hasta hace poco renegaban o minimizaban su rol en el proceso, volver a sentirse envalentonados y en posición de dar cátedra sobre qué es lo mejor para la institucionalidad chilena. El ejemplo que mejor retrata tal espíritu es la carta publicada el lunes recién pasado por las constitucionalistas Tania Busch y Leslie Sánchez en El Mercurio. En aquella aseveran –respondiendo a los dichos de Juan Luis Ossa acerca de la “iliberalidad” de la Convención– que el proyecto no eliminaba contrapesos institucionales, sino que los fortalecía, y que el proyecto, en general, significaba un avance en participación y deliberación. No obstante, ninguna de las afirmaciones se sostiene al repasar el borrador rechazado.

Sobre el supuesto fortalecimiento de los contrapesos, la arquitectura general del poder que se proponía demuestra lo contrario. El proyecto suprimía al Senado y lo reemplazaba por una Cámara de las Regiones muy disminuida en atribuciones; además, la Cámara baja podría aprobar la mayoría de las leyes con mayoría simple de los presentes y se eliminaba la iniciativa exclusiva presidencial en materia de gasto. El Presidente quedaba absolutamente debilitado frente a este unicameralismo de facto. Sumado a lo anterior, a la cabeza del Poder Judicial se creaba un Consejo de la Justicia con minoría de jueces, cuyo diseño lo dejaba expuesto a la captura política de sus integrantes.

Ahora, acerca de la segunda afirmación (que el proyecto avanzaba hacia una “institucionalidad más participativa y deliberativa»), la respuesta es más compleja, pero igual de categórica. El borrador contemplaba múltiples mecanismos de democracia inspirados en los populismos/autoritarismos latinoamericanos y su instrumentalización por parte de ellos, como bien ha estudiado David Altman. La participación que se promovía era en realidad una ilusión en el contexto de un Estado asfixiante en muchos sentidos. De ahí que el proyecto haya encarnado a la perfección dos de las patologías democráticas advertidas tempranamente por Alexis de Tocqueville: la tiranía de la mayoría, en que la voluntad popular se impone sin mediación; y el despotismo democrático de un poder tutelar que no se presenta como tiranía abierta, sino que promete proteger a los individuos mientras los subordina.

En ese sentido –y sin ánimo de minimizar los graves problemas de la reforma constitucional de seguridad–, un poder abiertamente discrecional como el del estado de excepción planteado habría resultado de todas formas preferible (y más fácil de enfrentar) a la complicada arquitectura de la Convención. Por otro lado, todo este ingrato episodio tras la presentación de la reforma –incluyendo una fuerte y justificada reacción crítica de parte del propio sector– ha dejado en evidencia que los políticos e intelectuales de derechas se muestran bastante más dispuestos a pagar costos y enmendar sus errores que las izquierdas en 2022, que se mantuvieron poco receptivas y se burlaron del “coro catastrofista” hasta el final.

Para esta nueva conmemoración del triunfo del Rechazo, entonces, hay que hacerse cargo de la reforma constitucional de seguridad en su propio mérito y con la cautela que toda la discusión merece. Pero eso, en ningún caso, puede permitir un blanqueamiento del proyecto de la Convención, ni ahora ni hacia adelante. Y junto con no borrar de la memoria colectiva lo que se intentó hacer en 2022, vale la pena recordar la otra cara de esa historia. Lo que el sector logró durante la campaña del Rechazo, al unir fuerzas y trabajar sin peleas ni distracciones por el bien de Chile, fue histórico. Sería una lástima perderlo justo ahora que llegó al poder.