En carta publicada en este medio (martes), Javier Silva Müller subraya la contradicción que existiría en el gobierno por empujar iniciativas para contener la crisis demográfica y, al mismo tiempo, concurrir al Congreso para dar prioridad al proyecto que busca prohibir la maternidad subrogada. Se trata de un argumento recurrente que asume que el Estado es un actor neutro que debe limitarse a garantizar condiciones reclamadas por los individuos. En palabras de Silva: “regular una realidad que ya existe”. Lo que olvida su planteamiento es que en estas cuestiones se cruzan dilemas normativos con efectos concretos, que si nos atrevemos a considerar revelan que la contradicción acusada no es tal: enfrentar la caída en la natalidad y oponerse a la maternidad subrogada es, de hecho, coherente con un compromiso sustantivo con los derechos humanos.

En este sentido, aspirar a que más personas puedan formar familia es un fin legítimo y valioso, pero que no justifica por defecto cualquier medio para alcanzarlo. La maternidad subrogada involucra el cuerpo de las mujeres como objeto de un contrato y compromete el derecho de los niños a conocer su origen y a no ser objeto de intercambio comercial, algo que no se resuelve simplemente invocando el argumento demográfico. Es lo que sugiere el reciente informe de la ONU (un organismo que nadie tildaría como “conservador”): la maternidad subrogada ha dado forma a un mercado mundial del que Chile debe resguardarse, protegiendo la dignidad de las mujeres y los niños.

La indispensable pregunta por cómo ayudar a que más personas puedan formar familia implica buscar cómo abrir puertas, pero también identificar cuáles son las correctas conforme la dignidad de los involucrados. En ese sentido tenemos ejemplos a seguir: los países que mejor han enfrentado la baja natalidad lo han hecho con otro tipo de políticas, no mercantilizando la maternidad. Esperemos que al gobierno lo mueva ese mismo horizonte.