Hace una semana se conmemoró un nuevo aniversario del plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Puede que esa elección sea la más importante de las últimas décadas, no solo porque la mayoría de la ciudadanía reconoció el valor de lo que ha conseguido el Chile posdictadura, sino también porque fijó un nuevo tablero político para el futuro. Por un lado, se encuentra un grupo que apoyó, con más o menos matices, la refundación de las instituciones, y por otro, uno que se resistió a ese cambio radical. 

Pese a eso, diversas voces del primer grupo aún no han logrado (o no han querido) realizar un diagnóstico sincero de lo que pasó ni elaborar autocríticas sobre su actitud en ese periodo. Prefirieron mantener una postura de empate, tratando el segundo proceso constitucional en los mismos términos que el primero. De esa manera, las izquierdas tendrían igual responsabilidad que las derechas en su incapacidad de ofrecer respuestas a la ciudadanía. Sin embargo, se trata de una comparación difícil de sostener: en el primer proceso, una parte relevante de la izquierda que gobierna el país intentó romper nuestras tradiciones republicanas; en cambio, el segundo proceso simplemente no logró la adhesión para llevar a cabo una reforma constitucional debido en gran medida a la fatiga constitucional, al trauma que generó la Convención y, desde luego, a los propios errores de los consejeros de derecha. Problemas importantes, sin duda, pero muy distintos a los que adoleció el proceso que terminó el 4S.

Si bien los protagonistas del segundo intento liderado por Republicanos junto a Chile Vamos tuvieron grandes responsabilidades, esas deficiencias no estuvieron al mismo nivel que las de la izquierda decolonialista, ecocéntrica y antipartidos. La principal diferencia radica en que esta última intentó transmitir a la ciudadanía que la solución al llamado “malestar” se encontraba en la redacción de una nueva Constitución y no, cómo propuso Piñera en su tiempo, en un enorme paquete de reformas sociales por vía legislativa. En otras palabras, las izquierdas intentaron vincular cualquier descontento ciudadano hacia lo que se denominó el “modelo de desarrollo”. Si usted por cualquier motivo vivía infeliz, se debía a alguna dimensión del “modelo neoliberal” consagrado en la "Constitución de Pinochet". Por tanto, al farrearse el proceso también demostraron frivolidad hacia los problemas de las personas.

Recordemos que la Convención Constitucional tuvo prácticamente libertad total para actuar. Mientras grupos de académicos buscaban resquicios legales para declararla “autónoma del poder constituido”, las mayorías internas renunciaron a negociar con los adversarios, ya que la izquierda superó ampliamente los 2/3 necesarios para aprobar cualquier norma en el pleno. Además, no enfrentaron restricciones respecto a contenidos, pues se trabajó desde una hoja en blanco que les permitió innovar y llevar al papel cualquier idea, por extravagante que fuera. Tampoco buscaron el respaldo de los grupos de interés del establishment (partidos, gobierno, grupos empresariales); de hecho, la estrategia fue agudizar el conflicto élites versus pueblo, asumiendo que ellos eran los voceros de este último. De ahí surgió el famoso cántico de finalización del trabajo de los convencionales: “el pueblo unido, avanza sin partidos”.  

En cambio, el segundo proceso tuvo que enfrentar el descontento popular y el escepticismo de la ciudadanía hacia los cambios promovidos “desde arriba”. Los filtros institucionales ahí fueron robustos para evitar lo que había ocurrido en el primer intento. Por eso, se establecieron los famosos “bordes”, fruto de un acuerdo entre derechas e izquierdas y se crearon diferentes etapas e instituciones que mezclaban el saber experto y la elección popular. Sin embargo, ni los expertos lograron convencer a la ciudadanía, ni luego los consejeros lograron revertir ese descontento y oposición. 

Si bien ambos sectores deben reflexionar a más de dos años del 4 de septiembre, la izquierda prefirió omitir cualquier autocrítica sobre la actitud que mostró durante el estallido y su farra que costó miles de millones. En ese sentido, quizás el logro más significativo del primer proceso constitucional es que la izquierda refundacional constató a su pesar que no conocía bien al pueblo del que tanto hablaba. Aunque prefieren excusarse en las “fakes news” y callarlo ahora, en el fondo saben que su diagnóstico de tantos años estuvo errado. Quizá eso explica su estado de negación.