Columna publicada el lunes 8 de abril de 2024 por La Segunda. ¿Qué ha pasado con la Araucanía? ¿Qué lugar ocupa en la discusión nacional? ¿Qué importancia tienen sus comunas de cara a las próximas elecciones municipales? La respuesta a preguntas como estas parece obvia: preocupaciones que por largo tiempo estuvieron en el corazón de la discusión nacional se han esfumado casi completamente, y la ausencia de propuestas por parte de la actual administración es objeto de crítica transversal. ¿Cómo explicarnos este hecho? La explicación para este colosal cambio parece encontrarse en al menos tres elementos. El primero es la obvia reacción a los excesos de la Convención Constitucional de 2022. Las banderas mapuches decoraban todo el país en el tiempo que siguió al estallido, pero su asociación con ese ciclo político resultó fatal. Por mucho que el voto mapuche haya sido del más enfático rechazo al proceso, es una ley de la vida que movimientos como el de la Convención producen una fuerte reacción. A un mundo que trataba la etnia como categoría protegida y que empujó una plurinacionalidad sin límites le ha seguido así el fastidio o al menos el total desinterés por el destino de la región. La segunda explicación parece ser de naturaleza algo distinta. Porque no importa cómo uno pensara que debía abordarse las preocupaciones del mundo mapuche, lo cierto es que la mayoría de los chilenos tenía una viva conciencia de la violencia padecida, real o potencialmente, por todos los habitantes de la zona. Cuando semana tras semana se leía de ataques incendiarios que acababan con lugares productivos, con escuelas e iglesias, cuando se escuchaba de atentados que infundían terror en la población, no se podía sino estar genuinamente preocupados. Pero cuando fenómenos comparables se extienden al resto del país, cuando de Arica a Punta Arenas se vuelve palpable la preocupación por secuestros, extorsiones y asesinatos, difícilmente una región sola retendrá nuestra atención. Y junto con la expansión de la violencia al resto al país, está el tercer factor: el hecho de que esta además se ha reducido en la macrozona sur. ¿Por qué? La detención de Héctor Llaitul puede haber sido importante, pero la región vive además en un estado de excepción permanente. Pocos nos enteramos siquiera de que el estado de excepción constitucional de emergencia fue renovado por última vez una semana atrás. Se considere esto bueno o malo, el hecho es que se procede ya de modo automático. El país parece así acostumbrado a que al menos esta zona se gobierna Fuerzas Armadas mediante, un hecho que difícilmente sería aceptado por el actual gobierno ejerciendo de oposición. ¿Cabe pensar que algo así es sostenible en el largo plazo?