Moros y cristianos han comentado que si José Antonio Kast llegó a La Moneda fue en gran medida por su consistencia. En particular, su crecimiento electoral desde 2017 fue de la mano de su constante reivindicación del estado de derecho (y por eso es ilógico caricaturizarlo como un exponente más del “iliberalismo” o la “ultraderecha”). Así, el mandatario ha insistido en que uno de sus principales propósitos es reestablecer el imperio de la ley en todo el territorio nacional. Y precisamente por ello es insólito que bajo este gobierno —resolución del SII mediante— se regularice de facto a las plataformas extranjeras de apuestas en línea a través del cobro de impuestos. 

Es necesario recordar que en Chile los juegos de azar requieren autorización legal expresa; que actualmente el Congreso Nacional discute una ley relativa a las apuestas online; que por ahora nada ha cambiado desde que la Corte Suprema declaró la ilegalidad de esas plataformas; y que por su ilicitud el propio SII ya las excluyó de un régimen simplificado de tributación en 2023. Sin duda existe hace años una desidia generalizada al respecto —basta pensar en los auspicios del fútbol—, pero desde un punto de vista jurídico sencillamente no se sostiene el argumento invocado por el Ministerio de Hacienda (el deber de “recaudar los hechos que están gravados”). 

Ahora bien, el principal defecto de la polémica resolución del SII es de índole política, y consiste en su contradicción con el proyecto más amplio que ha delineado el presidente Kast. De hecho, antes del cambio de gabinete y la exitosa cuenta pública el gobierno había tenido dificultades para explicitar una hoja de ruta más allá de los temas económicos. Si esa carta de navegación comenzó a observarse fue gracias no sólo a la indispensable reposición de la agenda de seguridad de las últimas semanas, sino también a que en el mensaje del 1 de junio emergió un horizonte mayor, resumido en la frase “sin orden no hay libertad”. Pero, ¿cómo conjugar ese noble ideal o las referencias a Portales y Bello con la validación de facto de estas plataformas? ¿De qué tipo de orden se trataría?

El problema aumenta si consideramos el modo en que todo esto pugna con la rehabilitación de la familia como sujeto prioritario de las políticas sociales. “Tenemos que darles señales muy claras a las familias chilenas de cómo queremos apoyarlas”, decía con lucidez la ministra Wulf ayer en El Mercurio. Pero ¿qué clase de señales ofrece el gobierno respecto de las apuestas en línea y sus consecuencias en términos de adicción juvenil y un largo etcétera? Aún es tiempo de corregir y no validar por la vía de los hechos algo de lo que el presidente Kast y sus ministros se arrepentirán el día de mañana en caso de no rectificar.