Columna publicada el martes 30 de enero de 2024 por El Líbero.
Se han apropiado de calles, poblaciones, carreteras y vidas. Con sus armas de guerra, nuevos soldados, propiedades y mejores vehículos, el narcotráfico se vuelve más rico y poderoso cada día que pasa. En abril de 2023, el economista Sergio Urzúa calculó que los narcos de nuestro país producen alrededor de $16.000 millones de dólares al año. En otras palabras, están moviendo un 5% del PIB o, en términos gráficos, casi la mitad de lo que produce toda la minería nacional en un país minero.
A vista y paciencia de todos, el crimen organizado se convirtió en un verdadero imperio que debe ser desarticulado cuanto antes, en todas las aristas y por todos los medios posibles. Al no pagar impuestos, no seguir las leyes y vender productos tan adictivos como dañinos, su capacidad de crecimiento supera por lejos a cualquier actividad productiva lícita. Según un estudio de Gabriela Pizarro y Pablo Arriagada en 2021, en sólo una década el narco duplicó sus zonas de control: de 80 territorios pasaron a dominar 174, y solo en la Región Metropolitana. A este paso, en pocos años más los narcos controlarán todos los servicios locales que deseen.
Recordemos que el narcotráfico tal vez sea el negocio más sucio y lucrativo del mundo, y en Chile tiene todos los incentivos para crecer sin detenerse. Ante la poca preparación para enfrentarlo, los insuficientes esfuerzos legislativo y sus nuevas formas de operar cada vez más sofisticadas, el Estado está hoy en jaque. Las bajas probabilidades de que se castigue, pasos fronterizos fáciles de cruzar, poder adquisitivo comparativamente alto dentro de la región y un sistema penal colapsado forman parte de un país con condiciones idóneas para la proliferación del crimen organizado. El crecimiento en Chile se estancó y la inseguridad se agravó; mientras, el narco obtiene más dinero y más seguridad. Si personas que no pertenecen a bandas criminales pueden mover droga casi libremente por aplicaciones de citas -como Grinder y otras-, más aún intentarán ocupar espacios similares los carteles más grandes y peligrosos de Latinoamérica. El asentamiento de células pertenecientes al Tren de Aragua o el Cartel de Sinaloa ya dejaron de ser una sorpresa.
El problema sólo aumenta, en grado y complejidad. A medida que el narco empieza a crecer, mantiene su negocio a fuerza de influencias por coerción o compra. Es su progresión natural. De tal forma, coopta a autoridades que están encargadas precisamente de combatirlo, haciendo que cada vez sea más complejo detenerlo. Ya lo confirmó el vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, quien recomendó pactar con estos grupos para trabajar en las poblaciones. El mismo Partido Socialista tuvo entre sus miembros al alcalde de San Ramón, que operaba con grupos de narcotraficantes. Si algunas municipalidades ya han dado muestras de cooptación de funcionarios y servicios públicos, no es extraño que dentro del Estado central comience a ocurrir lo mismo.
Nos enfrentamos a un imperio económico criminal y es momento de empezar a dimensionarlo. Por lo mismo, las fórmulas bienintencionadas, difusas y repetidas ya no sirven. El narco adquirió tal nivel monetario y de poder de fuego, que es imposible combatirlo mediante “reformas procesales” o más “inteligencia para las policías”. La única manera de enfrentarlo hoy es con mano dura a través de una nueva legislación, con todo lo que eso significa. Lo peor es que nadie se atreverá a pagar los costos políticos, humanos y monetarios que esa acción significa. Eso, desde luego, hasta que sea demasiado tarde.
