Columna publicada el martes 2 de enero de 2024 por El Líbero.

A pocas semanas del triunfo del En contra en el plebiscito, persisten las recriminaciones al interior de la derecha. Entre dichos reproches destaca el hecho de que miembros de Chile Vamos responsabilizan a Republicanos de haber adoptado un enfoque maximalista, llevando así el proceso a su fracaso. La premisa subyacente es clara: a través de una «Constitución de consenso», podría haber existido la posibilidad de que la propuesta constitucional fuera aprobada.

La posición merece ser examinada. Es posible que una propuesta consensuada dificultara (o retrasara) un poco más el rechazo de la izquierda. Sin embargo, también debe reconocerse que incluso si el oficialismo hubiese mostrado mayor apertura al diálogo y luego a la aprobación del texto, nada aseguraba que sus bases ni la ciudadanía respondieran a esa convocatoria. De hecho, era casi imposible que el 30% que respalda contra viento y marea al Presidente Boric adhiriera a una propuesta elaborada por un órgano con mayoría republicana. Los costos y la probabilidad de castigo simplemente eran muy altos. Dicho de otro modo, es probable que la posición de buena parte de la izquierda se haya fijado el 7 de mayo, luego del triunfo de republicanos en la elección de consejeros.

Además, hay un dato clave: muchos de los motivos detrás de las izquierdas para rechazar la propuesta constitucional nunca fueron jurídicos, sino que se basaban en argumentos políticos que buscaban deslegitimar la propuesta. Si bien hubo discusiones jurídicas pertinentes sobre varios artículos del texto, estas sólo sirvieron como medio para expresar el descontento que se basaba más en la composición del órgano constitucional que en criterios de diseño constitucional. Dicho descontento respondía, entre otros motivos, a que la aprobación de una Constitución nacida en democracia habría legitimado al Partido Republicano y a Chile Vamos, primero como una posible alianza, y segundo como una fuerza capaz de gobernar y negociar acuerdos necesarios para el país. De nuevo, convenía más rechazar.

Ahora bien, tras los resultados del plebiscito igualmente se puede concluir que Republicanos falló en su estrategia política. La decisión de someter al gobierno a plebiscito no fue la opción más acertada ni lo que Chile requería en un momento de polarización. Tampoco lo fue el intento de satisfacer a ciertos grupos de la sociedad con propuestas de nicho o ajenas al campo estrictamente constitucional, como la exención de contribuciones y la llamada “enmienda de Punta Peuco”. En ese sentido, la estrategia resultó ser poco hábil; sobre todo teniendo presente que la izquierda, al parecer, esperaba la aparición de artículos en que los republicanos hicieran valer su mayoría para poder abandonar el proceso. Y los consejeros de derecha cayeron en ese juego no una vez, sino en varias ocasiones, no sólo en el contenido del texto, sino también con declaraciones torpes que no contribuyeron a crear un ambiente de protección.

Es importante recordar que, a diferencia del primer proceso constituyente, el segundo comenzó con altos niveles de rechazo (casi un 80%). El panorama era complejo desde antes de que el Consejo empezara a sesionar. El fracaso de los apologistas del cambio constitucional de izquierda en el primer proceso hizo evidente para la ciudadanía que la nueva Constitución no resolvería sus problemas más apremiantes.

Asimismo, los cambios de opinión José Antonio Kast y su partido en cuanto al cambio constitucional tampoco contribuyeron a que los ciudadanos se volcaran a las urnas y reconocieran la importancia del cambio de Constitución. El problema principal reside en la impugnación radical previa al 7 de mayo, que luego dificultó la conducción política del proceso. En este sentido, todavía queda mucho por analizar.