Columna publicada el domingo 17 de diciembre de 2023 por El País Chile.
Chile finalmente inicia su periodo de “vacaciones constitucionales”. Los resultados y las encuestas de opinión indican que este descanso del debate constitucional será respaldado por la mayoría de la clase política con poder de decisión. Las cifras son claras: casi un 60% rechazó en septiembre pasado el proyecto refundacional de la Convención Constitucional, y ahora un número un poco menor hizo lo mismo con la propuesta elaborada por los comisionados expertos y el Consejo Constitucional. Dos procesos incapaces de lograr su objetivo, que emplearon recursos, concentraron la atención de los políticos y desviaron la agenda de las llamadas “prioridades ciudadanas”. ¿Qué ocurrió en estas últimas elecciones? ¿Cómo interpretar el sentir ciudadano a raíz de los resultados recientes? ¿Cuál es el rumbo de Chile a partir de ahora?
Fatiga constitucional
Un primer motivo es la advertida “fatiga constitucional”, repetida con frecuencia pero no por eso menos cierta. Es verdad que en 2020 el 78% de los votantes estuvo de acuerdo con una nueva Constitución. Sin embargo, la vuelta al voto obligatorio, los actuales tiempos de crisis, las urgencias y el delicado momento nacional marcado por la incertidumbre económica y el aumento de las tasas de delitos, parecen haber modificado ese anhelo. El peligro latente de una refundación nacional impulsada por el primer órgano constituyente, dominado por actores de ultraizquierda y elementos radicalizados de los pueblos indígenas, revivió eso que el famoso cantautor popular, Osvaldo “Gitano” Rodríguez, denominó como “el miedo inconcebible a la pobreza”. En otras palabras, en este proceso, al igual que en el anterior, una gran mayoría de los chilenos optó por mantener el estatus quo como la alternativa segura para resguardar el progreso material alcanzado por amplios sectores de la población. Y cualquier atisbo que pudiera afectarlo, fue visto como negativo.
Ciudadanía ignorada
Un segundo motivo es que la ciudadanía castiga a los órganos que deciden ignorarla. Algunos factores como la configuración del calendario electoral y la palabra empeñada de ciertos actores por una “nueva y buena Constitución”, hicieron que la clase política decidiera continuar con el proceso sin ningún tipo de consulta, lo que alejó su interés y su futura colaboración. Diversos líderes de opinión, de hecho, lo tildaron como una “cocina” o un “secuestro”. Amplios sectores mantuvieron firme su posición de rechazar el texto, a pesar de los intentos del Consejo por atraer a diferentes grupos con algunas disposiciones y beneficios. En esta instancia, al igual que en la anterior, se olvidó una de las principales demandas de los últimos tiempos: la participación popular. Así, con este nuevo fracaso, la clase política sigue sin conectar de buena forma no solo con los problemas, sino también con los medios que las personas consideran útiles para resolverlos.
Voto de castigo
Según diversos sondeos de opinión (como la encuesta CEP, que indica que un 70% prefiere los consensos), la ciudadanía valora cuando los actores políticos renuncian a sus posiciones de nicho en busca de grandes acuerdos. En este sentido, tanto el Consejo Constitucional (que se empeñó en incluir disposiciones que la izquierda nunca iba a aceptar), como la propia izquierda (que se negó a colaborar desde que el Partido Republicano ganó la elección de consejeros), terminaron por destruir el último proceso de cambio constitucional con un órgano dedicado a dicha labor. A consecuencia de diferentes episodios, declaraciones y actos, la imagen que mostró el Consejo hacia afuera, no fue un lugar de encuentros y de inclusión que es lo que parece demandar la mayoría. Por lo mismo, una parte del “En contra” fue un voto de castigo que ni los rostros que capitalizaron el rechazo (Amarillos, Demócratas y Chile Vamos), ni el mismo José Antonio Kast con todo su capital político pudieron revertir.
¿Un futuro de autoritario?
Estos tres factores, entre otros que requerirán un análisis detallado en los meses que vienen, imposibilitaron que el Consejo y su texto pudieran revertir la opinión negativa que acompañó a este proceso desde el principio. Pese a todo, la futura reconstitución del orden institucional en Chile no concluye con el debate del cambio de Constitución. Se aproxima ahora el debate sobre grandes temas que han concentrado la atención ciudadana desde hace mucho tiempo: delincuencia, migración, corrupción, salud y pensiones. Estos asuntos, sin una discusión constitucional que desvíe la atención de los medios y los políticos, acaparará completamente el foco y la presión recaerá en un Gobierno sin agenda ni capacidad de acción.
Este fracaso del cambio constitucional abre un escenario peligroso. Si la clase política no logra forjar los acuerdos transversales necesarios para abordar algunas de las principales demandas de la ciudadanía, las posibilidades de que irrumpa un outsider que prometa mano dura y medidas efectistas son bastante altas. Las balaceras, secuestros, desmembramientos y el tráfico de drogas y personas van en aumento ante la mirada impaciente de todos. Por lo mismo, poco a poco, según diversas encuestas, está apareciendo un nuevo grupo que ve con simpatía la llegada de un liderazgo autoritario con capacidad resolutiva. Guardando evidentes proporciones y diferencias, se vio algo similar con Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina. Chile rechaza y respira, pero ya mañana enfrentará nuevos desafíos.
