Columna publicada el martes 5 de diciembre de 2023 por El Líbero.
“La magnitud de la crisis de salud es real”, afirmó el senador del Partido Socialista Juan Luis Castro. Mientras la Ministra Ximena Aguilera defendía el viernes pasado la débil respuesta del Ejecutivo frente a la crisis de las isapres, ya se manifestaba lo que será un escenario inminente: la quiebra de algunas aseguradoras de salud en 2024. Los primeros signos, antes lejanos, son ahora una realidad: Bupa —una de las compañías más grandes en el área, dueña de Integramédica— anunció el cierre de un centro médico, cuatro unidades de imagenología y un laboratorio. ¿Estaba la ministra al tanto de esta decisión? ¿Cuáles son las prioridades del Presidente? ¿Qué escenarios maneja el Ejecutivo?
El panorama es oscuro. Pese a la delicada situación, nadie en el gobierno parece anticipar el impacto que esto tendrá en todos los estratos sociales. Primero, el senador Latorre, con su habitual lucidez, salió a ilustrar el infantilismo de cierta izquierda oficialista al decir que la eventual quiebra era una “campaña del terror” para “presionar por un perdonazo”. Y luego, la misma ministra Aguilera dijo que el asunto se trataba de un mero “problema ideológico”. Es como si olvidaran que las isapres, clínicas privadas y el sistema estatal de salud están directamente relacionados. Si la quiebra se produce, los efectos de la caída no serán abstractos ni a largo plazo, sino que se reflejarán en millones de personas de carne y hueso que, de un día para otro, no podrán continuar sus tratamientos médicos ni acceder a prestaciones básicas. Los más acomodados podrán buscar alternativas de acuerdo con su capacidad de pago mientras, como siempre, las peores consecuencias caerán sobre los grupos más vulnerables de la sociedad.
La nueva generación que venía a cambiar todo sigue paralizada por su propio dogmatismo, en un preocupante desorden de prioridades y en intentonas que han fracasado una y otra vez, incluyendo el rechazo al informe que emanó de una comisión técnica transversal. Más importante aún, continúa sin disposición para buscar un camino que permita sostener el sistema mientras se ajusta o reforma. Sin embargo, cuando recordamos que quienes gobiernan son los mismos que propiciaron los retiros para destruir las AFP, utilizaron las muertes por Covid-19 como arma política y apoyaron la propuesta refundacional de la Convención Constitucional nos preguntamos si acaso consideran otra posibilidad. Dividido entre dos posiciones que se bloquean mutuamente, el gobierno es un mero espectador que no se atreve ni a ponerle fin a las isapres ni a salvarlas.
Hasta ahora, todo indica que la administración del presidente Boric no tiene más plan que apretar los dientes y esperar a que el resto del sistema político tome las riendas de la situación. La ley corta no ayudará en el acceso a financiamiento a corto plazo. Pareciera que, en vez de inmovilismo o bloqueo, faltan propuestas sensatas, mesas de trabajo cuyos resultados y recomendaciones se consideren de manera transversal y se lleven a cabo. El deber del Gobierno, más que rescatar a las isapres, es responder a los más de 3.000.000 de usuarios que las utilizan. Ya no pueden seguir escondiendo su falta de iniciativa con su cantinela de culpar a la Corte Suprema.
Es cierto que la capacidad negociadora del Ejecutivo es poca y que sus ganas de salvar las aseguradoras de salud son menos aún. Pero si el Presidente Boric no quiere ser el responsable de una tragedia sanitaria causada por el desfinanciamiento del sistema privado de salud y el colapso del sistema estatal, debe tomar las riendas de la situación como un asunto primordial. El año se acaba y las ideas no abundan.
