Columna publicada el lunes 16 de octubre de 2023 por La Segunda.

“Cada aborto en el país es una señal de que como sociedad estamos llegando tarde”, decía la expresidenta Bachelet en mayo de 2014. Su promesa era sólo “despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo” —renunciar a su sanción penal— en un puñado de casos trágicos. Esta narrativa llamaba a la empatía: si el aborto daña a todos los involucrados y quienes recurrían a su práctica clandestina eran en su mayoría mujeres con embarazos vulnerables, ¿cómo criminalizarlas?

Dicha narrativa, sin embargo, tenía un punto ciego: la evidencia disponible. Mientras abundantes datos y testimonios confirmaban que ningún médico dejaba de tratar a la madre si su vida corría peligro —la primera causal invocada para legislar—, las cifras de Gendarmería mostraban que en Chile no había criminalización. Al año 2015, apenas eran seis las personas condenadas por aborto: todos varones (y la mayoría con otros delitos asociados).

Pero ni esos ni otros argumentos impidieron la aprobación de la ley de las tres causales. Aunque la discusión fue muy disputada, la apuesta del progresismo terminó imponiéndose. Y ella no consistía en una mera “despenalización”, sino en establecer un auténtico derecho al aborto, garantizando como prestación médica exigible los casos regulados. De hecho, se intentó expulsar de la red pública de salud a aquellos centros médicos cuyo ideario pugna con tal derecho. A esto responde, dicho sea de paso, la llamada objeción de conciencia institucional, finalmente reconocida por la misma ley.

En la fallida Convención las izquierdas doblaron la apuesta. No sólo se buscó asegurar un derecho constitucional al aborto sin límite de plazos ni causales —algo inédito en el mundo—, sino que además se quiso prohibir toda objeción de conciencia (aborto libre “de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones”). Si algo merece ser descrito como “totalitarismo moral” u otra de las consignas de estos días, ¿no es acaso esa cruzada?

En este contexto, cuesta entender las acusaciones contra el proceso en curso en materia de aborto. Primero, las derechas sólo pidieron incluir en el anteproyecto de los expertos una norma constitucional idéntica a la que rige hoy (“la ley protege la vida del que está por nacer”), pero las izquierdas dieron un portazo. Luego, en el Consejo se aprobó un precepto similar (“la ley protege la vida de quien está por nacer”), que simbólicamente refuerza la humanidad del feto y ratifica el carácter abierto del debate parlamentario futuro; pero sin tocar la legislación vigente. No obstante, para favorecer el diálogo, algunos expertos de centroderecha promovieron volver a la redacción actual. Sin embargo, las izquierdas dieron otro portazo.

Una vez más, el doble estándar.