Columna publicada el 7 de junio de 2023 en CNN Chile.

Bastante antes de aquel octubre, y en un clima de incipiente discusión constitucional, la historiadora Sofía Correa advertía a los impulsores de una eventual asamblea constituyente que se trataba de una experiencia política sin buenos precedentes. Entre otras cosas, la asamblea se contrapone a la democracia representativa, a los partidos como canales de representación, al Congreso como instancia institucional de diálogo, la negociación y el acuerdo político. “Convocar a una asamblea Constituyente es abrir la puerta al populismo y al corporativismo. En vez de representación política, tendremos representación funcional, sectorial y étnica” (Correa, 2015, pág.49). Así sucedió efectivamente en la fallida Convención. Parte de los temores de la historiadora se fundaban en el intento previo a la Constitución de 1925, cuando los militares exigieron que se convocara una Asamblea Constituyente en que estuvieran presentes “las fuerzas vivas” para neutralizar a los
políticos. Pero más que el articulado de una constitución, la Asamblea recogió demandas
coyunturales de políticas públicas y propuso algunos principios como un régimen federal, un
poder legislativo unicameral, una limitación de la propiedad privada y la socialización de la
propiedad agraria. Aprovechó también de rendir homenaje a la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. La instancia, por supuesto, fracasó.

Las similitudes entre aquel intento perdido en la historia nacional y la fallida Convención son
impresionantes. Pero tuvieron que confirmarse las aprensiones de muchos para arribar a la
fórmula mixta de expertos y representantes democráticamente elegidos, aceptada
transversalmente por las fuerzas políticas y respetuosa con nuestra tradición constitucional.
El Congreso tardó meses en destrabar el entuerto tras el 4S, pero se cumplió la palabra
empeñada y hoy puede decirse que la Comisión Experta ha cumplido satisfactoriamente
con su cometido, aunque todavía queden asuntos importantes por perfeccionar y clarificar.
El contraste con el proceso anterior es abismal: pasamos de un encendido reality a —en
buen chileno— una fome pero auténtica instancia de deliberación política.

Una de las mayores innovaciones que realizó esta se encuentra en el campo del sistema
político. La Comisión alcanzó acuerdos transversales en orden a atacar la fragmentación
que padece el sistema actual, que obstruye y debilita la discusión política en las áreas más
sensibles para la población. También se propone una cirugía mayor en el Poder Judicial
—una de las instituciones peor evaluadas— incorporando nuevos órganos para mejorar su
funcionamiento en aspectos como nombramientos, calificaciones y sanciones. Sin duda el
proyecto es perfectible, pero sí es esencialmente superior al de la fracasada Convención,
siendo además fruto de la deliberación política y concesiones de lado y lado, permitiendo
que esta sea una ley fundamental compartida por todo el arco político.

En materias que suscitan amplia controversia como la paridad, se llegó a una fórmula de
corrección más flexible y transitoria para la elección de parlamentarios. En las bases de la
institucionalidad se cumplió con establecer la cláusula de Estado Social, la cual, según
cómo se desarrolla en el texto, es compatible con la subsidiariedad (aunque no se
reconozca expresamente ni se utilice esa palabra). Hay otros aspectos como la libre
elección en salud y la protección del que está por nacer donde aún quedan dudas o

silencios que son necesarios de zanjar. Pero ahora la posta pasará al Consejo, donde se
abren nuevas oportunidades para mejorar el texto. Ahora, si bien entre Republicanos y Chile
Vamos superan los 3/5 de quórum para aprobar artículos, el desafío residirá en lograr
consensos que favorezcan la aprobación del texto en el plebiscito de salida.
La mayor lección de la experiencia de la Convención —así como el pecado original de la
constitución actual—, es que tanto el proceso como las circunstancias en que se redacta
una carta fundamental sí importan. Dicho proyecto era absolutamente deficiente en sus
aspectos jurídicos, pero parte importante del Rechazo se gestó durante su funcionamiento
debido al lamentable espectáculo que mostró al país. El proceso en curso, sin embargo,
parece ir mucho mejor encaminado. Así, más allá de legítimos reparos particulares, la
Comisión nos ha entregado un buen proyecto, un homenaje a nuestra tradición
constitucional en su forma y fondo. Como bien plantea el comisionado del PS, Gabriel
Osorio, “una Constitución no es para quedar contentos, es para quedar tranquilos”. De ser
ratificada por la ciudadanía, habrán participado en la elaboración de nuestro nuevo texto
constitucional el Congreso, los partidos políticos y la sociedad civil; en igualdad de
condiciones y en democracia.
La historia no se repite, pero rima. Si algo nos ha enseñado durante este largo momento
constitucional, es a desconfiar de fórmulas disruptivas y ajenas como salida a la crisis e
inclinarse, como plantea Correa, por los canales institucionales de deliberación.