Columna publicada en La Segunda, 2.11.13

 

El concepto de libertad que encarna el programa de Michelle Bachelet es el de la máxima autonomía de los sujetos. Para proteger esta autonomía se propone una inflación de derechos, garantizados por el aparato burocrático-represivo del Estado, financiado con altos impuestos. Estos derechos «protegen» al individuo de la necesidad de otros para perseguir sus fines y de las consecuencias negativas de sus decisiones. Así, se configura un individuo radical tutelado por el Estado en las diversas dimensiones de su vida. Esto, en pocas palabras, es «el otro modelo», el del Estado de bienestar, que modifica el pacto social desde el eje clases altas-clases bajas, al de clases altas-clases medias.

Esta visión surge de la síntesis entre las corrientes socialistas de la «Nueva Mayoría» de corte colectivista (que reducen la sociedad y lo público al Estado y plantean que la coordinación social debe ser tutelada por él), las «liberales» de corte progresista, que se centran en el valor de la diversidad, el relativismo moral y la autonomía individual (quienes llevan la «agenda valórica» dentro del programa), y la instrumentalización de las consignas del 2011. Fuera quedan las ideas mutualistas, que promueven la autogestión y el apoyo mutuo, y las cristianas, que condenan el relativismo moral y el estatismo, promoviendo visiones comunitarias. Por eso, es razonable pensar que la DC tuvo una mínima injerencia en el programa, resultando más creíble la jactancia de Guillermo Teillier.

En el caso del programa de Evelyn Matthei, el asunto es menos claro. La centro-derecha experimenta una tensión creciente entre los defensores de la visión Chicago-gremialista de los años 80 y quienes consideran que ella requiere una renovación o la critican desde perspectivas conservadoras, socialcristianas o progresistas. Esta tensión se refleja en un documento programático que, dependiendo de las correlaciones internas de cada comisión, presenta visiones en uno u otro sentido. Lo que sí es evidente es que aparecen cada vez más conceptos como «fallas de mercado», «abuso», «regulación» o «fiscalización», lo que se debe, todavía, a una mezcla de convicción y oportunismo. Asimismo, es claro un énfasis en las capacidades (capacitación permanente, estímulo cognitivo en la primera infancia) como condición del mérito personal y del desarrollo social, antes que la redistribución sin impacto en las habilidades o la productividad.

Esta nueva visión de la centro-derecha, aunque borrosa y en disputa, parece entender que la libertad formal del liberalismo, para poder ser disfrutada, requiere del desarrollo efectivo de ciertas capacidades y condiciones, lo que extiende en forma importante el rol subsidiario del Estado y refuerza el pacto clases altas-clases bajas. De igual forma, parece haber re-descubierto la idea de comunidad en relación al despliegue de la libertad individual, idea conservadora por excelencia. Por último, parece haber notado, finalmente, que defender empresas no es lo mismo que defender la libertad de mercado, haciendo eco del debate sobre el «Capitalismo de amigotes».

De a poco, entonces, comienza a configurarse un debate intra e inter coaliciones que busca desatar la paradoja de nuestra situación actual, en la cual distintos grupos sociales rechazan las desventajas de la modernización, al tiempo que declaran que jamás transarían sus beneficios.