El Estado debe volver a pensarse en clave territorial, ya no desde una oficina en Santiago que distribuye homogéneamente las mismas competencias y recursos a todas las regiones, sino que consciente de sus particularidades y problemas.

La experiencia cotidiana de las personas con el Estado está marcada por el lugar donde habitan. Cada espacio tiene sus propias particularidades y problemas. Aunque parezca obvio, hay que recordar que la vida en Arica es distinta a la que sucede en Santiago, y que Viña del Mar funciona de manera diferente a Puerto Montt. Esa es una realidad que a los burócratas capitalinos siempre les ha costado comprender.
Los ejemplos de esta dinámica sobran. En 2021, mientras en Santiago la Convención Constitucional tenía algunas de sus jornadas más surreales, el norte de Chile se enfrentaba a una crisis migratoria y de criminalidad sin precedentes en los años recientes, cuya magnitud aún no dimensionamos por completo. Durante esos años, costó mucho que el poder político central asumiera realmente el peso de lo que ocurría en la zona. En agosto del 2022, el entonces subsecretario del interior, Manuel Monsalve, aseguraba que el Tren de Aragua “no era una amenaza real” para el país. Sin embargo, las fiscalías y las policías del norte llevaban bastante tiempo investigando casos de extrema complejidad que apuntaban a dicha organización y que servían como un anticipo del fenómeno criminal que luego se extendería hacia la capital. Aunque la tasa de homicidios en Arica en 2022 fue de 17,1 —la más alta del país y superior a la de varias ciudades latinoamericanas como São Paulo o Bogotá—, el problema de la criminalidad se volvió realmente relevante a nivel político cuando los muertos, secuestros y extorsiones llegaron a Santiago.
Quizás ahí radica una de las razones por las que hemos llegado tarde a la crisis de la criminalidad: su punto de partida está en lugares que no importan al centro. De hecho, no hemos abordado ninguna de las condiciones de origen que permitieron a las bandas extranjeras insertarse con fuerza en las regiones septentrionales. Un informe reciente de Contraloría, por ejemplo, sugiere que en el paso fronterizo de Colchane existen una serie de irregularidades: no hay unidades técnicas especializadas de PDI y Aduana para el tráfico de estupefacientes y sicotrópicos (a pesar de ser una zona por la que pasa bastante droga); no hay suficiente presencia de carabineros; hay dotación de PDI menor a la requerida; existe tránsito de personas sin control por mallas en muy malas condiciones; y así, muchas otras deficiencias.
Los mercados ilegales proliferan justamente donde la presencia estatal es frágil. Esto puede ser especialmente fuerte en regiones alejadas del centro, donde suelen existir vacíos de poder y el Estado está presente de formas que no siempre calzan con las realidades territoriales. También existe el riesgo evidente de cooptación entre las autoridades y quienes manejan mercados ilegales, especialmente cuando la fiscalización no es demasiado intensa. Esto ya ha ocurrido en Tarapacá, por ejemplo, donde miembros de las Fuerzas Armadas fueron sorprendidos traficando droga.
De nada sirven las reformas al sistema político o a los partidos si nuestro aparato estatal no logra fortalecerse. Esto implica que pueda afinar su presencia territorial y abarcar mayores espacios que le permitan recuperar algo de la legitimidad perdida en las últimas décadas. Al menos desde el año 2019, los mercados ilegales han avanzado a pasos agigantados y le quitan ciudadanos al Estado. Así, hoy son cada vez más las personas cuya vida circula en base a economías por fuera de la ley: piden créditos a prestamistas extranjeros, arriendan en tomas capturadas por el narco, compran remedios en la calle, apuestan en casinos del barrio, etc. Es mucho más fácil y rápido que el Estado, con sus subsidios y ventanillas que se abren tarde, mal y nunca.
La política debe volcarse a los lugares que no importan porque el Estado debe volver a pensarse en clave territorial, ya no desde una oficina en Santiago que distribuye homogéneamente las mismas competencias y recursos a todas las regiones, sino que consciente de sus particularidades y problemas. Y es fundamental acudir a esos lugares para construir estatalidad o recuperar los espacios capturados por otros. Nos jugamos mucho en esa tarea.



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