Hace tiempo que a José Antonio Kast se le acusa de ultra. Políticos e intelectuales no dudan en meterlo en el mismo vagón de los Trump, Orbán y otros estandartes, según ellos mismos, de la ola ultraderechista. Y de ahí sus pesadillas: represiones, pérdida de derechos y el funeral de la democracia chilena.

Pero desde diciembre hasta hoy las señales del gobierno entrante apuntan en la dirección contraria, y el gabinete recién nombrado lo confirma: dos ministros de centro o centroizquierda, un elenco técnico que no encaja en las categorías de lo ultra, la exclusión del Partido Nacional Libertario por sus exigencias de mayor protagonismo, y un tono, en general, más conciliador que combativo. Sin embargo, la izquierda insiste en lo “ultra”. Su diagnóstico no cambia. ¿Por qué?

Una explicación es que cuentan con respaldo intelectual para sostener esa tesis. Académicos progresistas, nacionales y extranjeros, han construido el relato de Kast como el embajador criollo de la ultraderecha. Y su método funciona más o menos así: observan distintos países empleando metodologías sofisticadas, construyen patrones globales y luego intentan calzar esos patrones con la realidad chilena. Con este método concluyen que Kast sería, en esencia, lo mismo que los fenómenos que observan en el mundo, lo mismo que los patrones que confeccionan. Ante tal “evidencia”, ¿cómo podría un político de izquierda no creerles?

Sin embargo, esos trabajos merecen revisión. Por de pronto, no es claro cuántos juicios de valor de sus investigadores entran de contrabando en las conclusiones. Pero lo crucial es lo que se construye políticamente a partir de ellos: si los “ultra” amenazan nuestros derechos y libertades, y si ya sabemos quiénes son –con respaldo académico, por cierto–, no queda más que resistir. De ahí surgen ideas como los cordones sanitarios, blindar constitucionalmente posiciones progresistas y la agitación social para desestabilizar gobiernos, como ya anunció el Partido Comunista. Con esto, el diagnóstico intelectual se vuelve munición política.

Pero la duda surge cuando esos análisis no se condicen con la realidad, cuando los hechos son esquivos a los diagnósticos, tal como ocurriría entre el gabinete de Kast y el marco de la ultraderecha. De ahí la polémica injustificada contra Judith Marín, la nueva ministra de la Mujer, a quien se acusa no por sus actos en un cargo que aún no asume, sino por creer lo que cree. Su conservadurismo bastaría para confirmar la tesis de un gobierno “ultra”. Esto muestra que cuando la realidad no calza con sus diagnósticos, siempre habrá alguien –como la ministra– a quien apuntar para que el relato sobreviva.