Mientras más detalles se conocen de los mensajes de Luis Hermosilla, la sensación ambiente es que se trata de una bola de nieve —en rigor: de barro— que puede arrasarlo todo. Y junto con las diversas aristas judiciales que se abren, es ineludible la pregunta por cuál será la actitud de la política al respecto. ¿Qué hacer ante tamaño cúmulo de prácticas que, según el caso, se revelan como inadecuadas, indecentes, ilegales o todas las anteriores? 

Una primera tentación, que ya se observa dentro del mundo político y en particular de las derechas, es limitarse a repetir lugares comunes abstractos y cerrar filas a priori con los cercanos vinculados a los “audios”. Es verdad que debe respetarse la presunción de inocencia y que el solo intercambio de mensajes con Hermosilla u otro imputado no significa necesariamente haber cometido un delito. Pero cuando los antecedentes se amontonan y el animal tiene cara, cola y pelaje de león, tampoco sirve mirar para el lado. De hecho, mientras más bajo sea el estándar que encarnen nuestros dirigentes, más alta será la probabilidad de que paguen justos por pecadores.

Otra tentación, aún peor, es aquella a la que parece estar cediendo el presidente Boric: la lógica demagógica. Esto es, buscar un aprovechamiento meramente electoral o de corto plazo. Allá las elites y los “poderosos de siempre”; acá los puros e impolutos. Más allá de lo que indiquen las encuestas, se trata de una aproximación muy arriesgada, pues hay un déficit obvio de credibilidad. Quien conduce los destinos del Estado es parte de los “poderosos”, quien tiene un jefe de asesores cuyo abogado fue Hermosilla no se encuentra libre de ser salpicado por el lodo, y así. Pero además hay algo similar a un abandono de deberes, en el sentido más hondo del término: hoy se necesita alta política y visión de Estado; no mezquindad.

¿En qué se traduce eso? No sólo en hablar con la verdad y colaborar con la justicia, sino también en transmitir a la ciudadanía que se sacarán lecciones y, por tanto, que se adoptarán medidas para evitar las funestas prácticas que se han conocido. A modo de ejemplo, ya nadie puede negar los problemas objetivos de la designación de los jueces de las altas cortes (Suprema y Apelaciones). Y con voluntad política es posible avanzar. El país ya cuenta con varias propuestas cuya discusión conjunta permitiría articular un acuerdo transversal de modificación del sistema. Entre otras, la que se construyó al alero de la Comisión Experta en 2023, la de un grupo de académicos coordinado por Rodrigo Correa (UAI) y la del Programa de Reformas a la Justicia Derecho UC. Ningún arreglo procedimental basta por sí solo, pero entre el silencio, el oportunismo y eventuales caminos de solución, ¿cómo perderse?