“Acabo de ver que la beca NEH de una amiga, que iba a utilizar para escribir un libro sobre Aquino, fue cancelada ‘para salvaguardar los intereses del gobierno federal en apoyo de la agenda del presidente’”. Así posteaba en sus redes sociales el pasado viernes Christopher Frey, profesor de filosofía en la Universidad de Tulsa. Aunque el reclamo podría parecer anecdótico —Frey ironiza agregando que “Trump va por los tomistas”—, lo cierto es que no se trata de un episodio aislado. En rigor, se suma a varios otros de la misma índole, en diversas disciplinas, a lo largo de las últimas semanas. Muchas voces indican que bajo el segundo mandato de Donald Trump el cultivo del conocimiento corre serio peligro, sin que ninguna tradición intelectual se encuentre inmune a este riesgo. 

Naturalmente, la reacción habitual ante este tipo de hechos consiste en cuestionar la arbitrariedad de las medidas adoptadas por el gobierno norteamericano, reivindicando así la misión de la universidad y su legítima autonomía. En una frase, la exhortación es a defender la sede universitaria; un llamado muy pertinente considerando que tanto ayer como hoy una de las graves amenazas que enfrenta la transmisión del saber y la libre búsqueda de la verdad —los altos propósitos de esta institución— es la opresión del poder estatal. 

Con todo, si nos queremos tomar en serio ese llamado, conviene también preguntarse por los vicios que posibilitaron agendas como la que hoy empuja Trump (más allá de que no la justifiquen). Y la respuesta es clara: al interior de múltiples centros universitarios, durante muchos años, se fueron acumulando una serie de prácticas marcadas por la intolerancia o franca agresividad, a veces provenientes de alumnos, a veces originadas en miembros del claustro académico. El elenco de antecedentes es muy amplio, pero baste mencionar que, según muestra el libro “The Canceling of the American Mind”, entre 2013 y 2023 se registraron más de 1000 cancelaciones a profesores, incluyendo la imposición de sanciones y en ocasiones el término de la relación laboral.

Este cuadro se traduce no sólo en una creciente homogeneidad ideológica dentro de lugares que suelen jactarse de propiciar una cultura universitaria plural, sino también en la progresiva expansión de lógicas de autocensura que atentan contra la libre investigación y expresión de ideas; todo lo cual, aún sin opresión estatal, puede aniquilar la auténtica vida académica. Luego, si acaso es verdad que hoy se busca defender a las universidades y preservar su papel como espacio privilegiado de pensamiento crítico, urge revisar, por incómodo que sea, hasta qué punto los problemas en ese plano comenzaron bastante antes de la llegada de Trump al poder.