“Estado presente” sentenció el Presidente Gabriel Boric la semana pasada en uno de sus habituales posteos para la red social X. La publicación aludía al lanzamiento de la “Ronda Policial Nacional” recientemente anunciada por el Ministerio de Seguridad. Pero el papel -o, en este caso, la pantalla- pareciera aguantar todo. ¿Está realmente presente el Estado? Pues no tardaron en aparecer las enfurecidas reacciones ante la frívola celebración del Presidente en una semana marcada por violencia e impunidad que cada vez sorprende menos. Hace tan solo unos días, dos noticias de secuestros conmocionaron al país. Un empresario fue capturado y liberado al pagar su familia un rescate de 300 millones de pesos. En paralelo, un miembro de una banda delictual fue capturado por sus propios compañeros y forzado a comerse la oreja que le habían mutilado.

La situación comenzó a empeorar a vista y paciencia de las autoridades. A partir de 2019 (e incluso antes), la entonces oposición validó la violencia en las calles, el terrorismo en la Araucanía y promovió la migración irregular; dificultando así a la segunda administración de Piñera lograr el control del orden público y de las fronteras. La triste realidad es que el Estado no solo se ausenta por incapacidad, sino también por decisión política. Como otro ejemplo de aquello, la coalición gobernante -que legitimó por años las tomas de terreno, votando en contra de proyectos de ley que buscaban limitarlas- hoy evita decididamente hacer uso de la fuerza para desalojarlas incluso contradiciendo a las cortes de justicia. La semana pasada, la familia de Alejandro Correa -asesinado en 2020 por un sicario- hizo pública su disputa judicial con el Serviu, el cual, en desacato de la resolución de la Corte de San Antonio, les comunicó que deben desalojar por sus propios medios los terrenos tomados por quienes mandaron matar a su padre.

Dicha ausencia del Estado es -además- paradójica: durante la actual administración el número de empleados públicos superó el millón (varios de ellos por el nuevo Ministerio de Seguridad), no obstante, sin una correlativa mejora de los servicios públicos ni mayor presencia efectiva del Estado en ámbitos sensibles. Por lo mismo, frases grandilocuentes del Presidente podrán servir para reafirmar el apoyo de sus adherentes o para proyectar una imagen falsa de su gobierno, pero a quienes viven a merced de la delincuencia no los convencerán de que el Estado está presente para ellos. Tampoco a las víctimas de los incendios de Viña del Mar, quienes -según el testimonio del arquitecto Alejandro Aravena- vieron al narco reconstruir sus casas en vez del gobierno. El fenómeno en el oficialismo parece ser inverso al “cherry picking” que otrora denunció Boric contra los medios de comunicación “obsesionados” con mostrar casos aparentemente aislados de delincuencia. Desde el inicio del gobierno, el objetivo ha sido instalar una narrativa de que está todo bajo control.

La relación de la nueva izquierda con el Estado es, sin duda, ambivalente. Su consolidación como fuerza política ocurrió de la mano de un relato que caracterizaba al Estado como una entidad esencialmente opresora. Estos años en La Moneda los han forzado a resolver aquellas contradicciones, o al menos intentarlo. En ámbitos como la seguridad ha sido bastante más difícil de lo que imaginaron. Por lo mismo, mantener la humildad y evitar el conformismo y la grandilocuencia debiesen ser la actitud durante los meses que restan de su gestión. Al fin y al cabo, todo parece indicar que volverán a ser oposición.