A seis años del estallido social, continúan circulando preguntas irresueltas sobre sus causas y responsables. En el orden de las causas hay algunas tangibles —los abusos puestos al descubierto, las frases de algún ministro que actuaron como detonante— y otras intangibles —como la lenta instalación de un clima cultural que favorecía una explosión violenta—. Ante la pregunta por los responsables, por otro lado, más personas están hoy dispuestas a subrayar la intencionalidad y la planificación, con el consiguiente anhelo por saber quién hizo qué. Cabe ser escéptico sobre nuestra capacidad para responder tales preguntas, pero no hay manera de ocultar lo pertinentes que son.

Junto con ellas, sin embargo, bien vale la pena dirigir la mirada al lugar que ocupó la sociedad civil —o un simulacro de ella— en esos meses del 2019. ¿Qué clase de asociaciones se tomaban la palabra? ¿Qué revelan de nuestra más general crisis de representación? En un elocuente hito, el 22 de octubre varios partidos de oposición se restaban de una reunión convocada por el Presidente Piñera en La Moneda, pues, en palabras de Álvaro Elizalde, la invitación a los partidos “deja fuera a los actores sociales”. ¿Quiénes eran los “actores sociales” en cuestión, que llevaban no solo al PC y el FA, sino también al PS, a restarse de los intentos por encauzar la crisis?

Se trataba de la famosa Mesa de Unidad Social, formada en agosto de ese año y compuesta por decenas de organizaciones, desde Chile Mejor sin TLC a No+AFP. El popurrí de siglas en la lista de organizaciones implicadas dice tal vez tanto como la violencia que esos días se vivía en las calles. Pero el problema no es solo que tales grupos de interés pretendieran tener representatividad, sino que declaraciones como las de Elizalde, con tal de emplazar a Piñera, se la reconocieran. Esta sigue siendo una de nuestras deudas mayores en la comprensión de esos agitados meses: no es solo que hubiera diversas formas de delirio colectivo y otras tantas de la más ruin manipulación política. En medio suyo apareció también una farsa de sociedad civil. En lugar de reivindicar el mundo intermedio de la agencia ciudadana, estas eran asociaciones civiles dedicadas al giro de pedir más Estado.

Cuán representativas eran quedó claro una vez que integraron la Convención, escribieron una Constitución y nadie se sintió representado por ella. Esa parte de la historia acabó ahí. Pero sus efectos disolventes para la sociedad civil se extienden al presente, entre otras cosas en el circuito de ONGs que operan como grupo de presión trabando inversiones. El caso Convenios, por su parte, continuó mostrando cómo tal fachada sirve para exprimir recursos del Estado, y el precio lo han pagado luego las fundaciones de verdad, con recursos congelados por el clima de sospecha generado. No cabe minimizar el daño generado por el saqueo y violencia del estallido, pero la impostura de sociedad civil, avalada por los partidos, no se quedó atrás.