[Contenido liberado. Suscríbete a Punto y Coma para acceder a la revista completa y a contenido exclusivo del IES]
Por Claudio Alvarado
“La centroderecha tiene hoy una de las mejores generaciones intelectuales de las últimas décadas. (…) Pero la tragedia es que, con escasas excepciones, la derecha política no participa de estos debates ni recoge estos aportes”. Así resumía Max Colodro, en marzo de 2022, una de las principales características de la derecha posdictadura[2]. Hoy, después de la exitosa campaña para el plebiscito del 4 de septiembre, a primera vista el escenario parece más auspicioso. En efecto, la apuesta narrativa por una “buena y nueva Constitución” reflejó cierta proximidad entre las directivas de Chile Vamos y un amplio elenco de académicos, columnistas e intelectuales. Además, permitió no solo fortalecer los vínculos con otros referentes y grupos políticos de centro y centroizquierda, sino también levantar una agenda propositiva luego del monumental triunfo del Rechazo. El “Acuerdo por Chile” con sus bases constitucionales, representantes electos al modo del Senado y presencia incidente de los expertos fue el corolario natural de ese proceso.
Nada asegura, sin embargo, que este promisorio cuadro vaya a proyectarse en el tiempo: el desafío constitucional es fundamental, pero el debate político no se agota ahí. Por lo demás, es innegable que la relación entre política e ideas ha sido compleja en la órbita de la actual oposición. De hecho, autores como Joaquín Fermandois sugieren que el problema es de larga data y, en alguna medida, consustancial al realismo o pragmatismo —a la preocupación por el “es” antes que por el “deber ser”— que suele caracterizar a las derechas en general[3].
Si lo anterior es plausible —es decir, si este mundo político tiene especial dificultad a la hora de fundamentar con solidez sus planteamientos y así favorecer una mejor articulación entre diagnósticos, discursos e ideas—, se vuelve aún más necesario intentar comprender las causas que han agudizado el distanciamiento entre dirigentes políticos e intelectuales. Después de todo, en este ámbito se juega una clave relevante a la hora de conseguir (o no) dotar de mayor densidad y fuerza persuasiva al mensaje de este sector. Las líneas que sigue buscan ayudar en esa tarea y delinear algunos pasos a seguir.
La cuestión generacional
Un primer elemento que pareciera incidir en aquel distanciamiento es la diferente trayectoria vital de unos y otros. Si se atiende a los ejemplos ofrecidos por Colodro (“Pablo Ortúzar, Daniel Mansuy, Hugo Herrera, Josefina Araos, Natalia González y varios otros”), un factor común es haber crecido, estudiado y trabajado en democracia. Este dato no es trivial: se trata de personas que siempre han gozado de libertad para participar en un debate público abierto, incluyendo la creación e integración de nuevas instituciones y centros de estudio. Además, si bien muchos de ellos suelen examinar con suma atención la historia de nuestro país, sus inquietudes tienen que ver ante todo con el presente y el futuro. A diferencia de quienes tenían hasta hace poco las riendas de los partidos, esta nueva generación mira las querellas del ciclo Frei Montalva-Allende-Pinochet con distancia no solo política, sino vital.
Esta variable también ayuda a comprender su permanente insistencia en ir más allá de la gestión y tomarse en serio el plano de las ideas: los adversarios naturales de estos columnistas e intelectuales han sido, básicamente, los dirigentes e ideólogos del Frente Amplio. Y entre unos y otros hay diferencias importantes. Mientras los académicos e intelectuales de derecha en general no militan ni han sido candidatos, varios de los referentes ideológicos de la nueva izquierda sí transitaron a la primera línea política (basta recordar a Fernando Atria y Jaime Bassa en la fallida Convención). Con todo, hace más de diez años diversos exponentes de esta generación de intelectuales de derecha vienen advirtiendo en todo tipo de tribunas que los mayores debates de nuestra época residen en el ámbito de la justicia y la legitimidad, y que en la vereda contraria había un grupo de políticos y académicos dispuestos a explotar ese tópico sin pudor ni piedad.
Esa insistencia no proviene solo de una convicción teóricamente fundada —las ideas tienen consecuencias—, sino también de más de una década de disputas con el ambiente político del cual emergieron tanto las principales mentes del fracasado órgano constituyente como los dirigentes que hoy habitan La Moneda. Los parlamentarios y partidos de la actual oposición padecieron demasiadas dificultades para captar este punto.
Lo anterior no impidió que algunos de estos intelectuales pudieran anticipar ciertos problemas y tendencias ideológicas que luego irrumpirían con fuerza. Quizá el caso más notorio sea la repercusión y valoración que alcanzó en ciertos círculos el libro Nos fuimos quedando en silencio. La agonía del Chile de la transición, de Daniel Mansuy. No obstante, dicha anticipación tuvo severas dificultades para impactar en los círculos partidarios del sector. ¿Qué otros factores incidieron, además del generacional?
División del trabajo
Para responder esa pregunta es pertinente volver a reparar en el perfil del listado enunciado por Colodro —aunque hay otros ejemplos—, pues rápidamente se nota su relativa diversidad. Se observan diferentes formaciones disciplinarias e intelectuales, también distintos estilos y prioridades. Algunos trabajan juntos y otros no; varios de ellos incluso han tenido diferencias públicas entre sí[4]. Esta pluralidad de lentes y perspectivas es compleja de aceptar y de procesar para el ambiente político en general, y para el centro y la derecha en particular. Como ha subrayado Joaquín García-Huidobro[5], sus dirigentes estaban acostumbrados a vérselas con bloques mucho más homogéneos.
Cabe detenerse, además, en lo que podría llamarse un problema de expectativas. En términos simples, el político típicamente aspira a recibir algo así como un recetario o instructivo detallado con los pasos a seguir. En cambio, suele mirar con distancia e incluso recelo la clase de diagnósticos, reflexiones y orientaciones más amplias que suelen delinear quienes cultivan las humanidades y ciencias sociales. En ese tipo de contribuciones es donde más pueden aportar los intelectuales, pero muchos dirigentes o parlamentarios aspiran solo a la “minuta” del momento. Insumos como estos pueden ser útiles para sortear la coyuntura, pero vivir presos de la hora presente o solo reaccionando ante ella perjudica la propia actividad del político. Esta actitud hace difícil que los dirigentes del sector pasen a la ofensiva y sean capaces de rayar la cancha, lo que obviamente debería importar al político con altura de miras.
Pero, llegados a este punto, la fractura entre ambos mundos se vuelve aún más paradójica. Por un lado, ya antes de la fallida Convención varios de los columnistas e intelectuales vinculados al centro y la derecha habían participado de manera activa y entusiasta cuando fueron convocados a instancias de difusión o interlocución política. El problema quizá residió en que esas mismas instancias luego serían minusvaloradas por los propios dirigentes (basta recordar el consejo ampliado de Chile Vamos o el “Manifiesto por la República y el buen gobierno”, coordinado por Andrés Allamand y Hernán Larraín).
Por otro lado —y más significativo aún—, cuando el columnista o intelectual dibuja diagnósticos y orientaciones generales, sin bajar al detalle de la política concreta, le reconoce al político su dignidad y responsabilidad como dirigente, su campo de acción específico. Porque, a fin de cuentas, él tendrá la última palabra en la decisión propiamente política. Y esto es algo que siempre debe recordarse: la praxis política no puede construirse desde la academia. Intentar hacerlo conduce a abstracciones desconectadas de la realidad en el mejor de los casos, y a proyectos de ingeniería social o planificación global en el peor de ellos.
Naturalmente, los columnistas y académicos con interés en lo público siempre pueden hacer mejor las cosas —y nadie es buen juez de su propia causa—, pero lo cierto es que los políticos en varias ocasiones han confundido los planos, esperando que los intelectuales les digan qué hacer, mientras que en otras instancias han reaccionado con amargura o molestia ante la crítica. Crítica que, además, resulta inseparable del análisis coyuntural y la tarea intelectual, y que ayuda a advertir puntos ciegos relevantes. “Otra cosa es con guitarra” han dicho pública o soterradamente algunos dirigentes, mientras no han faltado quienes desafían a los intelectuales “a meter las patas al barro”, sin diferenciar entre el rol de unos y otros, e ignorando el beneficio que supone un diálogo basado en el aporte complementario de estas distintas esferas.
Curiosa e irónicamente, con excepción de la cuestión constitucional, la derecha ha tenido escasa sensibilidad para comprender las bondades de esta división del trabajo, pero es fundamental que cada cual cumpla su papel. Es verdad que urgen candidatos y parlamentarios con mayor contenido, e intelectuales que dialoguen de modo activo y permanente con ellos, pero rara vez conviene identificar de manera acrítica sus tareas o funciones (y si alguien lo duda, no hay mejor ejemplo que el extraviado papel que desempeñaron algunos integrantes de la malograda Convención).
La pregunta que sigue pendiente es por qué, pese a todos los esfuerzos desplegados en los últimos años, ha sido tan difícil articular esas dimensiones en el lado derecho del espectro. La historia reciente entrega algunas pistas.
La cultura del veto
Al comienzo decíamos que el problema de la relación entre política e ideas en la derecha parece ser de larga data. No obstante, las lógicas imperantes en las últimas décadas tienen sus singularidades. Abordar este tema en pocas líneas no es sencillo, porque tanto Jaime Guzmán como los “Chicago boys” generan adhesión y polémica hasta hoy. Nadie discute, sin embargo, su influencia en la nueva institucionalidad que impuso la Junta Militar después del golpe de Estado, cuyo sello fue la articulación de una democracia protegida y un acentuado liberalismo económico. De hecho, cuando el otrora hombre de confianza de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, instaló el debate sobre una nueva derecha hacia el año 2010, muchos creyeron que dicha articulación quedaría en el pasado.
A primera vista, las diferencias de estilo, énfasis e ideas entre el piñerismo y el proyecto guzmaniano son elocuentes. Mientras el expresidente sustentó su trayectoria en un pragmatismo ajeno a casi cualquier compromiso doctrinal, el asesinado senador siempre enfatizó las convicciones como motivo último de la acción política (de ahí su insistencia en los “principios conceptuales sólidos” y los “valores morales objetivos y graníticos”). Y si Piñera se enorgullece de haber votado “No” y de su discurso sobre los “cómplices pasivos” para los 40 años del golpe de 1973, tanto Guzmán como sus discípulos creían que el principal artífice de la transición a la democracia era el propio régimen de Pinochet; no Patricio Aylwin ni los firmantes del Acuerdo Nacional de 1985 (sin ir más lejos, las memorias del exministro del Interior de la dictadura, Sergio Fernández, se titulan Mi lucha por la democracia). Pero las apariencias engañan. No se trata de negar las particularidades de una u otra facción, sino de advertir que durante las últimas décadas han predominado y permanecido una serie de lógicas que han sido transversales en la centroderecha; lógicas que, en último término, remiten precisamente a la conjunción de liberalismo económico y democracia protegida que impregnó a este sector luego de la restauración democrática.
El mejor ejemplo consiste en lo que ayer y hoy se comprendió como la imperiosa necesidad de defender la nueva institucionalidad —el “modelo” — ante cualquier tipo de amenaza. Sin perjuicio de honrosas excepciones, en el Chile de los noventa y dos mil la sede política no fue concebida por parte de la derecha como una instancia para anticiparse y promover a tiempo las reformas en salud, educación o pensiones, sino como una actividad orientada ante todo a defender la legitimidad de las propias posiciones. Lo contrario ha sido denunciado de modo sistemático como “entreguismo” o, en el léxico concertacionista, como autoflagelante: “hacerle el juego a la izquierda”, según se objeta en forma expresa o soterrada.
No deja de sorprender la persistencia de esta actitud a través del tiempo. Así fue al momento de discutir las reformas políticas desde el gobierno de Aylwin (y por eso Andrés Allamand, juzgado en el plebiscito de entrada de 2020 como el padre del Rechazo, era visto a comienzos de los noventa como el paladín de la derecha liberal); así fue ante el debate del plan Auge en el gobierno de Lagos, y así fue también a la hora de reaccionar frente a la crisis que explotó en octubre de 2019. De esta manera, puede trazarse una continuidad desde la derecha noventera hasta el segundo mandato de Piñera; una continuidad marcada por la “cultura del veto”, la excesiva confianza en los instrumentos tecnocráticos y la calificación apresurada de inconstitucionalidad en contra de muchas propuestas simplemente inconvenientes.
Al fin y al cabo, en los instantes decisivos siempre se trató de preservar el “modelo”. Pero no de preservar a partir de la reforma y de la mejora, sino más bien bajo la lógica del inmovilismo. La interrogante por los cambios culturales, sociales y políticos que podían promoverse desde la propia identidad nunca fue prioritaria antes del plebiscito de salida. Dicho de otro modo, fue solo estando al borde del abismo que las cosas cambiaron un poco. Ese déficit, muy arraigado, nos remite a un episodio que podría parecer anecdótico, pero que ilustra a la perfección el cuadro someramente descrito en estas líneas. En 1988, de cara al plebiscito que daría fin al régimen de Pinochet, Cristián Larroulet y Sebastián Piñera debatían en televisión —uno a favor del Sí y otro del No—, pero a la larga trabajarían juntos con un alto grado de confianza y cohesión. Y eso fue vaticinado por el propio Larroulet en ese panel: efectivamente terminaron “con Sebastián en la misma trinchera”.
Con mayor o menor justicia, es muy probable que tanto Piñera como Larroulet sean recordados como los más connotados exponentes de aquella perplejidad que explicitara Patricio Melero, histórico diputado UDI, expresidente de ese partido y posterior ministro del trabajo del expresidente Piñera. Para Melero, después del estallido social “lo más duro ha sido constatar que el modelo en el cual creímos, con tanta fe y convicción, de que era el más adecuado para generar el cambio y el paso de Chile al desarrollo, no fue asimilado ni entendido por el conjunto de la sociedad” (La Se- gunda, 6 de diciembre de 2019).
Como ha subrayado Daniel Mansuy, no parece fortuito hablar de “fe”. Por motivos misteriosos y que deberán continuar siendo explorados (¿la eternización de la óptica de Guerra Fría?, ¿la fosilización de las últimas ideas de Guzmán?, ¿el olvido de su plasticidad?, ¿la falta de recambio generacional?), en la alianza de centroderecha llegaría a ser hegemónica aquella perspectiva en virtud de la cual la conexión vital y la observación atenta de la realidad brilló por su ausencia en demasiadas ocasiones. Es verdad que Chile, a diferencia de lo que creyó e impulsó cierta izquierda, no quería una refundación. Pero también es verdad que la derecha tuvo demasiados problemas para captar y empujar reformas inspiradas en los propios ideales. Hechas las sumas y las restas, las presidencias de Sebastián Piñera no fueron la excepción.
El legado
Sería exagerado atribuir todos los males de un sector a un solo dirigente, sobre todo cuando se sufrió una oposición tan despiadada como la que padeció Sebastián Piñera en su segundo mandato. Según veíamos recién, varios de sus defectos —como la dificultad de tomar el control de la agenda a partir de una hoja de ruta propositiva— tienen antecedentes en las dinámicas propias de la derecha posdictadura.
No obstante, esos problemas y la distancia entre las esferas política e intelectual alcanzó niveles inusitados en el gobierno anterior. Más allá de excepciones puntuales, en ellos primó la excesiva confianza en los instrumentos económicos, las encuestas, el Big Data o, en el mejor de los casos, los círculos de trato puramente personal. Ni la interlocución política ni la discusión doctrinaria e ideológica fueron una prioridad para el expresidente, y eran esos los ámbitos donde podía cultivarse una actitud más propositiva y reformista, así como una relación más cercana entre políticos, de un lado, y la nueva generación de analistas e intelectuales, de otro.
Sumidos en la dinámica de lo inmediato, se olvidó que la reflexión intelectual es irremplazable para operar sobre la realidad. Más todavía cuando se buscaba proyectar a la coalición en el tiempo —se habló de ocho años de gobiernos de centroderecha— o, al menos, lograr un andamiaje de ideas que le permitiera sostener su trabajo en el mediano y largo plazo. Así, la derecha perdió una oportunidad inédita para impulsar un proyecto político de largo alcance. Columnistas y académicos advirtieron en reiteradas ocasiones sobre los vacíos, carencias y decisiones que condujeron a este escenario. Entre otros, los problemas de diseñar gabinetes sin los debidos contrapesos políticos e intelectuales —si algo se extrañó para la crisis de octubre fue esto—, la importancia de apuntalar nuevos liderazgos, la relevancia de incorporar la variable sociológica a los análisis, la necesidad de adelantarse a la cuestión constitucional, y así[6].
Aunque resulte ingrato, es necesario recordar esas dificultades: es la única manera de sacar las lecciones del caso. No aprender de sus errores ni discutir a tiempo sus disensos le pasó la cuenta a la fenecida Concertación. La centroderecha debe evitar cometer el mismo error. Urge reconocer que al volver al poder este sector estaba llamado a tomarse en serio los cuestionamientos sobre la justicia y legitimidad del Chile postransición. En particular, las deudas en materia de protección social —educación, salud y pensiones—, donde hace años se ubican (junto con la lucha contra la delincuencia) las prioridades ciudadanas más acuciantes.
De hecho, Piñera volvió a La Moneda con un mensaje centrado en la “clase media protegida” y sus voceros programáticos de la campaña, como Gonzalo Blumel y Mauricio Rojas, subrayan la necesidad de articular el mérito con la solidaridad. El gobierno, sin embargo, no cumplió sus promesas (y todo esto antes del estallido): primero vino la borrachera electoral, luego las prioridades fueron zigzagueantes y, finalmente, concluyó su primer año sin instalar ninguna agenda relevante.
En paralelo, el Presidente cambió de opinión y apareció cediendo o incluso golpeando a parte de su electorado —sin ningún rédito político— en temas muy sensibles, desde el cambio de sexo en los menores de edad hasta el aforo permitido para el culto religioso, pasando por la objeción de conciencia institucional y varios otros asuntos. Todo esto confirmaba la dispersión de ideas y objetivos. En rigor, sus atisbos de narrativa fueron contradictorios desde el primer día. Se hablaba de diálogo, de grandes acuerdos y de segunda transición, pero también de “gobernar sin complejos”, lo que se tradujo en un gabinete comandado por sus cercanos y desdibujado al poco andar.
Visto en retrospectiva, los errores previos y posteriores a octubre de 2019 fueron en gran medida el corolario de un errático diseño inicial. El legado estuvo muy lejos de los “tiempos mejores” prometidos, y políticamente está marcado por una serie de derrotas históricas, cuyas máximas expresiones fueron el traspaso de la banda presidencial a Gabriel Boric y una Convención con claras mayorías de izquierda, cuya derrota fue a pesar (y no gracias) al gobierno del expresidente Piñera.
Nada de esto es trivial. Si —como sugirió el historiador Gonzalo Vial— ser de derecha es ante todo cultivar una actitud escéptica ante los procesos revolucionarios, apostar por un reformismo decidido es una obligación política y moral. Por lo demás, quizá la respuesta está más cerca de lo que se piensa. Basta recordar el notable proceso de vacunación masiva, donde el gobierno anterior sí fue exitoso y la centroderecha tiene legítimas credenciales que exhibir.
Este proceso no puede imitarse sin más —no deben olvidarse sus dificultades de financiamiento—, pero transformó e integró la operación de la red pública y privada, funcionó de manera descentralizada, priorizó a los más vulnerables y, pese a otorgar un papel protagónico al Estado, reconoció la legitimidad de diversas lógicas institucionales. En efecto, se basó en la cooperación de múltiples actores, estatales y particulares, con y sin fines de lucro, nacionales y extranjeros. Un ejemplo privilegiado de cómo lo público, si bien no se agota en lo estatal, requiere mayores esfuerzos de todos.
¿Por qué la derecha no podría establecer, en base a esa experiencia, un horizonte de cambios reales y fundados en la colaboración social, que permitan jugar a la ofensiva y competir con los planteamientos de la nueva izquierda —que no desaparecerán del mapa más allá de su mal gobierno—? En otras palabras, un entramado de reformas imaginado desde la propia identidad y el propio ideario, que apunte a disminuir la incertidumbre y el costo de la vida de las familias chilenas.
En ese desafío puede ser útil examinar con mayor detención el trabajo que distintas personas e instituciones han desarrollado durante los últimos años en el campo de las ideas. Después de todo, no habrá proyecto propio sin reconocer la importancia de la reflexión intelectual y la observación sociológica. La historia reciente es elocuente al respecto.
[1] Este texto es una versión corregida y ampliada de tres publicaciones de prensa, dos aparecidas en Reportajes de El Mercurio (23 de enero y 17 de abril de 2022), y otra en Ex-Ante (27 de noviembre de 2021).
[2] En Bárbara Vial, “La derecha, vista desde afuera”, en Reportajes de El Mercurio (27 de marzo de 2022).
[3] Joaquín Fermandois, “¿Qué futuro tiene la díada derecha-izquierda?”, Estudios Públicos, 60 (1995). Véase también su texto “Indigencia de ideas: la derecha en Chile”, Estudios Públicos, 138 (2015).
[4] Por ejemplo , Hugo Herrera fustigó al equipo a cargo de Juan Luis Ossa que intentó colaborar con la fallida campaña presidencial de Sebastián Sichel. Además, en varias ocasiones Herrera ha disparado al bulto contra quienes trabajan en centros de estudio afines a la centroderecha.
[5] Ver más en Joaquín García-Huidobro, Comunidad. La palabra que falta (Tirant Humanidades: Valencia, 2020), 96 y ss.
[6] Entre 6 Entre muchos otros ejemplos posibles, véanse las siguientes columnas de Daniel Mansuy y Pablo Ortúzar una vez nombrado el gabinete de Sebastián Piñera II: https://www.latercera.com/voces/ sobredosis/, http://www.quepasa.cl/articulo/po- litica/2018/01/todos-los-amigos-del-presidente. shtml/

