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Por Josefina Araos y Rodrigo Pérez de Arce

A inicios de febrero de 2022, una destacada voz chilena iniciaba una entrevista con estas palabras: “Pablo, compañero, un gusto gigante hablar contigo. (…) Para mí es un honor hablar con La Base, (…) el nuevo proyecto que están lanzando, cuenten conmigo”. No se trataba de cualquier persona. Era la primera entrevista a un medio español del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, y su interlocutor no era otro que Pablo Iglesias, comunicador y político, fundador del emblemático Podemos español. La Base es su programa radial, lanzado luego de su retiro de la política activa tras la derrota de “Unidas Podemos” en la elección para la Asamblea de Madrid de 2021.

El episodio es relevante porque muestra un vínculo conocido entre los mundos de cada uno. Tanto Iglesias como Boric han destacado su afinidad con la trayectoria política del otro. Asimismo, ambos comandaron cuestionamientos profundos al orden partidario vigente en sus respectivos países —aunque con distinto éxito—. Pero lo que interesa a los fines de este ensayo es el hecho de que comparten un proyecto político, o al menos una de sus dimensiones centrales, y que Iglesias resume bien al inicio del mismo programa: la “radicalización democrática”. Inspirado en la reflexión de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, este proyecto busca sentar las bases para una izquierda posmarxista; esto es, una nueva izquierda. El fracaso de los socialismos reales y la formulación de severas críticas a las teorías marxistas clásicas hicieron necesaria una nueva conceptualización del conflicto político, así como una redefinición del sujeto protagonista de su agenda emancipatoria. El marxismo fue cuestionado por su esencialismo, que asignó a la clase obrera una prioridad aparentemente injustificada, o al menos insuficiente, en la trayectoria revolucionaria. Ese mundo obrero debía ser reemplazado por la articulación y movilización permanente de los diversos grupos oprimidos, unidos por su condición de subalternidad, única y verdadera garantía de inclusión. Esa era la nueva estrategia política diseñada para avanzar en la instalación de la denominada democracia radical.

En este ensayo nos interesa introducirnos de manera general en ese marco intelectual, que permeó de forma importante en el Frente Amplio chileno. Para ello, presentaremos someramente en qué consiste la “radicalización democrática”, revisaremos luego su aplicación al caso chileno y mostraremos finalmente en qué medida este marco explica algunas de las dificultades de la nueva izquierda a la hora de articular su proyecto político. Nuestra intuición es que la misma idea de radicalización democrática, base de su éxito al permitirle instalar un diagnóstico crítico y movilizador sobre el presente, les impide hoy dar forma a un horizonte de acción estable y convocante.

Un proyecto transnacional

Íñigo Errejón, segundo a bordo de Podemos hasta su quiebre con Pablo Iglesias, en noviembre de 2014 definía la agenda de radicalización democrática de este modo: no hay mayoría solo con la clase obrera industrial, hay que sumar actores y articularlos para crear un conjunto nuevo, con un nuevo horizonte; una creación que es ‘multiplicación’ porque implica más que hacer alianzas. En sus palabras, se trata de “constituir una voluntad popular nueva”[1]. Errejón resume bien la apuesta. En un escenario completamente distinto al del siglo XX, había que abandonar el énfasis exclusivo en los trabajadores, predominante hasta entonces en la agenda marxista. Según Errejón, y siguiendo la propuesta de Laclau y Mouffe, el “estatus privilegiado de las clases”[2] había terminado por volver ciego al marxismo respecto de las múltiples formas que podían tomar las relaciones de opresión. Este esencialismo se reveló insuficiente para los desafíos posteriores a la Segunda Guerra Mundial: la propia clase trabajadora vivía cambios importantes, mientras en paralelo surgían nuevos “antagonismos” en que “minorías excluidas” eran reivindicadas por los nuevos movimientos sociales[3]. La tarea ya no solo era convocar a un determinado grupo, sino “multiplicar” la composición de la agenda transformadora, volviendo los ojos a las diversas identidades: mujeres, disidencias sexuales, pueblos indígenas, inmigrantes, entre otros, deberán ser articulados para dar forma a esta nueva voluntad popular. En eso consiste la tarea de la política, pues la fragmentación distintiva de esta época oculta las experiencias comunes de los sujetos, donde existen formas variadas de resistencia[4]. Por lo mismo, es el proyecto político el encargado de entregarles un sentido compartido para asociarse, sintetizado en la figura de un adversario común que les permite vincularse.

Se trata de un intento por recuperar la conflictividad que constituye lo político, como desarrollará luego Chantal Mouffe. Esta había sido desconocida por un liberalismo que aspiraba a borrar las diferencias, inspirado por la pretensión ilustrada de un consenso racional definitivo. El principal peligro de esa pretensión, además de eliminar en última instancia la política, reside en el hecho de ocultar que tal consenso eventual no es más que el disfraz de la hegemonía del grupo que logra consolidarse en el poder. Así, los autores proponen la constitución de una política agonista, trayendo de vuelta tesis cuestionadas de Carl Schmitt, que sitúe en el centro la confrontación de las distintas visiones de mundo. En esa disputa juega un papel clave el concepto de “significante vacío” definido por Laclau, la verdadera alternativa al esencialismo marxista. No se debe establecer a priori el protagonista ni el contenido de la agenda de esta nueva política, sino que se especificará según el contexto particular donde ella se desarrolle. Lo relevante es que, como un espacio disponible, sea capaz de llenarse con las reivindicaciones dispersas de los grupos oprimidos. La paradoja, evidenciada después por sus críticos, será que esa política, originalmente identificada con la izquierda, termine siendo dotada de contenido por el otro extremo del espectro político.

Ahora bien, ese significante vacío que da forma a la política agonista que Laclau y Mouffe quieren inaugurar, tiene un objetivo delimitado: una “revolución democrática” que en el mundo de la posguerra busca superar la “sociedad jerárquica y desigualitaria”[5], poniendo en evidencia sus tensiones. La apuesta no es “romper con la ideología liberal democrática sino al contrario, profundizar el momento democrático de la misma”, ampliando esa democracia y extendiéndola a todas las esferas y a todos los vínculos sociales (por eso, hasta lo “personal” termina siendo “político”[6]). Es esa promesa de ampliación y extensión la que hace posible el vínculo entre las distintas luchas que, de otro modo, no tendrían identidad común alguna: la superación de las opresiones, arbitrariedades y metas no cumplidas de las democracias liberales. El populismo, nombre que darán a ese significante vacío, es reivindicado e identificado así con una nueva agenda de izquierdas.

La apuesta no está exenta de riesgos, y los propios autores son conscientes de ellos. Su crítica al “apriorismo esencialista” de la tradición de izquierdas busca poner en evidencia el dinamismo y carácter cambiante de lo social. La revolución democrática no puede tener destinatario establecido de antemano, porque los sujetos individuales y colectivos están en permanente transformación y la política de izquierda debe observar todo el tiempo ese movimiento. Su tarea es simplemente reconocer los nuevos lugares donde se articulan las resistencias.[7] Sin embargo, el rechazo de ese apriorismo vuelve a los protagonistas de la acción política figuras abstractas, y en medio de tanta diferencia, aparece el riesgo de que falte “toda referencia a esa unidad que, si bien es imposible, es, sin embargo, un horizonte necesario” para construir proyectos colectivos. Laclau y Mouffe quieren resistir la posibilidad de que se elimine “todo punto de referencia común”, ya que reconocer solo la diferencia vuelve imposible la articulación colectiva. En ese caso no se trataría más que de otro camino, como ellos mismos reconocen, que conduce a terminar con la política. Es una apuesta que puede terminar fragmentando y disolviendo toda unidad futura[8]. A esto podríamos agregar otro peligro, menos identificado por los autores: el esfuerzo por no asignar jerarquía a ninguna causa o actor puede constituir una utopía, pues la realidad obliga siempre a establecer prioridades; siempre habrá que elegir. Y son de hecho algunos de estos peligros los que el propio Frente Amplio chileno ha experimentado en el despliegue de esta nueva revolución.

La radicalización democrática en Chile

Aunque no es la única influencia, la reflexión iniciada por Laclau y Mouffe fue recibida y traducida políticamente por el FA en Chile. Este mundo criticó en duros términos el orden de los denominados 30 años, y mostró una significativa distancia respecto de la herencia de la transición. Este cuestionamiento fue especialmente claro durante la movilización estudiantil del 2011 que, de la mano de la bandera de educación pública, gratuita y de calidad, quiso evidenciar la mercantilización de bienes fundamentales en nuestro país. Se trata de una hipótesis que ganó adhesión ciudadana e impacto a nivel político, lo que se expresa en la carrera que muchos de los líderes del movimiento iniciaron poco después en el Congreso; y en las reformas estructurales —con la gratuidad universitaria como punta de lanza— presentadas por el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Sin embargo, su denuncia fue más allá: la crítica a los 30 años era también un cuestionamiento al modo de entender y ejercer la política en nuestro país. La época de “los consensos” fue impugnada por esta generación que denunció la negación del conflicto político y la reducción del poder a un mero problema técnico. La dura evaluación que hacen del periodo se podría resumir así: ya no había grandes disputas ideológicas, solo el desafío de ponerle “rostro humano” a nuestro liberalismo. Esta idea está presente en varios referentes del conglomerado, como Fernando Atria[9] e incluso Gabriel Boric[10], y fue formulada casi en los mismos términos que los utilizados por Laclau y Mouffe. Se habría permitido así la perpetuación de lógicas instauradas en dictadura, en connivencia con una derecha cómoda en la cultura del veto, quedando toda la clase política ciega a los cambios y demandas de la sociedad chilena. Esta combinación, entre otras cosas, iría configurando el llamado malestar que terminó de estallar el 18 de octubre de 2019. No es casual que la lectura construida por el FA sobre la crisis de los últimos años tuviera cierto éxito, estableciendo (aparentemente) los ejes de la política del futuro. La implacable crítica de esta nueva generación fue la base de su posicionamiento político y de la definición de su proyecto. El orden neoliberal habría impedido ampliar la democracia a aquellos grupos subalternos, invisibilizados por el consenso imperante, donde la clase era apenas una de muchas otras reivindicaciones olvidadas. Que Gabriel Boric haya ganado la última elección presidencial —después de una Convención donde predominaba justamente el mundo que daría forma a su coalición— los hizo creer que su diagnóstico era acertado y hegemónico. El tiempo de constituir una nueva voluntad popular parecía llegar al fin. Pero las cosas siempre son más complejas.

Las identidades al poder

La influencia de Laclau y Mouffe y el vínculo con el proyecto español se confirman en la reflexión del propio Boric, que escribía con admiración las siguientes líneas a partir de la experiencia de Podemos en 2016: “Lo que el marxismo tradicional consideró históricamente como ‘frentes secundarios’ (feminismo, ecologismo, movimientos de minorías raciales y de género, entre otros), son elementos de primera línea en su despliegue político. Si bien reconocen la importancia del análisis de clase, no subordinan toda disputa a este, comprendiendo, acertadamente a mi entender, la importancia de temas que han sido permanentemente relegados a un lugar de trastienda en la izquierda tradicional”[11].

No es casual que varios de los temas que Boric esbozaba en ese entonces aparezcan entre las prioridades del ahora presidente y de su coalición. Y podemos confirmarlo en su propio programa. Allí destacan la idea matriz de un gobierno feminista y ecologista, la plurinacionalidad, una “estrategia intersectorial de ciudadanía sexual”, modificar la ley de identidad de género, todo dentro del marco del “reconocimiento de identidades”, sobre todo de quienes han sido “sistemáticamente discriminados: niñas/mujeres, minorías sexuales, pueblos indígenas, per sonas en situación de pobreza”. La clase trabajadora queda como un actor secundario, ya que lo central es la convocatoria a los distintos grupos oprimidos. Las dificultades del FA para alcanzar arraigo social parecen inseparables de la pregunta por las consecuencias del énfasis en los grupos reivindicados. Y el modo en que se reformuló el cargo de Primera Dama, cuyas funciones se enfocarían en “la discriminación de grupos históricamente excluidos, con enfoque interseccional, de derechos humanos y perspectiva de género inicialmente con énfasis en pueblos indígenas, migración, género y diversidad sexo-genérica”, es ilustrativo del mismo fenómeno.

Este mismo espíritu impregnó la Convención. Es evidente que allí convivieron muchos proyectos de izquierda, donde el FA era uno más. Sin embargo, su facción fue decisiva, y figuras ligadas a ese mundo tuvieron un papel determinante en ella. Así, es posible leer las justificaciones dadas y muchas normas aprobadas desde la influencia intelectual que aquí analizamos. Podemos identificar por ejemplo una marcada tendencia a promover normas de carácter identitario en el texto, haciendo una constante reivindicación de la particularidad. Esto aparece de manifiesto no solo en las normas más controversiales en materia de derechos sexuales y reproductivos, o las perspectivas de plurinacionalidad y de género para el ejercicio del poder, sino también en el modo de organizar el Estado. Vemos así la configuración de una amplia variedad de instituciones atomizadas y autónomas a nivel regional, donde el motor fue el aseguramiento exclusivo de la autonomía, sin una preocupación clara por los necesarios límites y contención de ese único principio, así como la referencia a la unidad mayor que los vincula.

Pero no se trata simplemente de mirar el tipo de normas aprobadas, sino también su fundamentación. Al leer los artículos del libro La Constitución que queremos (2020), editado por los exconvencionales Jaime Bassa y Christian Viera (ambos vinculados al FA), aparecen varios elementos que muestran la comprensión que los inspira. Según Bassa, la Constitución no se reduce a su dimensión puramente jurídica, sino que está llamada a constituir políticamente a la sociedad[12]. De cierto modo, pareciera ser que la carta fundamental en que piensa Bassa es lo que hace existir al pueblo, de manera tal que lo que había antes se subordina a lo que se puede moldear a partir del pacto político. Una forma de teología política donde la constitución de la voluntad popular se revela como pura construcción, con todas las implicancias que ello puede tener. Es difícil separar el proyecto más amplio del cual participa Bassa —la radicalización democrática— de su aterrizaje constitucional, en el que la carta fundamental termina ajustando el pueblo que es al pueblo que debe ser. “Uno de los principales desafíos de todo proceso constituyente es reconfigurar las relaciones de poder político, económico y social de un país”[13]. De hecho, Bassa llegaba a afirmar que debíamos reconstituir incluso nuestra vida cotidiana: “podemos reescribirla en base al respeto universal de todos nuestros derechos, sin discriminaciones económicas, de género, de etnia o territoriales y con una perspectiva feminista transversal”[14].

Como puede verse, este proyecto ha sido influyente en nuestro espacio público. Esto se debe a varias razones. Junto con la crítica teórica al marxismo tradicional, el proyecto delimitado por la reflexión de Laclau y Mouffe ofrece un plan de acción que a primera vista se acomoda bien al mundo contemporáneo. Habitamos hoy sociedades fragmentadas, en contextos de debilitamiento progresivo de los partidos políticos y de las militancias largas, mientras en paralelo cobran fuerza reivindicaciones particulares y contingentes. Género, medio ambiente, etnias, entre otras, se levantan como banderas movilizadoras a partir de las cuales parece más eficaz orientar la acción política. Incluso si tomamos distancia de una crítica a los 30 años que parece despiadada, puede pensarse que el FA acertó al identificar una política que, por las razones que fuera, parecía temer al disenso y al conflicto político. No es azaroso que su lectura del pasado y su proyecto cobraran fuerza después de la más profunda crisis desde el retorno a la democracia. Esto es, en parte, por su capacidad para haber encontrado un punto certero de crítica y, al mismo tiempo, ofrecer un camino de acción.

Sin embargo, apenas llegaron al poder, el proyecto ha mostrado sus fisuras. De la mano de la Convención y con el arribo a La Moneda, el antagonismo de su práctica política y la reivindicación fragmentada de identidades han sido un impedimento para convocar y sostener grandes mayorías, para ampliar una base que sigue siendo fundamentalmente de élite y para construir proyectos colectivos que permitan orientarse hacia el futuro. Por un lado, no deja de ser paradójico que el triunfo en segunda vuelta haya requerido un giro significativo de Gabriel Boric. Su conexión con el Chile actual a nivel masivo y mayoritario le exigió renegar de una porción no menor de sus críticas a los 30 años, incluyendo nuevos énfasis, prioridades y hasta una nueva imagen. Por otro lado, las dificultades en sus primeros meses de gobierno están ancladas en parte en una premisa intelectual y un proyecto político que no logra abrir un horizonte de largo plazo que entronque con las reales aspiraciones ciudadanas. Como decía Carlos Ominami, el éxito del proyecto “prosperará en la medida en que construya un respaldo mayoritario que [lo] sostenga y garantice, al mismo tiempo que espacios para que la minoría tenga la posibilidad de desarrollarse y hacer posible la alternancia”[15]. Quizás esto se deba en parte al hecho de que la lógica política adoptada funcionaba bien en la oposición, pero hizo crisis al llegar al poder. La crítica no basta para gobernar.

 Pobreza de la radicalización

En una entrevista reciente, el cientista político Juan Pablo Luna criticaba al FA en duros términos: el conglomerado “no tiene bases sociales ni organización a nivel popular. Quiere gobernar para un pueblo que en rigor no conoce y al que en el mejor de los casos solo le llega ‘Gabriel’”, afirmó el académico[16]. La observación es reveladora. La nueva voluntad popular que buscaban no ha logrado hacerse efectiva, tanto por dificultades para ampliar las bases de este mundo, como para articular un relato donde se afirme algo más que particularidades. Ocurre también, como anticipamos al comienzo, que la pretensión antiesencialista termina por subordinar a los grupos que, en la práctica, siguen siendo los más desaventajados. La clase sigue siendo una de las principales variables para explicar las distintas formas de exclusión en Chile y América Latina. La agenda identitaria, ciega a esa realidad, arriesga no solo hablar a distintos grupos fragmentados sin nada en común, sino sobre todo a elitizarse por no lograr conectar con las aspiraciones de las grandes mayorías. Que el nuevo gobierno haya tenido que empezar su mandato asumiendo, contra su voluntad, un conflicto inédito en materia de seguridad habla de esas dificultades. La alianza entre la radicalización democrática y los grupos desfavorecidos duró hasta que las prioridades de estos últimos cambiaron.

Conviene recordar en todo caso que los problemas que evidencia el Frente Amplio no son exclusivos de nuestro país, y repercuten en una izquierda global cuyas premisas muestran tensiones similares. Quien describió con mayor precisión el fenómeno de alejamiento entre las izquierdas y las clases populares es el francés Jean-Claude Michéa. En El imperio del mal menor, Michéa critica con dureza a una izquierda que, en los hechos, ha terminado por abrazar el paradigma liberal, dejando de lado la posibilidad de una comunidad “que se organice como tal”[17]. La dispersión de la sociedad en tantas identidades como individuos existan vuelve extremadamente difícil proponer un proyecto que logre articular un sentido e instituciones compartidas. Al mismo tiempo, al ensalzar esa elección individual, termina despreciando aquello que George Orwell llamara la decencia común: ese patrimonio moral de las capas populares, modesto, pero de incalculable valor para una sociedad que busca orientarse en medio de la fragmentación. Por momentos, son justamente esos grupos los que se oponen con más fuerza a los valores defendidos por la revolución democrática. El rechazo a la inmigración, las resistencias a la transformación del lenguaje o la reproducción de prejuicios de género suele darse en los grupos más pobres que, ante su porfía, suelen volverse objeto del más absoluto desprecio. Esa ha sido, de hecho, la tónica seguida por distintas democracias occidentales en el último tiempo.

Pocos advirtieron este riesgo con la lucidez de Gabriel Boric en 2016: “El riesgo que creo importante anotar es la posibilidad de estar germinando una bomba de demandas incoherentes entre sí, por el solo hecho de que sean circunstancialmente unificables en torno a un adversario común, pero que a la hora de implementar en positivo una alternativa, revienten en cualquier dirección”. Habrá que ver si acaso hoy, estando en el poder, es capaz de conducir a su gobierno evitando tal explosión. Puede que esa aproximación rindiera frutos para unir a su coalición de cara a la elección presidencial. Sin embargo, arriesgan un paulatino alejamiento de las mayorías que, siendo críticas con el presente, se resisten a la lógica identitaria y terminan sintiéndose abandonadas. El desafío consiste en construir una hipótesis donde el adjetivo “democrático” sea efectivo y honesto. Y ello exige que la crítica del presente no sea total. La identificación de los 30 años con mero neoliberalismo y herencia de la dictadura impide conectar con aquellas dimensiones valoradas por una ciudadanía que siente que tiene mucho que perder. Como dijera Hannah Arendt, si no hay reconciliación con las propias circunstancias, se volverá imposible constituir un mundo común en torno al cual las distintas identidades se encuentren. Y en ese caso no sabrán escapar a la mera afirmación de la diferencia y la fragmentación que, como ellos bien saben, no es más que otro camino para poner fin a la política.

[1] Fort Apache, Podemos y el populismo. https:// www.youtube.com/watch?v=hqUv41yMgv0. Desde minuto 3:37. Las cursivas son nuestras.

[2] Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004), 202.

[3] Ibid. 203

[4] Ibid. 197

[5] Laclau Mouffe, 197.

[6] Ibid., 222

[7] Ibid., 222 - 223

[8] Ibid., 234

[9] Fernando Atria, Neoliberalismo con rostro humano: veinte años después (Santiago: Catalonia, 2013).

[10] Boric rescataba la oposición de Podemos en España a “una socialdemocracia deslavada como camino a una supuesta humanización del neoliberalismo”. Gabriel Boric, Podemos, aprendizajes para Chile, sin calco ni copia. Disponible en https://rebelion.org/podemos-aprendizajes-para-chile-sin-cal-co-ni-copia/

[11] Gabriel Boric, Podemos, aprendizajes para Chile.

[12] Jaime Bassa, Juan Carlos Ferrada y Christian Viera (eds.), La constitución que queremos: propuestas para un momento de crisis constituyente (Santiago: LOM, 2019), 19.

[13] Punto 9, https://jaimebassa.cl/wp-content uploads/2021/03/decalogo.pdf

[14] https//jaimebassa.cl/conoceme/

[15] Carlos Ominami, “La nueva imagen internacional de Chile”, La Tercera, 3 de marzo de 2022.

[16] “Juan Pablo Luna: “Si lo que el Frente Amplio quería era transformar, deberá hacerse cargo de sus evidentes limitaciones””, por María José O’Shea. La Tercera, 3 de julio 2022.

[17] Jean-Claude Michéa, El imperio del mal menor (Santiago: IES, 2020), 49.