[Contenido liberado. Suscríbete a Punto y Coma para acceder a la revista completa y a contenido exclusivo del IES]



Por Iván Jaksić 

¿Qué relaciones tuvo Andrés Bello con la política y el poder? ¿Fue influyente? ¿Fue escuchado? ¿Dejó algún legado? Si todo ello es afirmativo, ¿qué nos dice sobre nuestro presente? De la relación de Bello con el poder basta con mencionar su rápido ascenso de oficial segundo en el gobierno de la Capitanía General de Venezuela a secretario de la Junta Central de Vacuna, luego a Comisario de Guerra y, posteriormente, a editor del periódico oficial Gazeta de Caracas. Todo esto antes de cumplir los treinta años. Sus nombramientos aparecen debidamente firmados por el rey Carlos IV, a cuya persona y monarquía dedicó poemas tales como “Oda a la vacuna” y “Venezuela consolada”. Aún más veloz fue su ascenso durante la primera junta de gobierno, que le encomendó la célebre respuesta al Consejo de Regencia y luego lo designó, junto a Simón Bolívar y a Luis López Méndez, como miembro de la primera misión diplomática a Londres.

En la capital del imperio británico se desempeñó como secretario de la legación de Chile y luego de la Gran Colombia de Simón Bolívar; redactó un importante documento dirigido al Papa Pío VII y publicó revistas de carácter cultural y político, primero promoviendo la monarquía constitucional y luego el sistema republicano de gobierno. Contratado en Londres por el gobierno de Chile, en nuestro país se desempeñó como oficial mayor del Ministerio de Hacienda y luego de Interior y Relaciones Exteriores; fue senador de la república por tres períodos consecutivos de nueve años cada uno; fue fundador y rector de la Universidad de Chile, ejerciendo por tanto el rol de superintendente de la educación pública. Redactó además el Código Civil que todavía nos rige (más allá de sus reformas) y, asimismo, los discursos de tres presidentes consecutivos (Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt), a los que él mismo se encargaba de responder desde el Senado. Todo esto sin hablar del impacto nacional e internacional de sus tratados y escritos sobre derecho, gramática y educación.

Bello impulsó el reconocimiento de la independencia por parte de España (tema tabú en su momento), la abolición de los mayorazgos y diversas políticas de salud pública, estadística, pesos y medidas, e infraestructura. En cuanto a otras habilidades, corrigió traducciones de la Biblia, gestionó el matrimonio de Manuel Bulnes con la hija de Francisco Antonio Pinto, redactó múltiples documentos y tratados internacionales y se dio el tiempo para formar a una generación de estadistas. Algunas de sus polémicas son justamente célebres.

Una de ellas fue sobre la enseñanza del latín y del derecho romano, lo que a su vez se vinculaba con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con España. Nombrado por el gobierno de Prieto para una comisión cuyo fin era evaluar la enseñanza del derecho en el Instituto Nacional en 1832, Bello recomendó que el derecho romano tuviese un papel más central en el currículo, enseñándose más temprano y por dos años, en lugar de uno. “El curso principal de esta profesión”, indicó, “es el del Derecho Romano”, puesto que tal cuerpo de leyes “es el origen y fuente de todos los derechos”. Por lo mismo, resultaba indispensable la enseñanza complementaria de la lengua latina. El tema no escapó a la atención de José Miguel Infante, quien exclamó en El Valdiviano Federal: “¡Bello plan para la república!” agregando que “Se oye nuevamente en las escuelas de derecho repetir como en el tiempo de la servidumbre que tienen fuerza de ley las Respuestas de los Prudentes, los Edictos de los Pretores, la voluntad del Príncipe… ¿Se pretende acaso que revivan? Si no es así, ¿para qué imbuir a la juventud en lecciones de despotismo?”. En su respuesta, Bello señaló que el derecho romano era “la fuente de la legislación española que nos rige”. En efecto, la legislación vigente, hasta la promulgación del Código Civil dos décadas después, era precisamente la española, y el gobierno de Prieto lo reiteró el primero de marzo de 1837. Para esa época, Bello ya se encontraba redactando los primeros artículos del Código Civil, destacando que, mientras la nueva legislación civil no entrara en vigor, seguiría vigente la anterior.

Relacionado estrechamente con la enseñanza del latín y el derecho romano se encontraba el restablecimiento de las relaciones con España luego del fallecimiento de Fernando VII. Bello recomendaba esta política de acercamiento a través de sus columnas en El Araucano, periódico de lectura obligada para Infante, quien reclamó que “continúa la inserción de las piezas justificativas de las negras tramas de algunos americanos con el gabinete español para monarquizar a favor de la familia de nuestros antiguos opresores […] el suelo a que deben su monstruosa existencia y que el amor a la libertad hizo regar con la sangre ilustre de sus verdaderos hijos”. Como respuesta, Bello señaló que las intenciones de diversos países hispanoamericanos, incluyendo Chile, iban por otra dirección: “El reconocimiento de nuestra independencia no será un favor de la España pero será siempre un bien para la América, porque la paz es un bien, y porque ella extenderá nuestro comercio, poniéndonos en relación, sea con la España misma, sea con otras naciones que se abstienen de tratar con nosotros mientras carecemos de un título que, según ellas, es necesario para legitimar nuestra existencia política”. La polémica continuó por años, pero se zanjó a favor de Bello en abril de 1844, cuando Chile y España firmaron un acuerdo de paz y amistad.

Una segunda polémica, esta vez con Domingo Faustino Sarmiento (aunque participaron en ella, en mayor o menor medida, todos los intelectuales jóvenes de la época), revela las cercanas relaciones entre la literatura y la política a mediados del siglo XIX. Se trata de la distinción entre clasicismo y romanticismo. Según Sarmiento, la juventud chilena sufría una suerte de encogimiento creativo debido a la influencia neoclásica de Bello. Sin embargo, el autor de origen venezolano había explorado los temas del romanticismo durante su estadía en Londres. Si bien celebraba los aportes de Madame de Staël, Victor Hugo, Walter Scott y Lord Byron, se preocupaba por la versión hispanoamericana del romanticismo, que consideraba como “licencia” (opuesta a la libertad ordenada). Como expresó en 1841, “En literatura, los clásicos y románticos tienen cierta semejanza no lejana con lo que son en política los legitimistas y los liberales. Mientras que para los primeros es inapelable la autoridad de las doctrinas y prácticas que llevan el sello de la antigüedad, y el dar paso fuera de aquellos trillados senderos es rebelarse contra los sanos principios, los segundos, en su conato a emancipar el ingenio de trabas inútiles, y por lo mismo perniciosas, confunden además la libertad con la más desenfrenada licencia”.

Como puede verse, en un período de construcción del Estado y la nación Bello buscaba un punto medio de moderación en política, es decir, sujeción a reglas (respeto por la ley) y libertad (un marco de agencia individual que no vulnerar los derechos de los otros). En literatura, abogaba por la corrección del lenguaje combinada con la exploración de temas originales. El cuidado por el lenguaje, en particular, le parecía especialmente importante para la unidad nacional, así como para la continental. Esa era precisamente la inspiración de sus estudios filológicos y gramaticales. Sarmiento, captando inteligentemente la conexión entre política y lengua, respondió en 1842 que “la soberanía del pueblo tiene todo su valor y su predominio en el idioma; los gramáticos [i.e., Bello] son como el senado conservador, creados para resistir los embates populares, para conservar la rutina y las tradiciones. Son a nuestro juicio […] el partido retrógrado, estacionario, de la sociedad habladora; pero como los de su clase en política, su derecho está reducido a gritar y desternillarse contra la corrupción, contra los abusos, contra las innovaciones”. Pidió, a continuación, aunque no seriamente, el ostracismo de Bello.

Para este último, el tema era más centralmente el de la alfabetización. Su Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos representaba un llamado a la unidad lingüística hispanoamericana, pero hacía de la ortografía un lugar de transición: es decir, cada letra debía representar un sonido para facilitar la adquisición del lenguaje escrito. En este sentido, demostraba estar abierto a las reformas, rechazando abiertamente los criterios etimológicos entonces predominantes en el diccionario y la gramática académica. Sus reformas permanecieron vigentes hasta 1927. Es decir, en esta polémica Bello se impuso, dado que los documentos oficiales y el sistema educacional siguieron sus recomendaciones hasta entrado el siglo XX, sesenta años después de su muerte.

Pero quizás la polémica más significativa, debido a su impacto a largo plazo, sea el debate en torno a la historia que protagonizó junto a José Victorino Lastarria y Jacinto Chacón entre 1844 y 1848. Lastarria y otros intelectuales chilenos y argentinos abogaban por una historia “filosófica” con raíces en la Ilustración, pero también en el romanticismo. Es decir, una interpretación del pasado a partir de hitos que señalan un camino de progreso y perfectibilidad. Para ello era necesario identificar los obstáculos que impedían la marcha de tal progreso, que para la generación de Lastarria residían en el pasado colonial, un pasado de opresión y anonadamiento que había envilecido al país. A pesar de algunos destellos de libertad en el período de la independencia, la reacción colonial se había manifestado en la Constitución de 1833. En el caso de Francisco Bilbao, además, se acentuaba la nefasta influencia de la Iglesia católica. El camino era claro: eliminar las influencias retrógradas luego de identificarlas mediante la filosofía de la historia. Según Lastarria, en un discurso pronunciado en 1842, Chile era una sociedad inmadura puesto que “estuvo sometida tres siglos a satisfacer la codicia de una metrópolis atrasada y más tarde ocupada en destrozar cadenas y en constituir un gobierno independiente. A nosotros toca volver atrás para llenar el vacío que dejaron nuestros padres y hacer más consistente su obra, para no dejar enemigos por vencer y seguir con planta firme la senda que nos traza el siglo”. Sarmiento se sumó a Lastarria en 1844 manifestando la necesidad de “despertar el interés por los estudios históricos tan descuidados en su parte filosófica entre nosotros”. Algunos meses después reiteró, a propósito de la historia de Chile de Claudio Gay, altamente apoyada en documentos, que “en América necesitamos, menos que la compilación de los hechos, la explicación de causas y efectos. Más todavía, los hechos así desnudos de toda investigación filosófica nos chocan hasta cierto punto”. Bello estaba en profundo desacuerdo y lo hizo saber en una columna El Araucano, también dedicada a la obra de Claudio Gay: “el prurito de filosofar es una cosa que va perjudicando mucho a la severidad de la historia; porque en ciertas materias el que dice filosofía dice sistema; y el que profesa un sistema lo ve todo al través de un vidrio pintado, que da un falso tinte a los objetos”. Bello había expresado en varias ocasiones su perspectiva sobre la historia, pero quizás el mejor ejemplo se encuentra en el artículo 28 de los estatutos de la Universidad de Chile, redactados por él: “Se pronunciará un discurso [anual] sobre alguno de los hechos más señalados de la historia de Chile, apoyando los pormenores históricos en documentos auténticos, y desenvolviendo su carácter y consecuencias con imparcialidad y verdad”. Lastarria, quien estuvo a cargo del primer discurso en 1844, insistió en su postura: Chile, “bajo la influencia del sistema administrativo colonial, estaba profundamente envilecido, reducido a una completa anonadación y sin poseer una sola virtud social, a lo menos ostensiblemente, porque sus instituciones políticas estaban calculadas para formar esclavos”. A los personeros de gobierno, allí presentes, instó a “apoderarse de esa reacción [contra el pasado] para encaminarla hasta destruir completamente las resistencias que opone el sistema español antiguo encarnado en la sociedad”. Remató diciendo que “la sociedad debe acudir a la historia para sacar de ella el preservativo de la desgracia y la luz que debe guiarla en las tinieblas de lo futuro”. Según sus propios recuerdos, la recepción fue gélida. A corto andar, sin embargo, insistió en sus argumentos en un nuevo escrito y postuló a un premio de la Universidad. Este le fue otorgado, pero no sin críticas. El jurado integrado por Antonio Varas y Antonio García Reyes declaró que “la Comisión se siente inclinada a desear que se emprenda, antes de todo, trabajos destinados principalmente a poner en claro los hechos; la teoría que ilustra esos hechos vendrá en seguida andando con paso firme sobre un terreno conocido”.

Es aquí cuando entró en la polémica Jacinto Chacón, profesor de historia del Instituto Nacional, quien decidió, en enero de 1848, “protestar contra este exclusivismo intolerante de la comisión, protestar contra ese ejercicio ilegítimo de la autoridad universitaria contra la libertad de escribir la historia”. Como rector de la Universidad, Bello tuvo que responder: “No podemos soltar la pluma sin contestar al grave cargo que se hace a la Comisión, acusándola de exclusivismo y de intolerancia, porque ha creído que, en el estudio y cultivo de la historia chilena, debe principiarse por el esclarecimiento de los hechos. Si este juicio, expresado bajo la modesta forma de un deseo, es un acto de intolerancia, adiós crítica literaria”. Lastarria no se pronunció, y Chacón abandonó la polémica ese mismo mes de enero. Bello la cerró con los ya clásicos textos “Modo de escribir la historia”, “Modo de estudiar la historia” y “Constituciones” en donde abundó sobre temas de metodología histórica, intentando despolitizarla. Es decir, el estudio de los temas históricos debía descansar sobre una base empírica, y no inspirado en agendas de cambio político. Además, debía estar acompañado de un análisis crítico de las fuentes.

En este último respecto, Bello no logró completamente sus objetivos, ya que sus propios discípulos utilizaron la historia para promover propósitos políticos. Lo que sí logró fue institucionalizar la disciplina mediante las presentaciones anuales y sus publicaciones, además de incrementar el perfil público de la historia. Al menos durante el siglo XIX y entrado el siglo XX, a pocas figuras públicas les sería indiferente la historia.

¿Habrá sido Bello el último intelectual en ser escuchado por los más altos círculos del poder y la política? En cuanto a niveles de influencia, quizás, pero es evidente que otros intelectuales contribuyeron desde el siglo XIX en adelante en temas importantes como los limítrofes, los económicos y los constitucionales. Su papel, sin embargo, ha sido cada vez más estrecho con el paso del tiempo. En el siglo XXI, el área en la que los intelectuales han logrado una posición de influencia ha sido la de los medios, mediante columnas o entrevistas que ocasionalmente tienen repercusiones a nivel de Estado y sociedad. También, los centros de investigación se han posicionado como influyentes generadores de conocimiento empírico mediante encuestas y estudios avanzados. En cambio, las disciplinas tradicionales con fuertes liderazgos individuales se han debilitado. La filosofía, por ejemplo, tuvo en el siglo XX destacados pensadores que también influyeron en política, como Enrique Molina o Jorge Millas, pero ella, como la mayor parte de los campos de las humanidades y las ciencias sociales, ha perdido relevancia, ha reorientado sus intereses o ha sido simplemente ignorada.

En cuanto a la historia, su presencia ha sido particularmente débil. El tema constitucional, que ha estado tan presente en nuestros días (como lo estuvo en los debates previos a las Constituciones de 1833 y 1925), ha brillado por la ausencia de los historiadores, salvo por algunas meritorias excepciones. Esto ha sido responsabilidad de los historiadores mismos, o de las carreras de historia, que hoy privilegian la discusión con los pares o el acceso a fondos concursables y publicaciones en revistas indexadas. Pero también es responsabilidad de las instituciones del Estado, que escasamente escuchan a quienes podrían aportar, desde distintos campos del saber, a la definición de las políticas más apropiadas para los tiempos que vivimos. El entender las complejidades de la sociedad para así formular políticas públicas sensatas, con reconocimiento de los esfuerzos anteriores, requiere del concurso de intelectuales dispuestos a colaborar en política, y de políticos dispuestos a dialogar con quienes, desde Andrés Bello en adelante, han hecho aportes valiosos en el desenvolvimiento político y cultural de la nación.