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Por Guillermo Pérez

“Y hoy tienen la cagada estos huevones […] van a empezar a secuestrar empresarios, a todos los huevones. Por eso hay que cortarlos de raíz no más po. Yo la única huevá que digo es que, puta, Dios nos ayude no más po”. Esta frase es parte de una conversación entre dos delincuentes chilenos —Marcos y el Huaso— contenida en los archivos judiciales vinculados al caso Los Gallegos, una célula del Tren de Aragua que durante un tiempo controló el Cerro Chuño de Arica.

Los audios muestran que Marcos está asustado. Acaba de enterarse de que los criminales venezolanos instalaron una casa de torturas en un vertedero, ubicado en la parte más alta del cerro, y que algunos sicarios de la banda han estado preguntando por él. Sin embargo, no tiene mucho que perder: “si a las finales yo soy chileno, para dónde voy a andar corriéndome yo […] en todo caso yo ya le dije a los cabros que cualquier huevá que me pase ellos tienen que puro apechugar”.

La banda de Los Gallegos prácticamente logró montar un Estado paralelo en ese sector del norte de Chile. Así lo relatan las pericias del agente de la PDI que consiguió infiltrarse en la comunidad para observar cómo operaba este grupo criminal, acreditando luego que esta célula del Tren de Aragua incluso había llegado a imponer una especie de sistema judicial y tributario a su medida, con sus propias leyes y castigos.

¿Qué razones explican que estos grupos lleguen al país y crezcan de la forma en que parecen haberlo hecho? ¿Por qué Chile, uno de los Estados en teoría más fuertes de América Latina, se vio de pronto invadido por bandas criminales venezolanas y de otros países del continente? ¿Qué efectos tendrá en el futuro la consolidación de estas organizaciones? Aunque todas estas preguntas son parte de procesos en desarrollo, en este ensayo presento algunas posibles respuestas para debatir aspectos poco explorados de un fenómeno criminal que ha asediado a nuestro país en los últimos años.

La llegada

Los miembros del Tren de Aragua en Chile no presumen de joyas ni autos caros. No se parecen a los narcos de las series de televisión ni de las películas. Aunque les gusta mucho la fiesta, en general no aspiran a ser como Pablo Escobar ni como el Chapo Guzmán. Muchos viven en casas humildes, con millones de pesos escondidos debajo del colchón y las pistolas bajo las almohadas. Un Far West excepcional, al estilo caribeño. Carlos González Vaca, alias “El Estrella”, uno de los líderes de la banda en Chile, vivía en un modesto departamento en Quilpué como cualquier otro inmigrante que viene a probar suerte a nuestro país. Antes de ser detenido por múltiples delitos, trabajaba en algunos delivery de comida rápida y tenía otros negocios que le permitían lavar el dinero obtenido en actividades ilegales. Llevaba una vida bastante normal, muy lejos de la espectacularidad típica asociada al narco y al mundo del crimen.

¿Por qué delincuentes como “El Estrella” o “El Satanás” deciden venir a Chile? ¿Cuáles son sus motivaciones? Algunos sugieren que las razones son simplemente económicas. El crimen organizado es un negocio y, al fin y al cabo, lo único que importa es el dinero. Ellos se habrían sentido atraídos por un Estado relativamente estable, seguro, ingenuo y que acogía inmigrantes venezolanos prácticamente sin restricciones. Este contexto se traducía en suculentas oportunidades de negocios para criminales avezados como ellos. La periodista venezolana Ronna Rísquez, una de las pocas personas que ha estudiado en profundidad al Tren de Aragua, cuenta que Héctor Guerrero Flores, alias “El Niño Guerrero”, líder principal de esta agrupación criminal, prácticamente repartió zonas de América Latina entre sus secuaces desde la cárcel. Y varios llegaron a Chile con la intención de, como ellos mismos dijeron, “armar su pedacito de cielo” en el país.

Sin embargo, es fácil intuir que detrás del funcionamiento del crimen organizado hay más que solo factores económicos, sobre todo considerando el modesto estilo de vida de muchos de estos criminales. Múltiples lealtades, retorcidos anhelos de justicia e igualdad, intentos por trascender y dejar huella en el mundo (aunque sea robando, matando y descuartizando) son solo algunas alternativas. Hay quienes han llegado a decir que detrás de la instalación del Tren de Aragua existen motivos políticos. Esto no sería demasiada novedad, ya que otras bandas criminales a nivel latinoamericano participan activamente en la contienda electoral y cuentan con ideologías bastante definidas y claras. El Primer Comando de la Capital (PCC) en Brasil, por ejemplo, ha construido un modelo de gobierno criminal con sistemas de justicia, impuestos y administración paralelos, alimentado de una retórica de lucha permanente en contra de un Estado que abusa de los presos y marginados. Algunos han sugerido que el PCC incluso estaría financiando candidatos y obras públicas en distintos lugares de Brasil. De un modo similar, los Caballeros Templarios de Michoacán y otros carteles mexicanos han creado las que se han llamado “constituciones criminales” que rigen en sus territorios. Muchos de estos grupos también intervienen en política, amenazando o asesinando a los candidatos que no se alinean con sus intereses. Las últimas elecciones locales, por ejemplo, concluyeron con la muerte de 34 candidatos en estados como Michoacán, Guerrero y Chiapas.

El caso del Tren de Aragua podría ser distinto, mostrando un vínculo más colaborativo que desafiante con las autoridades venezolanas. Algunos han sugerido incluso que la banda criminal ha actuado como un brazo armado de la dictadura de Maduro en varias oportunidades. Por ejemplo, según testigos citados por Ronna Rísquez, durante las protestas de 2017, el régimen venezolano presuntamente empleó a miembros de esta y otras organizaciones como grupos de choque contra los manifestantes que se oponían a la dictadura. Aunque el vínculo directo con Maduro es difícil de comprobar, existen indicios que merecen atención. Por ejemplo, es al menos curioso que Larry Álvarez, alias “Larry Changa”, uno de los líderes del Tren de Aragua que operó en Chile por casi un lustro, haya figurado en los registros como funcionario del régimen de Nicolás Maduro por varios años, incluso cuando se encontraba en la cárcel. También es llamativo que la cárcel de Tocorón, convertida en el centro de operaciones de la agrupación, se transformase en un espacio capturado por la banda criminal, a vista y paciencia del gobierno venezolano. Aunque la prisión fue intervenida en septiembre de 2023, los principales líderes del Tren de Aragua lograron escapar antes de la operación. Hasta la fecha, el paradero de “El Niño Guerrero” sigue siendo desconocido.

Estas inquietudes impactan directamente a nuestro país. El nebuloso secuestro del teniente opositor Ronald Ojeda, atribuido por la fiscalía chilena al Tren de Aragua, abre demasiadas preguntas que aún no han sido respondidas.

¿Por qué la banda criminal estaría interesada en asesinar a Ojeda? ¿Qué razones explican que un grupo de criminales dedicados a la extorsión, la trata de personas, la prostitución y el narcotráfico asesinen a enemigos del régimen de Maduro?

¿Qué hay detrás del enorme operativo que lograron montar los asesinos para cometer el crimen? Ninguna de estas preguntas admite fácil respuesta. El modelo de negocios del Tren de Aragua consiste en dedicarse a todas las actividades delictivas posibles. Ellos buscan controlar mercados criminales, no cometer delitos específicos. Son criminales que están dispuestos a todo, desde robar celulares hasta traficar personas. Por esta misma razón, opera muchas veces como una empresa que cumple funciones por encargo de otras organizaciones criminales. Dicho de otro modo, venden sus servicios al mejor postor. Así lo han hecho, por ejemplo, con algunas bandas chilenas, ofreciendo servicios de sicariato para asesinar a miembros de grupos rivales. Por tanto, no es descabellado sospechar que el Tren de Aragua pueda haber actuado como un intermediario del régimen de Maduro en el homicidio de Ojeda. De hecho, la fiscalía chilena ha sugerido que el crimen habría sido motivado por razones políticas.

Por desgracia, es difícil tener total certeza de esta información. Chile carece de un servicio de inteligencia digno de ese nombre —como quedó demostrado dramáticamente tras el estallido social de 2019—, y a ello se suma la falta de habilidades del gobierno actual para relacionarse con la dictadura venezolana. El régimen de Maduro nunca se ha tomado en serio las reprimendas de Chile respecto al caso de Ronald Ojeda (y de ningún otro), y las gestiones llevadas a cabo por Manuel Monsalve —hoy acusado por violación y abuso sexual— terminaron en un extraño acuerdo de cooperación cuyos detalles nunca fueron aclarados del todo y que solo evidenció la debilidad del actual gobierno frente a la dictadura caribeña.

Lo que este episodio muestra, además, es que estas bandas llegaron al país porque se generaron las condiciones para que así ocurriera. Y en un contexto como el nuestro —marcado por el estallido social, la pandemia y la inmigración descontrolada—, su fortalecimiento era solo cuestión de tiempo.

La consolidación

En un momento de la conversación entre los traficantes chilenos Marcos y El Huaso, mencionada al inicio, el primero cuenta que escuchó unos audios en los que algunos inmigrantes se referían a las facilidades que ofrece actualmente Chile para ingresar al país. Según estos extranjeros, “Chile está tirado para poder entrar, hay que puro autodenunciarse y te entregan altiro un papel”, y que con eso bastaba para poder entrar. Además, agregan que “está la mano para entrar [a Chile] por Bolivia y Perú”.

Una de las razones que explican la llegada de estas bandas, así como su éxito, es precisamente lo que celebran estos audios: la inmigración descontrolada. Los grupos criminales como el Tren de Aragua han llamado la atención en América Latina justamente porque comenzaron a construir su imperio transnacional a través de la trata de personas y el tráfico de migrantes. Y al interior de los países del continente donde operan, se han consolidado, en parte, mediante la extorsión a sus propios compatriotas.

De algún modo, se podría decir que el Tren de Aragua comenzó como un fenómeno de migrantes contra migrantes, acotado a los ciudadanos de origen venezolano. Por lo tanto, responde a una dinámica muy distinta a la de los carteles mexicanos y colombianos o las bandas brasileñas, que suelen estar formadas por personas que han habitado siempre en los mismos lugares donde operan sus organizaciones. El Chapo Guzmán, por ejemplo, ha vivido gran parte de su vida profundamente ligado a Sinaloa, al igual que Pablo Escobar con Medellín o los líderes del cartel de Cali con su ciudad. Eran, en cierto sentido, criminales arraigados a un territorio específico. Ese arraigo les confería una popularidad que, en casos como los de Escobar Gaviria o Guzmán Loera, persiste hasta hoy.

En el caso del Tren de Aragua, en cambio, estamos frente a delincuentes que prácticamente no tienen vínculos previos con los lugares donde operan ni con las personas que los habitan. Una pregunta clave, entonces, es cómo influye esto en la forma en que esos grupos ejercen sus acciones criminales. Es razonable pensar que, al no tener relaciones anteriores con los territorios que ocupan, no sienten la necesidad de beneficiar a quienes viven en esos entornos. Tal vez eso explique en parte los crecientes niveles de violencia que hemos observado en los últimos años en las actividades delictuales, así como el completo desapego hacia las normas sociales, legales e incluso morales que rigen en nuestro país. Dicho de otro modo, quizás la ausencia de vínculo con las comunidades les permite actuar con una brutalidad difícil de sostener para bandas más arraigadas, que suelen depender de alianzas o del respaldo de las mismas comunidades donde operan. Además, esta desconexión podría ser una de las claves de su éxito: al no estar ligados a las reglas tácitas de una comunidad o a rivalidades locales, enfrentan menos restricciones y tienen menos cuentas que rendir a la competencia.

La brutalidad también puede explicarse como una estrategia que aplican las bandas criminales para entrar con fuerza en un mercado; es una manera de hacerse presentes en el escenario delictual para ganar control geográfico con rapidez. Bajo esta perspectiva, el término o disminución de la violencia en un territorio dominado por bandas criminales puede tener distintas lecturas que invitan a no dar por asumido o seguro el triunfo del Estado sobre el crimen. Quizás las bandas llegaron a acuerdos entre ellas y se dividieron lugares disputados, o el Estado pactó con los criminales y les permitió hacer sus negocios ilícitos sin demasiada intervención, o la agrupación que ejercía la violencia eliminó a todos los competidores del territorio. Hay múltiples posibilidades. En estas materias, la paz obtenida a veces puede ser engañosa.

Con todo, en la ausencia de estos vínculos también puede encontrarse una debilidad importante de estas organizaciones.

En momentos de zozobra, cuando la policía pisa los talones, el respaldo social de las bandas es un activo invaluable. Pablo Escobar y el Chapo Guzmán lograron escapar tantas veces de la policía precisamente porque las personas que vivían en los lugares donde operaban las protegieron. Los criminales del Tren de Aragua no parecen estar demasiado preocupados de construir ese apoyo fuera de Venezuela. Y eso quizás abre una ventana para la intervención de nuestras autoridades.

Por otro lado, como decíamos, la inmigración descontrolada es uno de los factores que explica la llegada y consolidación de las bandas venezolanas en Chile. Esto no solo presenta desafíos para abordar sus particularidades —es un fenómeno relativamente inédito a nivel latinoamericano—, sino que también confirma las debilidades tanto del Estado chileno como de la clase política. A pesar de todas las dificultades en materia migratoria de los últimos años, nuestro Estado aún es incapaz de controlar medianamente su frontera norte.

La debilidad estatal en esta dimensión es tan grave que incluso existen “empresas” que ofrecen a través de redes sociales servicios de “traslado de pasajeros” desde Venezuela a Chile con un desparpajo y una impunidad que sorprende. Son básicamente coyotes que se promocionan por TikTok e Instagram, a plena vista de nuestras autoridades (invito al lector a realizar una búsqueda rápida en Google y en pocos minutos encontrará a algunos de ellos). Por ejemplo, en una publicación de Instagram de octubre del 2021, una de estas empresas ofrecía viajes desde Venezuela “hasta el destino de tu preferencia”, incluyendo países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile o Argentina. Entre los servicios que brindan en pasos fronterizos figuran comida, ducha, chip de teléfono y hospedaje. Uno de los flyers informa que su servicio no implica “nada de caminatas locas”, refiriéndose seguramente a los migrantes que cruzan el desierto por pasos no habilitados. No sería extraño que muchas de estas iniciativas sean, en realidad, tapaderas del Tren de Aragua o de otras organizaciones criminales extranjeras, pues, como decíamos antes, estas bandas suelen usar la trata de migrantes como una de sus principales fuentes de negocios.

Nuestra clase política ha sido cómplice de esta debilidad estatal y, por tanto, de este fenómeno y sus consecuencias. La izquierda y su discurso de “todos somos migrantes” —mayoritario en ese mundo al menos hasta la primera vuelta presidencial de 2021— ha negado en múltiples ocasiones las tensiones reales que provoca la migración, descalificando como racistas, xenófobos o discriminadores a quienes se atreven a plantearlas. Basta recordar algunas declaraciones del actual director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, quien antes de asumir en ese cargo sostenía en un debate radial que “no hay ningún país del mundo que haya entrado en crisis por la migración”. Así, es posible comprender algunas de las dificultades que la actual administración ha tenido por no enfrentar con suficiente fuerza y decisión un problema de esta envergadura. Hace solo un par de años atrás, el oficialismo creía que tales dificultades migratorias simplemente no existían.

La llegada del Tren de Aragua demuestra, una vez más, que quienes sufren las consecuencias de la inmigración descontrolada son los más vulnerables, lo que incluye a los inmigrantes que activistas como Thayer dicen defender. Las víctimas de las bandas venezolanas han sido, como decíamos antes, principalmente otros venezolanos que migran en busca de mejores oportunidades.

Una porción no menor de la derecha, por su parte, ha enfocado su discurso migratorio en la dimensión puramente económica. Para ellos, los inmigrantes son mano de obra barata que puede ayudar a impulsar el crecimiento en un país que atraviesa, además, serias dificultades demográficas. Muchos no quisieron ver que la migración descontrolada traía consigo una serie de problemas sociales que, en un país segregado y desigual como Chile, podían tener consecuencias realmente desastrosas. Hay que ver, además, cómo reacciona la derecha a la marcada preferencia de los ciudadanos venezolanos por aquel sector político en las diversas elecciones. La tentación de seguir alimentando la llegada masiva de extranjeros que votan por ellos puede ser más fuerte que la de apoyar discursos restrictivos vinculados al fenómeno migratorio.

Si cruzamos la inmigración descontrolada con las consecuencias de la pandemia y el estallido social en el debilitamiento de nuestro Estado, no es difícil deducir por qué las bandas criminales tomaron un lugar tan preponderante en Chile. Lo que todavía no sabemos es el modo en que terminará todo esto.

La explosión

Una de las preguntas más inquietantes es cómo estas bandas venezolanas modificarán el mapa criminal chileno en el mediano y largo plazo. Como decíamos, estos grupos criminales han concentrado sus delitos principalmente entre extranjeros. Las personas asesinadas, torturadas o extorsionadas por el Tren de Aragua y sus distintas células son en su mayoría venezolanas. Sin embargo, probablemente tarde o temprano esa burbuja se romperá. Ya hemos visto indicios de este quiebre, como el uso de sicarios extranjeros por bandas chilenas o el secuestro extorsivo de un chileno en Rancagua hace algunos meses.

El experto chileno Pablo Zeballos utiliza la imagen de un inevitable choque de trenes para explicar el encuentro inminente entre la criminalidad chilena y la extranjera. Habrá un choque, eso es evidente, pero no sabemos cómo, cuándo, ni cuáles serán sus efectos. Es posible que las bandas criminales chilenas adquieran “conocimientos” de los extranjeros y empiecen a aplicar algunos de sus métodos, que en algunas circunstancias han resultado ser más eficaces. De no mediar reformas importantes, existe la posibilidad de que las cárceles se conviertan en santuarios para estos grupos: lugares que les permiten rearticularse y organizar desde ahí el control de sus territorios. Tampoco cabe descartar que estas bandas extranjeras comiencen a atacar chilenos con mucha mayor regularidad.

Con todo, nuestro Estado aún está a tiempo para que el inevitable choque de trenes al que se refiere Zeballos no sea de la magnitud que muchos temen. Casos como el de Los Gallegos en la Fiscalía de Arica o las causas que maneja actualmente la Fiscalía de Tarapacá y otras a lo largo del país demuestran que hoy existen funcionarios dispuestos a encerrar a estas bandas en la cárcel. Y, sobre todo, evidencian que el sistema no es completamente ineficaz y que contamos con algunas herramientas institucionales para enfrentarlas. No somos Brasil, Colombia, México o El Salvador, y aún estamos bastante lejos de serlo.

Sin embargo, queda mucho por avanzar, y es fundamental realizar todas las modificaciones necesarias a nivel estatal y en instituciones como gendarmería, fiscalía, policías y ministerios si queremos hacer frente a este complejo desafío. La escasa coordinación interinstitucional en ámbitos relativos al crimen organizado, las precarias redes de inteligencia del Estado y la lenta adaptabilidad de nuestras instituciones para enfrentar este nuevo escenario son asuntos cruciales y urgentes. No estamos en el peor escenario, pero el tiempo tampoco está de nuestro lado.