Celebrando la caída de Maduro, el Primer Ministro de Grecia escribía el sábado que “este no es el momento de discutir la legalidad de las recientes acciones”. A esa misma hora, con algo más de contención, también Macron, Meloni, Merz, y otros representantes de la vieja Europa, daban su apoyo a la remoción del usurpador venezolano. Allá solo voces del neofascismo, como Marine Le Pen, levantaron el principio de no intervención como un absoluto. Acá, en cambio, ha sido más bien la reacción uniforme de la izquierda.

El error de esa izquierda no significa, sin embargo, que tenga razón el Primer Ministro griego. Por mucho que la caída de Maduro sea ocasión de genuina alegría, siempre es momento adecuado para discutir la legitimidad de las acciones humanas. La cuestión es cuál sea la sede en que esa legitimidad se dirime. El reflejo predominante entre los críticos de la acción de Trump ha sido tratar al derecho internacional como la instancia decisiva para estos efectos. Se trata, sin embargo, de un horizonte patentemente limitado. Ese derecho internacional, y el orden que pretende resguardar, es un proyecto reciente con luces y sombras, con virtudes que importa defender pero también con limitaciones insalvables. No contingentes, sino insalvables, precisamente porque el espacio internacional no es una comunidad política como lo son las naciones.

Del reconocimiento de ese hecho no se sigue que, alcanzados esos límites, escenarios como el actual estén entregados a la simple ley del más fuerte o al crudo realismo político. Desde tiempos remotísimos la humanidad ha reflexionado sobre escenarios de guerra justa y de derecho de rebelión, a los que bien cabe acudir en instancias como estas. ¿Es posible pensar este caso bajo la figura de la guerra justa o el derecho de resistencia? ¿Es posible hacerlo no solo enarbolando de modo abstracto esas nociones, sino atendiendo al cumplimiento de sus múltiples criterios?

Es probable que sí. Es legítimo remover a quien ejerce la presidencia por fraude electoral, y sería natural que en tal remoción colaboren la oposición venezolana con un gobierno externo. Es razonable también que ese gobierno tenga dudas sobre la capacidad efectiva de dicha oposición y que por un tiempo considerable la relegue a segundo plano en la planificación del futuro. Lo llamativo en la actual situación no es la dificultad para desarrollar tales argumentos, por los que la acción norteamericana podría describirse como legítima, sino el desinterés de los actores por efectivamente desarrollarlos. Si de Trump se trata, es ese desinterés lo que cabe criticarle, no –en este caso– la violación flagrante de algún principio intocable.