El informe final entregado por la Comisión presidencial para la Paz y el Entendimiento relativo al conflicto en La Araucanía ha despertado opiniones disímiles desde incluso antes de su publicación. El recelo que han manifestado sectores de las derechas respecto de esta iniciativa se explica en parte por el fundado escepticismo que genera el propósito de enfrentar la crisis actual de terrorismo con una apuesta por el diálogo, además del justificado trauma que dejó en la actual oposición el proyecto plurinacional de la fallida Convención y la complicidad de la izquierda hoy gobernante con la violencia en la zona. Pero antes de apresurarse con las críticas, es necesario reparar en el marco en que se inserta esta comisión y su real cometido.

El documento parte por exponer dos hechos de nuestra historia reciente que no pueden omitirse al abordar la cuestión: la Ley Indígena de 1993 y el primer atentado terrorista en 1997 (en Lumaco, con el que inicia el espiral de violencia). Es inevitable reconocer que entre esos años y hoy el actuar del Estado agudizó más que resolvió los problemas existentes. La mencionada ley promueve en la práctica el conflicto sobre las tierras y establece un estatuto de propiedad colectiva que limita el desarrollo tanto de los mapuches como de la región. Además, creó una promesa de entrega de terrenos imposible de cumplir bajo sus propios estándares. Por otro lado, en cuanto a la creciente violencia, el Estado no ha dado el ancho en su tarea básica de proteger a sus miembros.

En este contexto, debemos partir por reconocer que acá es el Estado quien falló, y que la política no puede desentenderse de un problema que ella misma (en parte) provocó. Por cierto, hay elementos del acuerdo discutibles (como los relativos a representación política), pero esto no es vinculante y cada propuesta merece ser analizada en su mérito. La reforma a la Ley Indígena y el proyecto de reparación a víctimas son un primer paso en la dirección correcta; van en línea con las ideas de la derecha orientadas a promover desarrollo para la región y justicia para las víctimas. El terrorismo, por su parte, debe ser enfrentado con toda la fuerza de la ley. Por lo mismo, es un error de republicanos y dirigentes de Chile Vamos desechar a priori las medidas planteadas por la comisión. Asimismo, los dichos de la comisionada y senadora Aravena respecto del matonaje que recibió desde el Partido Republicano por votar a favor del informe sugieren una mirada instrumental del conflicto, probablemente influida por el año electoral.

El conflicto en la Araucanía es complejo y multidimensional, pero la clase política debe partir por enmendar errores cometidos desde la vuelta a la democracia y que le corresponde subsanar. Hacer nada no es opción.